El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido este jueves 1 de diciembre en la mesa de diálogo social sobre pensiones su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los 2 peores años de cotización. Según fuentes ministeriales durante la reunión con los agentes sociales, se les ha detallado algunas cifras del impacto que tendría la propuesta del Gobierno para calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Según fuentes del Ministerio “así se protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales”, lo que cada vez se da con mayor frecuencia. Durante la reunión el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el próximo 12 de diciembre.
La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes 28 de noviembre a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.
Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima “hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%”. Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).
Los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo de la pensión alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. Con lo que sí están conformes es con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad. De hecho, los máximos líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez se apresuraron ayer a negar rotundamente que vayan siquiera a sentarse a negociar esta propuesta con el Gobierno si antes no existen garantías de acuerdo político que permita aprobar esta propuesta en el parlamento. Y algo parecido indicaron desde el flanco empresarial a pesar de que la patronal nunca ha visto con malos ojos la ampliación del periodo de cómputo de la pensión, una propuesta que llegó a presentar uno de los últimos gobiernos del PP.
Así, Sordo aseguró ayer que su sindicato “no está por la labor” de hablar de esta medida si no existe antes un consenso político suficiente. “No la vamos ni a negociar si no hay previamente un consenso político sobre lo que se quiere hacer”, dijo el líder de CC OO que, acto seguido, aseguró que en la actualidad no hay una mayoría parlamentaria suficiente para que esta propuesta pueda salir adelante en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el secretario general de UGT reconoció que la posibilidad de llegar a un acuerdo en esta segunda fase de la reforma de las pensiones “tiene más dificultades” que la primera fase. Así, mostró la “profunda decepción y desacuerdo” de UGT con la propuesta del Ejecutivo conocida el lunes. “El Ejecutivo está empeñado en aumentar los años para calcular las pensiones y no nos parece que esa sea la solución”. Por el contrario, Álvarez criticó que la propuesta gubernamental “no recoge las reivindicaciones sindicales, por ejemplo, para premiar las carreras largas de cotización”.
Por su parte, los empresarios, siempre han considerado que la fórmula de cálculo de la pensión debe evolucionar a tener en cuenta toda la carrera laboral. Si bien, la vicesecretaria ejecutiva de la asociación de autónomos ATA (una de las principales organizaciones de CEOE), Celia Ferrero, consideró ayer que pese a la ampliación beneficiaría a los expulsados del mercado laboral en sus últimos años de carrera profesional, “hay un problema de forma”, ya que la propuesta de ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora no está dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Este mismo argumento es otro de los usados por el sindicato CC OO para exigir también un acuerdo político previo antes de sentarse siquiera a negociar. En definitiva, los interlocutores sociales no quieren que pueda ocurrir lo mismo que con sido por la equivocación de un diputado del PP pese a haber sido fruto de un acuerdo social la reforma laboral, que habría sido rechazada en el Congreso de no haber.
CCOO y UGT puentean a Escrivá y negocian con ERC, Bildu y Podemos una reforma de las pensiones a medida en la que se excluye la subida del cómputo a 30 años y se busca elevar el alza de bases máximas más de lo que quiere el Gobierno. Desde hace meses, los sindicatos ya venían advirtiendo de que a esta medida, que ha comprometido el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación, no es que le pongan “una línea roja, sino 10 líneas rojas”. Exactamente la posición de Podemos, que comparten ERC y Bildu.
El ministro también ha tenido desavenencias con los grupos parlamentarios, incluidos los socios del Gobierno, por llevar reformas sin negociar con el Parlamento para que se aprueben en 48 horas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hace un año. Ahora, al haber convocado tarde a la mesa del diálogo social para los flecos que quedan, ha alentado que los sindicatos negocien con los Grupos Parlamentarios.
Los sindicatos quieren evitar lo que ocurrió con la reforma laboral, que se aprobó por un voto por el error de un diputado del PP y con el rechazo de ERC, PNV y Bildu.
Las fuentes sindicales insisten en que los contratos de relevo no van a ser una moneda de cambio. El contrato de relevo es una figura contractual que permite la sustitución de un trabajador que accede a la jubilación parcial. Se celebran simultáneamente dos contratos, uno para reducción de la jornada de la persona que se jubila parcialmente y otro con la persona que viene a sustituir al que se jubila en la parte de jornada que se reduce.
En esta negociación entre sindicatos y grupos parlamentarios, CEOE queda de nuevo fuera. Antes de reanudar la mesa de negociación este lunes, Inclusión venía manteniendo reuniones informales bilaterales con los sindicatos a espaldas de la patronal. Escrivá también quiere extender el MEI hasta 2050 para recaudar 70.000 millones más, como exige Bruselas, una iniciativa que los sindicatos ven con buenos ojos y que las empresas rechazan.
La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. “Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer”, ha apuntado.
Por su lado, la vicesecretaria ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, considera que, aunque el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse a toda la carrera laboral, la propuesta del Gobierno de extender el periodo de cálculo a 30 años no se encuentra dentro del Pacto de Toledo y debe contar con consenso dentro del propio Gobierno, donde ya ha habido discrepancias al respecto, y también dentro del Congreso.
Lo cierto es que a finales de 2020 el ministro Escrivá difundió entre los ministerios económicos un documento pactado con Bruselas para elevar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años, lo que supondría recortar las nuevas pensiones un 6%. Esto levantó ampollas en el Gobierno con Unidas Podemos y con los sindicatos. Finalmente, en el documento enviado a Bruselas el compromiso rebajó su concreción, pero siguió recogiendo que España ampliaría este periodo. Escrivá negó hasta la saciedad que esta propuesta hubiera existido. Pero ayer su secretario de Estado de Seguridad Social Borja Suárez, reconoció ayer 30 de noviembre que la propuesta “no está sacada de la manga” sino que es un compromiso adquirido con Bruselas en el plan de recuperación
Interesará: La reforma de las pensiones tropieza con el periodo para calcular la jubilación
https://www.eldiario.es/economia/reforma-pensiones-tropieza-periodo-calcular-jubilacion_1_9765515.html