Un paso crucial para la jubilación anticipada: JUCIL busca extender a la Benemérita el derecho ya reconocido a la Policía Nacional de la Seguridad Social.
JUCIL lleva la batalla por el reconocimiento de coeficientes reductores al Alto Tribunal, mientras denuncia la inacción del Ministerio y la Dirección General.
Madrid, 6 de octubre de 2025. JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil y con mayor representatividad en su Consejo, celebra la reciente admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de su solicitud de extensión de efectos de la sentencia que previamente reconoció la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social.
Este movimiento jurídico representa un paso fundamental en la estrategia de JUCIL para conseguir el pleno reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Esto implicaría la aplicación de coeficientes reductores que permitan una posible jubilación anticipada no penalizada, un derecho largamente demandado por el colectivo.
Asimismo, la organización subraya que esta acción se emprende ante la falta de voluntad política real y efectiva para abordar la declaración de la Guardia Civil como profesión de riesgo.
“El Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno solo establece los cauces para una posible declaración, pero no garantiza en modo alguno que se vaya a iniciar ni a estimar. Ante la inacción y los gestos vacíos, desde JUCIL hemos decidido seguir el único camino que, a día de hoy, ofrece una garantía de éxito: la acción jurídica”, señalan desde la asociación.
El objetivo principal de esta extensión de sentencia es lograr para la Guardia Civil aquello que ya se consiguió para el personal de Seguridad Social de la Policía Nacional.
La admisión a trámite de la solicitud de extensión es el primer eje de la estrategia legal de JUCIL. En caso de no producirse dicha extensión, la asociación mantiene vigentes las acciones legales ya iniciadas que culminarán en el propio Tribunal Supremo, con la convicción de obtener un fallo estimatorio.
Paralelamente, la asociación está llevando a cabo acciones destinadas a que tanto Guardias Civiles como Policías Nacionales que se encuentran bajo el régimen de Clases Pasivas obtengan también dicho reconocimiento y sus correspondientes coeficientes reductores.
JUCIL insiste en que, a pesar del apoyo manifestado por diversos grupos parlamentarios, este no se ha traducido en una propuesta formal de modificación legal y posterior aprobación, como sí ocurrió con otros cuerpos como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral.
“Ahora mismo, no hay voluntad política real ni en la Dirección General, ni en el Ministerio, ni en el Gobierno para aprobar un Real Decreto que nos lo reconozca. Es hora de esperar y confiar en la Justicia para conseguir lo que por derecho corresponde a la Guardia Civil”, concluye la asociación, que sigue batallando por lograr no sólo el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo, sino la equiparación salarial con las policías autonómicas, derecho del que se constituyeron en abanderados desde su nacimiento hace ocho años.
