El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apura los últimos flecos de la reforma de las pensiones. Un documento imprescindible para que la UE apruebe el desembolso de los fondos en abril.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apura los últimos flecos de la segunda reforma de las pensiones. Un documento que debió ser presentado antes del pasado 31 de diciembre de 2022 ante la Comisión Europea, pero sobre el que todavía no existe un acuerdo formal. A raíz de esta demora, han surgido algunas preguntas como, por ejemplo, si la Unión Europea penalizará a España y le retirará el resto de los fondos Next Generation, pactados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, en el gabinete de José Luis Escrivá no se da mucha importancia a que el plazo prometido a la Comisión se haya superado, pues su prioridad es que «esta segunda parte de la reforma se asiente, como la primera, en un acuerdo con los agentes sociales».
Por ello, el Ministerio sigue negociando con los sindicatos y, sobre todo, con las fuerzas políticas esta segunda reestructuración de las pensiones. Las conversaciones progresan adecuadamente, y, si bien los elementos más gruesos del paquete generan consenso suficiente, hay aspectos adicionales que se están terminando de ajustar. Se trata de un objetivo a cumplir de cara a la revisión de la solicitud para la cuarta partida de los fondos europeos. Ya que, en cuanto al tercer desembolso, España ha sido el primer país en solicitarlo, así como en cumplir 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos) requeridos.
Esta segunda fase de la reforma de las pensiones lo protagonizan, en buena parte, las rentas más altas. Se plantea el aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más a la Seguridad Social, lo que conlleva el aumento progresivo de las pensiones máximas. En estos momentos, la base de cotización máxima se sitúa en los 4.139,40 euros, por lo que todos los que ganen más de esta cifra cotizan por igual a la Seguridad Social. Con la eliminación de este tope de forma gradual, se aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales. Además, aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá.
En concreto, las diferencias entre las partes y el desencuentro lo desencadenó la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados. De entrada, Unidas Podemos se niega a cometer cualquier cambio que conlleve una pérdida del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo. Mientras que por parte de CCOO y UGT tampoco fue bien recibida la sugerencia, dado que entienden que no era una cuestión recogida en el Pacto de Toledo ni goza del suficiente apoyo político para su implementación.
Además, esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima. Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. En su propuesta, el Gobierno planteó vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Los empresarios se oponen radicalmente a más aumentos de costes, pues con el nuevo año entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador.
La estrategia de Escrivá es negociar a dos bandas
Por un lado, en el plano político, donde debe convencer a Unidas Podemos y el resto de partidos que le han apoyado durante la legislatura de la ampliación del periodo de cómputo y, por otro, con los sindicatos, ya que el diálogo con la patronal se ha dado por muerto. Según los cálculos del ministro José Luis Escrivá, la reforma, según está planteada y sumándose a las medidas que ya han visto la luz, servirá para acabar con el déficit de la Seguridad Social, aunque distintos economistas advierten de que será insuficiente para cerrar el agujero.
Esta segunda parte de la reforma se articula en dos ejes: por un lado, la subida de las bases máximas de cotización entre 2025 y 2050 para garantizar ingresos adicionales -algo a lo que se opone la CEOE, de ahí que no vaya a estar en al acuerdo- y, por otro, en la extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión pública de 25 a 30 años descartando los dos peores y que el Ministerio defiende que el impacto de esta medida en la sostenibilidad del sistema es neutro, es decir, apenas aportará ingresos adicionales pero sí repartirá de forma distinta los recursos: a algunos futuros pensionistas les beneficiará y a otros les perjudicará, de ahí que los sindicatos y el resto de partidos se opongan a aplicarla, al entender que es un «recorte de derechos», en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El objetivo es, en cualquier caso, no renunciar a esta medida así que parece factible que la ampliación sea distinta, quizá a menos años o que se dé la opción de descartar mayor número de ejercicios.
Lo que está claro es que cuando se anuncie el acuerdo, estará lo suficientemente amarrado en todos los frentes como para asegurar que la reforma verá la luz sin complicaciones en el Parlamento, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma laboral.
El ministro Escrivá está seguro de que la reforma convencerá a la Comisión Europea, que evaluará que sea suficiente para garantizar que el sistema público de pensiones es sostenible a medio y largo plazo, sin embargo distintas voces del mundo académico dudan abiertamente de que lo sea.
las cifras que manejan en el Ministerio son optimistas, ya que calculan que el aumento de las bases máximas generará unos ingresos cuatro veces superiores, de entorno a 0,7 puntos de PIB. Eso, unido a los ingresos adicionales por la reforma del régimen de autónomos ya aprobada (de entorno a 0,8 puntos), la decisión voluntaria de la población de posponer su jubilación -gracias a los incentivos y penalizaciones aprobadas-, al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que incrementa los costes laborales de trabajadores y empresas ya desde este enero) y a lo que ahorrará la Seguridad Social al no haber paguilla a los pensionistas, será suficiente para asumir el incremento del gasto.
Una vez aprobada esta segunda parte, la Comisión Europea analizará si las medidas implementadas hasta la fecha son suficientes para garantizar que el sistema sea sostenible.
