La sanidad privada advierte que si desciende la calidad de los servicios se producirá un éxodo de los funcionarios hacia la sanidad pública
La caída de Muface costaría 1.000 millones anuales al sistema público y cerrarían hospitales en 19 provincias
El Gobierno propone subir las primas de Muface un 28% hasta los 1.300 euros
El modelo de mutuas se instauró en España en 1975. Desde ese momento, los funcionarios pueden elegir entre proveedor público o privado para recibir asistencia sanitaria. En diciembre, concluye el actual concierto de Muface. Mutualidades y administración se encuentran en plenas negociaciones del modelo vigente, que necesitará una inyección de 900 millones de euros al año para su supervivencia, según defiende el sector privado. De llegar a un acuerdo, el siguiente concierto entraría en vigor en enero de 2025.
El nuevo convenio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para el bienio 2025-2026 continúa en estado de negociación. Este organismo público gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios al servicio del Estado, es decir, sanidad y ayudas por hijos, etc.
El acuerdo garantiza que dos millones de funcionarios y beneficiarios puedan acudir a la sanidad privada, aligerando de esta forma la saturación en la pública. La negociación, sin embargo, no está siendo fácil debido a las tiranteces entre las partes.
Sobre la mesa –aunque aún sin oferta oficial de la Administración– está ahora un posible aumento del 25 % de las primas –un 24 % en 2025 y un 1 % en 2026–, algo que tanto a las aseguradoras como a la patronal de la sanidad privada les parece insuficiente. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), del que forman parte las grandes aseguradoras del país, como Asisa, Adeslas, Mapfre o DKV, cree que este aumento «no permite lograr unas condiciones financieras y sanitarias justas».
Las aseguradoras creen que este aumento supone un «riesgo» para el mantenimiento del modelo e instan a reconsiderar las condiciones atendiendo a las «pérdidas» que las entidades que prestan el servicio vienen acumulando durante años. Las cifras que aporta esta fundación lo cierto es que son demoledoras: mientras que la inversión per cápita pública por persona ha crecido un 53 % en los últimos 10 años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho en un 32 %, lo que produce, en el caso concreto de Muface, «pérdidas de más de 142 millones de euros anuales en 2023 debido, entre otras cosas, a la alta siniestralidad del colectivo, cercana al 110 %».
«Éxodo» de funcionarios a la pública
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) advierte también de las consecuencias si el nuevo acuerdo no implica un incremento de la prima significativo. Este, según explican, tiene que garantizar «la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio» a la vez que «remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio».
Esto puede hacer que se incremente la tendencia de centros privados que dejen de concertar «al no cubrirse los costes con la remuneración y que haya, por tanto, menos accesibilidad y un cuadro médico restrictivo que desincentive a los funcionarios a elegir la sanidad privada». Esa situación, añaden, supondría un éxodo a la sanidad pública de un número relevante de mutualistas y familiares y, por consiguiente, «un potencial incremento de las listas de espera».
ASPE considera que la propuesta de incrementar un 25 % la prima de Muface es «un primer paso en el buen camino», pero advierte que esta cantidad no es suficiente para asegurar la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo. Asimismo, recuerda las conclusiones del informe ’El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, elaborado este año por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, que concluye que el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año.
Su desaparición, según el trabajo, supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266 % para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica.
Desde el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, la financiación ha de ser la adecuada para poder llevar a cabo una prestación sanitaria de calidad al funcionariado. «Lo que ha estado sucediendo durante estos últimos años es que no ha sido la adecuada y eso ha desencadenado un recorte en la calidad del servicio, se han reducido los cuadros médicos, se han obstaculizado la realización de pruebas médicas y demás incidencias manifestadas por los mutualistas, y de las que ya hemos hablado en otras ocasiones», inciden. Esperan que el acuerdo al que se llegue «sirva para revertir la situación a la que se ha visto expuesta la cobertura médica del funcionariado».
El 82% de los funcionarios optan por el seguro de salud privado frente al sistema público
A falta de tres meses para la firma del nuevo concierto de Muface, los funcionarios del Estado lo tiene claro: por la rapidez a la hora de conseguir cita y la libertad de elección de especialista son los aspectos más valorados y por ello prefieren una cobertura privada a través de su mutualidad frente al sistema público. Así se desprende de la encuesta ‘Usos y actitudes de los funcionarios hacia los seguros médicos privados’ elaborada por la agencia de investigación independiente 40dB. También destacaron la agilidad en la atención de urgencias y la atención personalizada y cercana. Asimismo, los aspectos mejor valorados del seguro médico privado son la libertad de elección de especialistas (7.9 sobre 10), la facilidad en la gestión de citas y análisis (7.8 sobre 10), y la rapidez en la atención de urgencias (7.7 sobre 10).
El análisis demoscópico, basado en las entrevistas a 1.925 funcionarios durante el mes de junio de 2024, muestra que el seguro médico privado es la elección predominante entre los mutualistas. Así, 8 de cada 10 mutualistas encuestados opta por la cobertura privada a través de su mutualidad. Además, el informe indica que el 75% de quienes actualmente prefieren la cobertura sanitaria pública considerarían cambiar a un seguro médico privado en el futuro.
Y es que, según los datos del análisis, el grado de satisfacción de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a MUFACE, ISFAS y MUGEJU con su seguro médico privado (SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa) ,es «muy alto», con una valoración media de 7.6 sobre 10. Concretamente, con una valoración de 7,5 sobre 10.
