Las pensiones se han convertido en el gran desafío de las cuentas públicas. El abono de las nóminas de los jubilados y otras prestaciones asumidas por Seguridad Social supondrá el 80% del déficit previsto para el Estado en 2027, tal y como señaló el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la última sesión del Congreso de los Diputados.
El plan del Gobierno es cerrar el próximo año con un déficit global del 1,8% del PIB, esta sería la cifra acumulada por las diferentes administraciones o subsectores. Según sus cálculos, la gran parte respondería a la Administración Central del Estado (1,5 puntos), que ve empeoradas sus cuentas al asumir mediante transferencias del Estado el pago de las pensiones. Tanto es así que estos desembolsos explican 1,2 de los 1,5 puntos de su déficit -el 80%- del objetivo marcado.
Desde el pasado jueves hay un vacío legal por el que estos objetivos no están operativos. El Congreso de los Diputados rechazó la senda de estabilidad en el que se asignaba una meta a cada subsector (administración central, Comunidades Autónomas, entidades locales o Seguridad Social). No obstante, el Gobierno ya ha avanzado su intención de construir unos Presupuestos de acuerdo al objetivo global (1,8%) recogido en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, por lo que en la práctica, tiene previsto seguir este esquema para cumplir los compromisos adquiridos en Europa.
En la senda que fue tumbada en dos ocasiones por los votos de PP, Vox y Junts Hacienda marcaba un objetivo de déficit del 0,2% para los Fondos de Seguridad Social, este es el nombre que recibe en términos de contabilidad el organismo que depende de la cartera de Elma Saiz. Sin embargo, como reflejan los datos compartidos por el titular de Hacienda, el grueso de este esfuerzo económico recae sobre el déficit programado para el Estado o la Administración Central.
El motivo es que una parte creciente del gasto en pensiones de jubilación se cubre a través de los ingresos recibidos mediante impuestos y no a través de cotizaciones. Al tiempo que solo una pequeña parte se paga gracias a través de préstamos concedidos a Seguridad Social, en línea con la recomendación del Tribunal de Cuentas, que lleva años reclamando que los préstamos se eliminen por completo porque entienden que dan una imagen «distorsionada» de sus cuentas.
Las pensiones constituyen la principal partida de gasto y consumen la mayor parte de los ingresos del sistema. En España, las pensiones, especialmente las contributivas, se financian principalmente con las cotizaciones sociales que aportan trabajadores, autónomos y empresas. Sin embargo, los ingresos obtenidos por esta vía no son suficientes para cubrir todo el gasto en pensiones, debido, entre otros factores, al aumento del número de pensionistas y a la menor proporción de trabajadores en activo.
En 2025, la Seguridad Social ingresó un total de 176.918 millones de euros. No obstante, el gasto destinado al pago de las pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones. Como consecuencia, el sistema cerró el ejercicio con un déficit de 5.608 millones, ya que los ingresos obtenidos fueron inferiores a los gastos asumidos, según ha podido saber elEconomista.es. De hecho, para acabar con este déficit, ese año habría hecho falta incorporar al mercado laboral 685.786 trabajadores adicionales, tal y como recoge un informe de Foment del Treball.
Un año antes se cerró con un desequilibrio de 7.077 millones tras ingresar 165.577 millones, pero gastar 172.654 millones. Cabe mencionar que más de la mitad del desembolso se dirige a pagar las pensiones de los jubilados (en 2024 supuso el 73,7%). En 2023 se produjo un déficit de 6.668 millones.
Como consecuencia de este desequilibrio entre ingresos y gastos, el Estado debe recurrir a transferencias y a la emisión de deuda en los mercados financieros para garantizar el pago de las pensiones. Esta última opción deberá devolverse en el futuro, junto con sus correspondientes intereses.
Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 101,6% del PIB en el primer trimestre de 2026. En el caso del pasivo de la Seguridad Social, este ascendió a 136.000 millones en el mismo periodo de tiempo, un 7,9% más. Equivale a aproximadamente el 8% del PIB. Buena parte de esta deuda corresponde a préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social y el resto a inversores privados.
Hucha de pensiones
Para anticiparse a la ola de jubilaciones de la generación del baby boom y el aumento del gasto en pensiones que esta iba a provocar, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. Posteriormente se aprobó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un tributo que va destinado a financiar este ‘colchón’ para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el reto demográfico de los próximos años.
En 2025, el Estado recaudó alrededor de 14.070 millones de euros, un 50% más que un año antes, cuando se alcanzaron unos 9.370 millones. Además, casi el 93% del dinero procedió en exclusiva del MEI.
