Crece a un ritmo del 6,4% interanual, frente a avances cercanos al 0,1% en toda la década anterior
España no sólo tiene un problema en el incremento de personas que atraviesan un proceso de Incapacidad Temporal que les impide acudir a su puesto de trabajo, sino que también alcanza máximos mes a mes en el número de trabajadores a los que se les diagnostica una Incapacidad Permanente, que les limitará parcial o totalmente para el empleo.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de julio el sistema asume el pago de un total de 1.030.424 prestaciones de este tipo frente a las 961.167 que existían en el sistema en el mismo mes del año pasado. Dado que hay personas que cobran más de una prestación de este tipo, el número total de perceptores de Incapacidad Permanente se sitúa en 1.026.085 (la mayoría hombres, 632.736, frente a 393.349 mujeres).
Son varios los factores que influyen en este incremento. En primer lugar, el envejecimiento demográfico que azota al país contribuye a que la clase trabajadora tenga cada vez más edad y sea más proclive a sufrir enfermedades o accidentes, algo que se refleja también en el récord de bajas médicas y absentismo. El hecho de que las cohortes de trabajadores de más edad sean cada vez más numerosas y las de los más jóvenes lo sean menos, provoca por efecto composición un empeoramiento de la salud en general de los trabajadores.
Además, mientras que antes las personas que percibían una pensión por Incapacidad Permanente -compatible en algunos casos con el salario- no eran transferidos a la pensión de jubilación hasta los 65 años, desde abril de 2024 se mantienen en esta categoría hasta la edad ordinaria de jubilación, por lo que no son traspasados de categoría hasta los 66 años y 8 meses, con datos de este mes.
Esto les lleva a estar por más tiempo percibiendo la Incapacidad Permanente hasta que se convierten en perceptores de la de jubilación. No obstante, hay que tener en cuenta que sólo 88.982 del total del millón de perceptores supera los 65 años, con lo que el impacto de este motivo es moderado en comparación con el aumento de altas (personas que empiezan a percibir la prestación) que suben un 4,8% interanual.
Un tercer factor puede ser la propia revalorización de las pensiones conforme al IPC y el incremento progresivo de la cuantía -ahora mismo la pensión media de Incapacidad Permanente ya asciende a 1.208,90 euros, frente a los 1.162 euros de hace un año, lo que puede incentivar el acceso a este tipo de prestación, que en algunos casos es compatible con el sueldo.
Todo esto provoca que el número de pensionistas de Incapacidad Permanente esté creciendo a un ritmo del 6,4% anual, frente a incrementos del 0,12% de media de 2010 a 2023. En las pensiones de jubilación el incremento se mantiene sin muchos cambios: es del 1,72% ahora, frente al 1,68% de ese periodo.
Galicia es la comunidad autónoma con más incidencia de este tipo de prestación, coincidiendo con que es una de las regiones más envejecidas del país, con un 3,05% de perceptores; seguida de Extremadura, con un 2,9%, una de las autonomías de la España vacía en la que hay menos proporción de jóvenes tambiénes; el Principado de Asturias, con un 2,8%, y Canarias (2,6%).
Por el contrario, Ceuta es la ciudad autónoma con menos penetración (1,3%), junto con la Comunidad de Madrid (1,35%) y Baleares (1,5%).
La edad media del perceptor de Incapacidad Permanente es de 56 años, tanto para hombres como para mujeres, y el sistema se gasta ya 1.245 millones de euros al mes en asumir el pago de esta prestación, un 44% más que hace una década. De hecho, es el tipo de pensión en el que más está subiendo el gasto en términos relativos: un 10,6%, frente al 6,2% del de las de jubilación; el 4,16% en viudedad; el 4% en orfandad y el 6,4% en las pensiones en favor de un familiar, todo en términos interanuales.
Con todo, las pensiones de jubilación siguen siendo lo más costoso para el sistema, ya que pronto superarán el récord de 10.000 millones de euros al mes (en julio se situaron en 9.921 millones); seguidas de las de viudedad, con un gasto mensual de 2.196 millones para las arcas de la Seguridad Social y cuya reforma está pendiente desde que se publicaron las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 -en las que coincidieron todos los partidos políticos-; las de Orfandad suponen 178 millones de euros mensuales y las de en favor de familiares, 36 millones.
En total, la Seguridad Social destina 13.588 millones al mes al pago de las pensiones, una cuantía ingente que no puede cubrir con cotizaciones sociales, de ahí que necesite trasnferencias de la Administración Central con cargo a impuestos.
