El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que el anteproyecto de ley para la creación de los fondos de pensiones de empleo volverá al Consejo de Ministros del próximo martes, 22 de febrero, si bien, el orden del día final tendrá aún que confirmarse definitivamente, según matizan fuentes de la Administración.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura el 23 de noviembre de 2021 y volverá ahora con «observaciones que han mejorado mucho la norma», aunque sin el visto bueno de los agentes sociales.
El texto verá luz verde en el mes de febrero definitivamente, lo que significa un retraso sobre el calendario marcado por el propio Gobierno para la aprobación de la medida. Que debería de haber pasado el trámite del Consejo de Ministros en enero, para iniciar los trabajos que aún quedarán pendientes una vez que se apruebe el texto legal, como la puesta en marcha de los concursos públicos para las concesiones de las entidades despositarias y gestoras de los futuros ahorros depositados en los fondos de promoción pública.
Todo ello se producirá con el telón de fondo de un examen por parte de Bruselas que llegará en junio, y cuando pasará revista a los hitos que nuestro país deberá cumplir en los próximos meses para poder acceder al tramo de 6.000 millones de euros de los fondos Next Generation para la reconstrucción. El Gobierno asume así la estrechez de los plazos para lanzar la medida a trámite legislativo y, en este punto, cede en la consecución de un acuerdo mayor para al menos cumplir con Bruselas en el calendario de reformas comprometido.
El anteproyecto que llevará Escrivá establece la creación de un fondo de pensiones de empleo (aquellos que se hacen de manera colectiva en el seno de las empresas), que tendrá promoción pública pero será gestionado por el sector privado. A este fondo podrán adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación, incluyendo una nueva figura: los planes simplificados. Todos los trabajadores del sector público y privado, pero especialmente empleados de pymes y trabajadores autónomos podrán participar de estos planes adscritos al fondo.
Al igual que la reforma laboral, la aprobación de este fondo forma parte de uno de los hitos comprometidos por el Gobierno con Bruselas y que debe aprobarse antes del 30 de junio. Aunque, dado que no llegará al Parlamento con el respaldo social, el Ejecutivo deberá emplearse a fondo para lograr su aprobación en el actual tablero político.
El apoyo sindical y patronal no ha sido posible a pesar de que el equipo de Escrivá ha incluido en el último texto modificaciones aportadas en la negociación con empresarios, sindicatos y otros agentes del sector financiero.
Pese a los esfuerzos del Ministerio capitaneado por Escrivá para aunar consensos de los agentes sociales sobre la medida, introduciendo concesiones al sector privado como la posibilidad de desgravar parte de las aportaciones del empresario a favor del trabajador en la base de cotización del mismo, o modificando los estatutos de gobernanza dejando más espacio de decisión a los empresarios y sindicatos en los organismos de control, además de la eliminación de las comisiones máximas de gestión, al menos desde la parte de los empresarios ya han expresado el rechazo de pleno a la medida.
Desde CEOE apuntan que de aprobarse este instrumento en los términos establecidos en los últimos borradores trasladados a los agentes sociales, la patronal de los empresarios más allá de rechazar el texto, llevará el mismo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar una operación de «nacionalización» del sector privado de los planes de pensiones, arrogando una labor duplicada a la Seguridad Social, que ya está encargada de la protección en la jubilación a través del pago de pensiones por el pago de cotizaciones. También los sindicatos han mostrado su recelo sobre la medida por la falta de incentivos para el trabajador, que «podría dejar vacío de aportaciones el fondo», tal y como apuntaba el secretario confederal de Seguridad. Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, tras darse a conocer hace dos meses el armazón legal del fondo público de pensiones.
Entre estos cambios hay varios orientados a responder a las demandas empresariales que, sin embargo, no parecen suficientes para que la patronal vaya a respaldar plenamente este proyecto. Entre estas novedades, Escrivá ha decidido que una parte de las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones del fondo de promoción pública quede excluida de la base de cotización de los trabajadores, lo que no aumentaría dicha base y, por tanto, no encarecería la cuota resultante que debe pagar el empresario.
Si bien, la propuesta del último borrador discutido limita esa exclusión de la base de cotización a unos 78 euros al mes, según la disposición final cuarta de este borrador, donde se indica que quedan fuera de las bases de cotización “las contribuciones empresariales satisfechas a los planes de pensiones de empleo […], hasta el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.
El texto que vaya al Parlamento recoge también medidas dirigidas a los trabajadores. Aquellos que ganen menos de 60.000 euros (de la misma empresa que hace las aportaciones) podrán superar lo que aporte el empresario. No obstante, tanto los empresarios como los representantes sindicales echan de menos algún tipo de incentivo fiscal para los empleados, sobre todo después de las últimas rebajas de las deducciones para estos productos de ahorro individuales
La norma también da respuesta a varias demandas del sector de los fondos y planes de pensiones. La primera de ellas consiste en haber eliminado del texto el límite máximo que podrán tener las comisiones de gestión, que llegó a ser inferior al 0,4%, una cuantía que las gestoras consideraron inasumible.
Igualmente, el texto final elimina requisito mínimo de patrimonio para que una entidad pueda optar a encargarse de administrar el dinero de los nuevos fondos de pensiones. En los primeros borradores las entidades interesadas debían acreditar que manejan al menos 1.000 millones en productos para la jubilación (como planes de pensiones, o planes de pensiones asegurados). Pero ante las quejas de las gestoras, la última redacción no recoge ninguna referencia al tamaño.
- Dudas. La creación de este fondo está dirigido principalmente a tres colectivos diana: los empleados públicos de todas las administraciones; los autónomos; y los trabajadores, fundamentalmente de pymes, a través de la negociación colectiva. Sin embargo, ninguno de ellos parece especialmente satisfecho con el diseño de la norma por parte del Gobierno. Esto genera dudas sobre el objetivo manifestado por el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien auguró que llegaría a 10 millones de partícipes (la mitad de los ocupados) en diez años.
- Críticas. Así, fuentes sindicales y empresariales desconfían de que el fondo vaya a lograr sus objetivos. Y ambos coinciden en criticar el diseño de la gobernanza y su implantación a través de la negociación colectiva, que no tiene incentivos propios para recurrir a este fondo.
Fuentes: 5 días y El Economista
