Migraciones impulsa una reforma normativa que allana la regularización de inmigrantes, permite a los estudiantes foráneos trabajar y refuerza la contratación en origen en sectores clave. Se espera que este verano se apruebe la nueva reglamentación —hasta ahora en fase de borrador— pero que contiene cambios en las condiciones del contrato laboral, y solo sería necesario que cumpliese la norma sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para ser válido.
El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que los migrantes que llegan a España en situación irregular tardan, “de facto”, una media de siete años y medio en conseguir un permiso de residencia. Según la ley, los inmigrantes deben presentar un contrato que solo es válido si dura un año y con jornada completa. Ninguna empresa “real” quiere hacer un contrato así y estos acuerdos son ayudas entre conocidos para que la persona afectada pueda presentar una oferta de empleo que, aunque luego no se ejecute, le permita avanzar en el procedimiento.
A esta rigidez en la norma se suma que el contrato de trabajo queda supeditado a que la persona finalice el procedimiento y obtenga la documentación, por lo que la empresa debe esperar que la administración dé el visto bueno a la documentación aportada. Esta parte abre la puerta al segundo gran obstáculo en el camino de la regularización: las demoras en resolver los expedientes. Esta tramitación puede extenderse hasta seis meses en los casos más sencillos y más de un año en los más complejos.
Un arraigo laboral, que es muy sencillo de demostrar porque basta con presentar el contrato exigido, tarda medio año en resolverse, pero un arraigo social —el que se concede a extranjeros que tengan una residencia mínima de tres años y se hallen integrados socialmente— tarda incluso más porque requiere “mayor comprobación”. El recorrido, en su conjunto, no está concebido para facilitar el proceso, sino para dilatarlo. La mala fe se presume, se presume el fraude y los expedientes administrativos son una carrera de obstáculos”.
Alemania. Por su parte el Gobierno alemán impulsa la regularización de más de 100.000 extranjeros sin permiso de residencia y abrirá la puerta a aquellos que lleven cinco años en el país y no hayan delinquido, recibirán un permiso de permanencia provisional de un año en el que deberán cumplir otros requisitos, como la capacidad de mantenerse económicamente y hablar alemán, para optar posteriormente a un permiso de larga duración.
El Gobierno también busca agilizar la integración de jóvenes. Los menores de 27 años podrán, en determinadas circunstancias, solicitar la residencia permanente después de solo tres años de estancia en el país. Además, la reforma de la ley de extranjería intentará hacer de Alemania un destino más atractivo para los migrantes cualificados.
Lo cierto es que a finales del año pasado, la economía alemana calculaba un déficit de mano de obra de 400.000 trabajadores, y desde entonces los cuellos de botella no han hecho más que aumentar. Según estadísticas oficiales, a 31 de diciembre de 2021, había 242.029 extranjeros tolerados en Alemania, 136.605 de ellos desde hace más de cinco años.
‘Nacionalizaciones exprés’ La Federación Española de Baloncesto (FEB), junto al actual Gobierno de España y el Consejo Superior de Deportes (CSD) pasarán a la historia por haberse convertido en los primeros que han concedido la nacionalidad a un extranjero que jamás ha pisado nuestro país de forma permanente: tan solo lo ha hecho, como máximo, durante dos o tres días consecutivos.
Brown ya es español tras publicarse su nacionalización en el Boletín Oficial del Estado, pero solo ha necesitado que el Gobierno le expida una ‘carta de naturaleza’ que permite nacionalizar a cualquier extranjero que sea indispensable para los intereses de España. El base norteamericano debe ser que lo es. El jugador, eso sí, ha tenido que renunciar a su nacionalidad norteamericana, ya que en su caso no se permite mantener la doble nacionalidad.
