EL VÉRTIGO DEL GOBIERNO ANTE LOS ESCOLLOS PARA LA APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO DEL PRIMER BLOQUE DE LA REFORMA ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES

El ministro Escrivá maniobra para facilitar el trámite parlamentario de la reforma de pensiones y pide ayuda a UGT y CCOO para sacarla adelante

 

Desde el Gobierno se entiende que no tiene que haber mayor problema en la aprobación del primer bloque de la reforma Escrivá de las pensiones dado que, desde su punto de vista, se asienta sobre las bases marcadas por el Pacto de Toledo. Sin embargo, socios fundamentales para que el Gobierno saque adelante la reforma, como es el caso de ERC, ya han avanzado que no respaldarán el proyecto de ley si se mantiene bajo las mismas coordenadas que se han pactado con los agentes sociales, ya que entienden que suponen una pérdida de derechos para los trabajadores. Otros socios del denominado ‘bloque de investidura’ como el PNV o Bildu también han manifestado sus reticencias hacia determinados aspectos del proyecto.

 

Incluso, el otro alma del Gobierno, Unidas Podemos, hizo causa de la lucha por una reparación económica de los alrededor de medio millón de jubilados anticipadamente por su expulsión del mercado laboral que han sufrido recortes vitalicios de hasta el 40% en su pensión

 

José Luis Escrivá, ha pedido ayuda a los firmantes del acuerdo y en particular a los sindicatos UGT y CCOO para defender ante los grupos políticos el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social y facilitar en la medida de lo posible una tramitación en el Congreso que se augura compleja. Ante esa petición los sindicatos han programado una ronda de encuentros con las diferentes fuerzas parlamentarias, aprovechando el trámite de enmiendas a la norma aunque los sindicatos han recordado al Gobierno que todavía queda pendiente la mejora de las pensiones mínimas, la subida de las bases máximas de cotización para garantizar recursos que hagan sostenible al sistema y, fundamentalmente, la configuración del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que asoma como la gran reforma pendiente de este primer bloque de la reforma Escrivá del sistema de pensiones.

 

Existen al menos dos grandes objeciones por parte de los grupos parlamentarios.

 

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El MEI, sustituto del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) de la reforma del PP de 2013 y que se pretende derogar por el Anteproyecto sin haber llegado incluso a aplicarse nunca, debe acordarse con los agentes sociales antes del 15 de noviembre (y en caso de no llegar a un acuerdo se redactará unilateralmente por el Gobierno) y se incluiría como Disposición Adicional al texto ya remitido al Parlamento.

Los parlamentarios argumentan que no sólo se les esté hurtando el derecho a pronunciarse sobre él sino que se les está impidiendo ‘de facto’ contribuir en su configuración. Las “quejas” sobre este proceder del Gobierno no solo alcanzan a la oposición sino a los propios socios potenciales del Gobierno a los que les molesta que se pretenda reducir el papel del legislativo al de meros fedatarios de un acuerdo social. Parte de los “enredos” que están haciendo los sindicatos es, precisamente, tratan de disipar estos temores.

 

Las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización

El otro gran foco de conflicto es la situación de los jubilados anticipados con más de 40 años cotizados a los que se aplicaron coeficientes reductores vitalicios en su pensión por anticiparla. Unidas Podemos, e incluso la propia , se implicaron de forma explícita en la defensa de los derechos de este colectivo, que han sido ignoradas por el Gobierno.

La Seguridad Social, a espaldas de los sindicatos por cierto, ha liquidado el asunto con la propuesta de un suplemento salarial de entre 5 y 82 euros al mes según su situación para las personas jubiladas antes de la edad legal de retiro que vieran reducida su pensión como consecuencia de la aplicación de los coeficientes reductores y siempre que acrediten más de 44 años y medio cotizados.

El enfoque del Ministerio reduce como mínimo a una tercera parte el universo de potenciales beneficiarios y rechaza compensar toda la reducción sufrida en la prestación, como planteaba el colectivo, reduciendo dicha compensación a la diferencia entre los coeficientes reductores que se les aplicaron en su día y los nuevos que entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero, siempre que el Parlamento ratifica la reforma del Gobierno.

La medida ha llegado a calificar como un ‘insulto’, y no ha contentado ni a los sindicatos mayoritarios ni a los partidos que más se significaron en la defensa de los derechos del colectivo. Según Escriva atender a esas reivindicaciones tendría un coste de 2.741 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social y la medida propuesta  por el Gobierno costará algo más de 45 millones de euros.

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