EL PACTO DE TOLEDO SE LA JUEGA EN ESTA LEGISLATURA

La Comisión no legislativa de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tiene por finalidadla propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.  La comisión fue creada por el pleno del Congreso de los Diputados el 14 de septiembre de 1999, constituyéndose por primera vez el 23 de septiembre, se ha creado en todas las legislaturas desde 1999, con representación de todos los grupos políticos, y buscando evitar con este ‘pacto’ que las pensiones sean objeto de conflicto partidista. Desde el año 2012 se constituye con carácter permanente.

El Congreso de los Diputados aprobó en 1995 la creación de una comisión que analizase los problemas del sistema de pensiones y de las reformas que deberían acometerse para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. A esta comisión se la llamó Pacto de Toledo. La idea era que el tema fuese tratado como una cuestión de Estado por encima de las diferencias entre partidos con lo que se obligaba a tomar decisiones por consenso.

El Pacto de Toledo no tiene capacidad legislativa y hace recomendaciones que al ser consensuadas tienen muchas posibilidades de convertirse en ley, pero no siempre ha habido consenso y el Gobierno de turno ha legislado al margen.

Recomendaciones del Pacto de Toledo

Normalmente, la forma de trabajar del Pacto de Toledo es la siguiente: el Pacto hace una recomendación, el Gobierno la negocia con los agentes sociales, patronal y sindicatos, y, finalmente, se lleva al Parlamento para que se convierta en Ley.

Las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo dieron lugar a la aprobación en 1997 de una Ley que fijó varios puntos esenciales:

  • La Seguridad Social tendría sus propias fuentes de financiación: las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Las prestaciones de naturaleza no contributiva (las que no se derivaban de la cotizaciones a la Seguridad Social) pasaban a ser financiadas por el Estado
  • Se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que permitiría que el ahorro que se produjese cuando las cotizaciones excediesen al gasto fuese aplicado en los momentos de crisis en que el gasto fuese mayor que lo que se recaudaba.
  • Se establecía el principio de proporcionalidad: La cuantía de las prestaciones dependerían de lo cotizado previamente.
  • Las pensiones se revalorizarían automáticamente en función de la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC).
  • Se estableció la edad de jubilación en 65 años.

Reformas del Pacto de Toledo

En los años posteriores, se introdujeron reformasalgunas de las cuales no fueron consensuadas dentro del Pacto de Toledo y dieron lugar a la situación actual.

  • Retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años.
  • Aumentar progresivamente de 35 a 37 años el tiempo de cotización para tener derecho al 100% de la pensión.
  • Calcular la cuantía de la pensión en función de las cotizaciones realizadas en los 25 años anteriores.
  • La actualización de las pensiones no sería en base al IPC. Se introduce el “factor de sostenibilidad” que debería haber comenzado a aplicarse en 2019. Esto suponía que la pensión se calcularía en función de la esperanza de vida de cada momento. Si la esperanza de vida es mayor, la pensión disminuye. Este último punto, que es clave, dejó de tener vigencia y en 2018 y 2019 las pensiones se actualizaron, por orden del Gobierno, de acuerdo con la variación del IPC para garantizar su poder adquisitivo.

Pacto de Toledo: actualidad

No está claro lo que pasará a partir de 2020 debido a que el Pacto de Toledo dejó de reunirse en el momento en que se convocaron elecciones, aunque había cierto consenso respecto a que las pensiones se revalorizasen en función del IPC. El Gobierno está dispuesto a que se mantenga la actualización y es muy probable que promulgue un Decreto al respecto.

El resto de las recomendaciones de Pacto, un total de 22, para reformar el sistema de Seguridad Social es posible que tengan que esperar para ser plasmados en una Ley. Sea cual sea la solución tendrá que afrontar el problema de la sostenibilidad de las pensiones.

Las soluciones apuntadas para resolver este problema eran varias: que se establezca un impuesto específico para financiar las pensiones o al menos una parte de ellas, eliminar el techo máximo de cotizaciones, apoyar la implementación de los Planes de Pensiones de Empleo (cofinanciados por las empresas y los propios trabajadores),…Lo lógico es que la solución sea una mezcla de varias medidas entre las que estarán algunas de las anteriores y otras, pero no va a ser fácil porque el número de pensionistas es cada vez mayor y la pensión media es cada vez más alta.

El Pacto de Toledo se juega su credibilidad en esta legislatura.

El Pacto de Toledo echa a andar de nuevo prácticamente un año después de que se desintegrara. «Está muerto», con estas palabras el entonces diputado de PdeCATCarles Campuzanocertificó la imposibilidad de llegar a un acuerdo precisamente cuando más cerca estaba y después de dos años y medio de trabajo. No asistirá a reflexionar sobre cómo reformar un sistema de pensiones que está en números rojos la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, precisamente a quien se atribuyó la culpa de que el pacto saltara por los aires. María del Carmen Pita será ahora la portavoz de Podemos, partido que puede ser clave para lograr el consenso, pues fue el que más se opuso en la anterior etapa y quien un año atrás presentóenmiendas particulares a 20 de las 21 recomendaciones.

Pero a la actual comisión se suma Vox, algo que puede generar más división a la vista de que abogan por un sistema mixto, y muchas caras nuevas, entre ellas Ignacio Echániz al frente del Grupo Popular y la canaria Ana Oramas como voz del Grupo Mixto. Su presidenta será previsiblemente la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que vuelve años después a formar parte de este equipo en el que se mantienen la socialista Mercè Perea, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran o el de Esquerra, Jordi Salvador.

Encima de la mesa de la primera reunión estará el medio centenar de folios que ya habían sido redactados y prácticamente consensuados con las 21 recomendaciones para reformular el sistema.

Pese a que Vox ya marcó postura esta pasada semana en el Congreso con su voto contrario ala subida de las pensiones del 0,9%, Perea se muestra «optimista» y piensa que hay «voluntad» de llegar a un consenso en la «gran mayoría» de grupos, porque «es un tema que nos duele a todos», y que el nuevo Pacto de Toledo tiene que ser «más ágil y efectivo», por lo que abre la puerta a no esperar a tener todas las recomendaciones cerradas y resolver a corto plazo la parte de la sostenibilidad del sistema.

Entre los consensos que hace un año habían prácticamente cerrado se sitúan temas tan espinosos como la nueva revalorización de las pensiones, la separación de fuentes, la necesidad de alargar la edad real de jubilación, la puesta en marcha de medidas para disminuir la brecha de género e incluso una reforma integral de las pensiones de viudedad y orfandad. La creación o no de un nuevo factor de sostenibilidad que incluya la esperanza de vida, la edad legal de jubilación y la definición de lo que es una pensión digna pueden ser los grandes escollos.

El primer gran acuerdo que anunció el Pacto de Toledo –aunque no fue suscrito por Esquerra– es la necesidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse cada año «en base al IPC real», con lo que se pondría el punto y final al Índice de Revalorización (IRP) que trajo la reforma del Gobierno del PP. «La Comisión constata que el vigente IRP no goza del suficiente consenso político y social», explica el borrador de la recomendación 2, que quedó consensuado a finales de 2018. Otra cuestión será establecer cuál es la inflación real cada año, puesto que puede tomarse de referencia la de noviembre, la de diciembre o la media anual, como ha hecho los dos últimos años el Ejecutivo.

La anterior Comisión dejó ya establecidas una serie de recetas. Fijaron así que las cotizaciones sociales deben destinarse «exclusivamente» a pagar las pensiones contributivas y el resto de prestaciones se sufraguen «a través de aportaciones del Estado». Así, considera que tienen que correr a cargo de los PGE y no de las cuentas de la Seguridad Social las políticas activas de empleo (tales como las bonificaciones a determinados colectivos o reducciones como la tarifa plana), los subsidios, las prestaciones de maternidad y paternidad, los gastos de personal, las ayudas a sectores concretos para poder prejubilarse y a determinados regímenes como el agrario o el del hogar, entre otros. Supone, por tanto, un paso más en el proceso de separación de fuentes que se puso en marcha en 1995 y un alegato por utilizar más impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones.

La Comisión ve «necesario» reducir a dos los regímenes de cotización, de forma que estén por un lado los trabajadores por cuenta ajena y, por otro, los trabajadores por cuenta propia. En esta línea, urge a implantar un nuevo sistema paraque los autónomos coticen por sus ingresos reales y, a la vez, que la protección social entre ambos regímenes sea «equiparable».

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