Que las pensiones públicas en España están en peligro es algo que todos sabemos. El sistema es cada vez más insostenible por la inversión de la pirámide poblacional y la incapacidad del Estado para solucionar el problema intentando equilibrar ingresos y gastos.
La Seguridad Social empeora en el primer año de la reforma de las pensiones: el déficit asciende a 8.200 millones en 2023
El desequilibrio aumenta en 2.315 millones por el mayor crecimiento de los gastos, especialmente por la revalorización de las pensiones con el IPC. El Gobierno pretende alcanzar equilibrio presupuestario en 2026, pero Bruselas y la AIReF certificarán antes si España tiene que hacer ajustes en las pensiones
La Seguridad Social acumula déficits desde el año 2010 y el compromiso del Gobierno es alcanzar el equilibrio en 2026. No obstante, por el momento lo que ha habido es un aumento del desequilibrio entre 2022 y 2023 y es ligeramente superior al previsto. Según los datos de avance de la ejecución presupuestaria presentados este jueves por el Ministerio de Hacienda, el déficit del subsector de la Seguridad Social ha ascendido hasta los 8.211 millones, el 0,56% del PIB. Esto supone 2.315 millones más que el año anterior (que cerró con un déficit del 0,44%) y una desviación del objetivo de unas centésimas respecto a lo comprometido con Bruselas en el Plan Presupuestario.
El desequilibrio ha aumentado porque los gastos han crecido más que los ingresos. Los primeros han aumentado un 9,3% (19.371 millones) y los segundos un 10,1% (21.686 millones). En total, los gastos de la Seguridad Social ascendieron en 2023 a 236.131 millones, mientras que los ingresos solo llegaron hasta los 227.920. Que el déficit de la Seguridad Social haya aumentado en el primer año de aplicación plena de la reforma de las pensiones resulta paradójico, ya que busca dar más sostenibilidad al sistema, pero son varios los motivos que explican el deterioro.
Según señala Hacienda, el aumento del gasto se debe a “numerosas disposiciones”. La más importante es la revalorización del 8,5% de las pensiones contributivas, consecuencia de la elevada inflación del año anterior y en cumplimiento de la indexación con el IPC que establece la última reforma de las pensiones. A esto se suma la revalorización del 15% de las prestaciones no contributivas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que se hizo para “no dejar a nadie atrás”, recuerda el ministerio. Solo el pago del conjunto de prestaciones sociales ascendió al 15% del PIB en 2023, dos décimas más que en 2022.
Por el lado de los ingresos también ha habido un notable crecimiento. Las cotizaciones sociales han aumentado un 9,9% y suponen el 12,77% del PIB. Esto se debe tanto a la mejora del empleo, con récord de personas trabajando desde 2008, y a salarios más elevados, pero también a la elevación de las bases máximas de cotización y a la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), herramientas contempladas en la reforma de las pensiones para aumentar los ingresos del sistema.
Más allá de los ingresos derivados del propio funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, en 2023 ha habido transferencias del Estado para que se puedan pagar las pensiones, como en años anteriores, pero que no han logrado aliviar el déficit. El Estado ha tenido que aportar 39.398 millones en 2023, el 17,3% de los ingresos, para cubrir gastos. Según los Presupuestos, unos 19.888 millones de ese total son transferencias para cubrir los conocidos como gastos impropios (complementos de pensiones, entre otros) y otros 18.834 restantes son transferencias finalistas para pagar pensiones no contributivas y el IMV.
Estas transferencias constituyen en última instancia una financiación mediante impuestos muy discutida, ya que algunos economistas y centros de estudios (Funcas y Fedea) consideran que parte de los conceptos incluidos en gastos impropios no son tales.
Por otra parte, también ha habido un nuevo préstamo para cubrir el déficit por importe de 10.000 millones de euros y sin intereses. Esto ha provocado que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ascienda a 116.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Teniendo en cuenta que el sistema de la Seguridad Social es deficitario, Fedea ha criticado que se destinen los ingresos del MEI a llenar de nuevo la hucha de las pensiones (Fondo de Reserva). “No hay un excedente real que se pueda ingresar en el Fondo de Reserva. De hecho, lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo”, señala en el documento Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada.
Según los datos aportados por la ministra Elma Saiz durante su comparecencia en el Congreso en enero, el Fondo de Reserva acumula ya unos 5.500 milllones de euros. Este sistema está pensado para que sirva de apoyo a la Seguridad Social en momentos de tensión y está previsto que alcance los 9.000 millones en 2024 y los 25.000 millones al final de la legislatura. El fondo llegó a un máximo de 66.815 millones en 2011 y cayó a su mínimo en 2020, con 2.138 millones.
La previsión del Gobierno según la senda de estabilidad que presentó el pasado mes de diciembre es que la Seguridad Social reduzca notablemente el déficit, pasando a un 0,2% en 2024, a un 0,1% en 2025 y al equilibrio en 2026. Este ajuste se tendrá que llevar a cabo en un contexto en el que se prevé que los ingresos por cotizaciones sociales aumenten menos que en los dos años anteriores, aunque las pensiones también se han revalorizado en 2024 una cuantía muy inferior a la de 2023, un 3,8% las contributivas y un 6,9% las no contributivas.
Al final, el informe que publicará la Comisión Europea esta primavera sobre envejecimiento será el que realmente determine si España tiene un desvío preocupante en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aunque no es vinculante en sí mismo, la AIReF usará esos datos para calcular en 2025 si España tiene un exceso de gasto en pensiones y activar en ese caso las vías de ajuste previstas en la reforma.
Hasta el Defensor del Pueblo avisa de que el sistema de pensiones “se enfrenta a importantes retos en los próximos años”
El Defensor del Pueblo continuó recibiendo en 2023 la “inquietud” de los ciudadanos por el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo que advierte de que “se enfrenta a importantes retos en los próximos años”, debido a la evolución demográfica y del mercado laboral. Así lo recoge el informe anual de 2023 del Defensor del Pueblo publicado este viernes, que cita como principales desafíos la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el desequilibrio entre el número de pensionistas y trabajadores en activo, entre otros.
En este sentido, la institución dirigida por Ángel Gabilondo recuerda que se ha dado traslado al Congreso de los Diputados de la petición de algunos movimientos sociales para que se blinde el poder adquisitivo de las pensiones en la Constitución.
En materia de pensiones, el Defensor explica también que está recibiendo desde hace años “continuas reivindicaciones” de solicitantes de jubilación anticipada, que expresan su deseo de que se supriman tales coeficientes en supuestos de carreras de cotización de cuarenta o más años, al entender que con sus aportaciones han cumplido “sobradamente” con las obligaciones de sostenimiento del sistema de financiación.
El Defensor reconoce que la Ley General de la Seguridad Social sí que permite que la edad ordinaria de jubilación pueda ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, sin aplicación de los coeficientes reductores en la cuantía de la pensión. Pero a lo largo de 2023 el Defensor recibió quejas del sector de trabajadores de instituciones sanitarias y sociosanitarias y del sector de seguridad privada. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social negocia en la actualidad con sindicatos y patronal una reforma de la jubilación anticipada en actividades penosas y peligrosas.
Por otro lado, el Defensor alerta de los “retrasos” que sufren algunos ciudadanos a la hora de tramitar algunas prestaciones con la Seguridad Social, como en situaciones de contingencias o la tramitación de solicitudes de pensión de jubilación o de viudedad cuando es preciso contar con los períodos cotizados en otros países.
En este segundo caso, según el Defensor, el retraso puede llegar a superar los dos años, con el “importante perjuicio económico” para los interesados que, entre tanto, pueden necesitar recurrir a otras ayudas o prestaciones asistenciales. En la mayoría de las quejas tramitadas por este problema, el retraso se sitúa en una Administración extranjera de Seguridad Social.
En 2023, el Defensor del Pueblo recibió también un número destacado de quejas de personas que perciben una pensión extranjera residiendo en España, en la mayoría de los casos de Francia, y que veían suspendido de forma no prevista el pago de su prestación. Alegaban haber cumplido con el requisito de remitir una fe de vida, pero la pensión no se reactivaba.
En la misma línea, los principales motivos de queja recibidas por el Defensor del Pueblo en materia de pensiones no contributivas (PNC) de invalidez y jubilación han sido las demoras en su tramitación y los criterios aplicados para determinar los ingresos computables al calcular el límite de acumulación de recursos.
Aunque el plazo de resolución y notificación previsto en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, es de 90 días, se ha constatado la existencia de demoras de hasta 10 meses en Canarias; ocho meses en la Comunidad Valenciana; 14 en algunas provincias de Andalucía como Cádiz o Málaga, así como 12 meses en Sevilla. En Cataluña se han llegado a contabilizar 10 meses en Figueres y 19 meses en Barcelona.
Planes de pensiones empleo: una apuesta por el bienestar financiero de las empresas y sus empleados
En España, sólo el 10% de los trabajadores disponen de un plan de pensiones de empleo pese a que es el beneficio social más valorado por los empleados después del seguro médico. Con ventajas de ahorro y desgravación fiscal para empleados, empresas y autónomos, este instrumento adquiere un papel cada vez más relevante en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
El principio de reparto actual del sistema de pensiones, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados, se enfrenta a desafíos como el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad que cuestionan la suficiencia de las prestaciones. En este contexto, los planes de pensiones de empleo (PPE) emergen como un complemento esencial para mantener el nivel de vida durante la jubilación. Todo apunta a que en el futuro el importe de la pensión pública de jubilación va a ser de menor importe que las pensiones actuales y ahora cobra especial relevancia contar con un producto de ahorro a largo plazo que complemente la pensión futura
Bien es cierto que el índice de implantación de los planes de pensiones de empleo en España es bastante más bajo que el de otros países europeos y es que el desconocimiento juega un papel crucial. Según el VII estudio sobre la situación de las pensiones en España de KPMG, el 82% de los participantes considera que no hay suficiente información sobre el estado de las pensiones. De acuerdo con ese estudio, el plan de empleo es el beneficio social más valorado tras el seguro médico. Sin embargo, según datos de Inverco, actualmente apenas el 1% de las empresas españolas promueven planes de pensiones para sus empleados y sólo el 10% de los trabajadores disponen de este instrumento de ahorro para la jubilación.
Aun así, se perfilan como una herramienta estratégica para el bienestar financiero de las empresas y sus empleados, complementando la pensión pública y garantizando un futuro económico más estable. De hecho, la Ley 12/2022, de Impulso de planes de pensiones de empleo, pretende acercarnos al resto de países europeos y conseguir que en 2030 los planes de empleo se extiendan, al menos, al 50% de trabajadores.
Ventajas para las empresas
En primer lugar, las aportaciones realizadas por la empresa al plan son consideradas gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio económico en el que se efectúan. Además, la adhesión a estos planes otorga una reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que los primeros 128,86 euros de cada aportación mensual por trabajador no están sujetas a esta cotización. Asimismo, la empresa puede obtener una deducción del 10% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por las contribuciones empresariales a planes de empleo a trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros y proporcional en caso de retribuciones superiores, lo que constituye un estímulo adicional para promover la adopción de estos planes.
Estas medidas pueden ser un instrumento de política retributiva, las aportaciones a estos planes se presentan como una alternativa a los incrementos salariales tradicionales, permitiendo a las empresas ser más flexibles en su enfoque de compensación.
Ventajas para los trabajadores
Una de las ventajas para el trabajador es la mejora salarial sin que repercuta en el IRPF. Este salario diferido no tributa hasta el momento de cobro; es decir, cuando se jubile o perciba la prestación por motivos específicos como fallecimiento, incapacidad, desempleo de larga duración, enfermedad grave o dependencia. Asimismo, las contribuciones realizadas por la empresa al plan de pensiones cotizan a la Seguridad Social, contribuyendo así al fortalecimiento de la cobertura social para los trabajadores. Esta dualidad de aportaciones, tanto privadas como públicas, establece una doble vía de ahorro para el empleado.
Ventajas para autónomos
Desde el año pasado los trabajadores autónomos pueden adherirse a planes de pensiones de empleo simplificados de autónomos, con los que maximizar su ahorro para la jubilación y su desgravación fiscal. En su caso, al límite general anual de 1.500 euros de aportaciones a planes de pensiones individuales se suma un incremento adicional de 4.250 euros
Las aportaciones voluntarias, únicas o periódicas, que realizan los autónomos reducen su base imponible del IRPF y les permite desgravarse hasta esos 5.750 euros o el 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo y las actividades económicas.
Desmontando mitos sobre los planes de empleo
A pesar de todas las ventajas ya descritas, es normal que puedan surgir dudas y sea necesario desmontar algunos de los mitos más comunes asociados a los planes de pensiones de empleo para comprender plenamente sus beneficios.
Como empleadores, uno de los malentendidos más frecuentes es considerar este producto como poco atractivo debido al impacto fiscal que supone en el momento del cobro. Sin embargo, es esencial destacar que los empleados pueden elegir la forma de recibir sus fondos, ya sea en forma de renta periódica o en una sola vez, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a sus necesidades y circunstancias particulares.
Desmitificar los planes de pensiones de empleo desde la perspectiva del trabajador implica abordar otras cuestiones. Por ejemplo, ante el sesgo del presente, que lleva a preferir ingresos inmediatos en lugar de ahorrar para el futuro, merece la pena preguntarse si la pensión pública podrá cubrir las necesidades durante la jubilación. Otra cuestión habitual es qué ocurre con ese plan en el caso del cese de relación con la empresa, cuyo traspaso o permanencia del plan sería decisión del extrabajador salvo que las condiciones del plan contemplen lo contrario.
En definitiva, los planes de pensiones de empleo (PPE) son una herramienta que favorece el ahorro tanto de empresas como de trabajadores y autónomos en un contexto actual de incertidumbre para el sistema público de pensiones en España. Ibercaja, especialista en el mundo del ahorro y comprometida con brindar soluciones adaptadas a cada necesidad, se posiciona como un aliado clave para empresas y trabajadores en la toma de decisiones importantes sobre su jubilación.
