La pregunta es si se está dispuesto a reformar de raíz un sistema que se ha demostrado vulnerable frente al poder absoluto de un presidente sin escrúpulos
Pedro Sánchez está cercado por la corrupción. La de su partido, la de sus socios, la de su entorno familiar más próximo. Algo que, en cualquier democracia sana, habría provocado su dimisión o, al menos, una convocatoria anticipada de elecciones. Pero Sánchez no dimite. Se aferra al poder con la frialdad del que sabe que la aritmética parlamentaria le proporciona impunidad.
No lo sostiene una ciudadanía entusiasta ni un balance de gestión ejemplar, sino una aritmética tan precaria como disciplinada: una alianza de secesionistas e intereses particulares que no comparten una visión de país, sino un interés: conservar e incrementar su cuota de poder.
Sin embargo, el sostenimiento del Gobierno se encuentra dentro del marco legal. Así pues, lo que debería alarmarnos es que nuestro sistema institucional no haya previsto ningún mecanismo eficaz para contenerla. ¿Cómo es posible que la estabilidad de todo un país dependa, en última instancia, de la buena o mala voluntad del gobernante de turno?
Una de las grandes fallas de nuestro sistema es la ausencia de representación directa del elector. A diferencia de modelos como el británico o el estadounidense, en España los diputados no tienen una circunscripción propia a la que rendir cuentas. No responden ante ciudadanos concretos, sino ante el jefe del partido que los ha colocado en una lista cerrada y bloqueada.
En los sistemas de listas cerradas los electores no eligimos representantes, ratificamos listas confeccionadas por el líder del partido. Esta falla del sistema español tiene consecuencias devastadoras. Esto lo dice hasta el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma electoral de 2007: «La actual configuración del sistema reduce la capacidad del elector para elegir y castigar, y debilita la conexión entre representantes y representados». Ocho años después, seguimos igual.
España no es un sistema presidencialista en teoría, pero en la práctica el poder se concentra como si lo fuera. Es un sistema cesarista. El presidente del Gobierno controla el Consejo de Ministros, el Congreso (gracias a la disciplina de voto), la Fiscalía General del Estado (nombrada directamente por el Ejecutivo), el Tribunal Constitucional (a través de nombramientos pactados) y los órganos reguladores y de control. No hay una separación de poderes cabal, sino una dependencia del Legislativo respecto del Ejecutivo que se ha agravado con el tiempo, hasta reducir el Congreso a un eco parlamentario de La Moncloa.
Esta deriva ha alcanzado la apoteosis con Sánchez, pero no comenzó con él. El problema es estructural, y por eso no basta con esperar a que llegue alguien con mejor voluntad.
El desafío no es sólo desalojar al sanchismo, sino asegurar que nunca más pueda reproducirse.
