El Ministerio plantea que las bases máximas de cotización suban 10 veces más que las pensiones más altas. El Gobierno se comprometió con Bruselas a “no alterar la naturaleza contributiva del sistema”.
Las bases máximas de cotización, es decir, las aportaciones de los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social, van a subir diez veces más que lo que se van a incrementar las pensiones máximas de jubilación en los próximos años. Así lo dibuja la hoja de ruta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a los agentes sociales en la negociación de la segunda parte de la reforma comprometida con la Comisión Europea. Un planteamiento que, según apuntan fuentes al tanto del mood de los ‘hombres de negro’ bruselenses, difícilmente se alinea con lo comprometido por el Gobierno español en el Plan de Recuperación.
En concreto, según figura en el borrador que entregaron los representantes del departamento que dirige José Luis Escrivá a los negociadores de la patronal y los sindicatos en la reunión celebrada este lunes, al que ha tenido acceso La Información, las bases máximas subirán en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) más un incremento adicional de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Mientras, la pensión máxima del sistema aumentará en el mismo periodo con la inflación más un extra de 0,115 puntos porcentuales. De modo que la subida de las bases máximas de cotización será diez veces superior a la de las prestaciones más altas.
En la práctica, esto implica que en los próximos 25 años -a contar desde 2025- las aportaciones al sistema de la Seguridad Social de los salarios más altos se incrementarán aproximadamente un 30%, descontada la inflación. Sin embargo, las pensiones máximas solo lo harán en torno a un 3%. Según los cálculos elaborados por expertos para este medio, en euros de hoy, con este planteamiento la base máxima de cotización (que actualmente se sitúa en 4.139,40 euros) subiría desde 4.491 euros en 2025 hasta 5.983 euros en 2050, es decir, un 33,2%. Entre tanto, la pensión máxima solo se incrementaría un 2,92%, desde 3.569 euros mensuales hasta 3.673 euros.
Y no solo eso, sino que el borrador elaborado por el ministerio de Seguridad Social contempla que el incremento de las cotizaciones de los sueldos más altos alcanzará ese 30% en ese plazo de 25 años, mientras que las pensiones máximas en el mismo periodo solo se incrementarán en el 3% explicado y no será hasta 2050 cuando el Gobierno de turno deberá negociar en el marco del diálogo social el incremento adicional que deberá establecerse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año para que la pensión máxima inicial alcance “un incremento real acumulado del 30%”, tal y como figura en el texto que está en negociación en la mesa con sindicatos y patronal.
Fuentes cercanas al equipo técnico que ha elaborado los cálculos que han llevado a diseñar esta senda para bases de cotización y pensiones máximas explican que el Ministerio ha configurado ese desfase temporal entre el incremento de las aportaciones y el de las prestaciones para apuntalar los ingresos del sistema durante el periodo que se prevé de mayor tensión financiera y poder así hacer frente a la jubilación del baby boom. Sin embargo, cuestionan que, mientras el incremento del 30% en las bases máximas queda garantizado en el redactado actual del borrador, no sucede lo mismo con la pensión máxima, al dejar la consecución del objetivo a los responsables que piloten la Seguridad Social dentro de treinta años.
La propuesta del Ministerio busca la suficiencia de ingresos para garantizar a Bruselas la sostenibilidad del sistema, pero fuentes al tanto de la evaluación que están haciendo las autoridades europeas desde la capital belga interpretan que ese desfase temporal y el hecho de que el incremento inicialmente fijado para las pensiones más altas va a ser una décima parte del que van a experimentar las aportaciones a las arcas públicas de los trabajadores que cobran mejores salarios supone una “ruptura” de los principios de proporcionalidad y contributividad del sistema, lo que estaría poniendo en riesgo el visto bueno de las autoridades europeas a una de las reformas clave del Plan de Recuperación y, en consecuencia, los fondos.
Hay que recordar que, en el denominado ‘Componente 30’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recoge las reformas para garantizar la “sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo”, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a un “incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima”. Y en la explicación del detalle de la reforma, el Ministerio de Seguridad Social, responsable de la redacción de este componente, se comprometió negro sobre blanco a llevar a cabo una “adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema”.
Las dudas que podría suscitar a las autoridades comunitarias esta nueva reforma, que tiene que estar lista antes de que acabe el año, se sumarían a las que ya ha generado en Bruselas el bautizado como ‘Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La Comisión Europea ha exigido a España que lo modifique para garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y el Ministerio ya está trabajando en una ampliación del periodo de aplicación de este recargo en las cotizaciones sociales para incrementar su capacidad recaudadora. Está previsto que Escrivá incorpore los cambios en el segundo paquete de reformas que debe tener listas antes del 31 de diciembre.
Con todo, hay que recordar que nos encontramos ante un primer borrador de este segundo bloque de reformas y que previsiblemente será modificado en el transcurso de las negociaciones. La patronal y los sindicatos ya han rechazado otras medidas incorporadas por Escrivá, como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que también rechazan los socios de la coalición por considerar que supondrá una merma en las pensiones. De modo que el ministro va a tener que hilar fino en una nueva redacción del texto para intentar atraer a las partes a un acuerdo.
Fuente: La Información
