Cada año, el Instituto de Estudios Económicos publica el Índice de Competitividad Fiscal (ICF), un estudio elaborado junto a la Tax Foundation de Estados Unidos que evalúa decenas de variables agrupadas en cinco grandes categorías de análisis, referidas a la fiscalidad de los trabajadores, las empresas, el consumo, la propiedad y la riqueza y las rentas internacionales.
El estudio jerarquiza a los distintos países de la OCDE en una escala de 0 a 100 puntos. La primera posición es para Estonia, donde se aplica un flat tax del 20% en el IRPF y se dejan exentos de tributación los beneficios empresariales reinvertidos, quedando su reparto gravado a una tasa del 20%.
España, en caída libre
El estudio encuentra que “España aparece relegada al puesto 31 de un total de 38 países, con una nota de apenas 55,8 puntos sobre 100. Si nos comparamos solamente con los países de la OCDE que también son miembros de la Unión Europea, encontramos que solo cinco economías comunitarias presentan un peor desempeño que nuestro país. La calificación de España es especialmente mala en la primera y la cuarta dimensión del índice, que aluden a la fiscalidad empresarial (48,3 puntos) y a los impuestos sobre la propiedad y la riqueza de los contribuyentes y las empresas (36,6 puntos).
Mientras que en 2019 ocupábamos una posición intermedia en el ranking (puesto 22 de un total de 36 países), en 2023 figuramos en la zona baja de la tabla (puesto 31 de 38 países). La calificación asignada a nuestro país ha caído de 60,3 a 55,8 puntos a lo largo de este periodo”. Esta caída de 9 puestos coincide con el mandato presidencial de Pedro Sánchez.
El Estudio indica que “la caída de España en el ICF debe invitar a la sociedad española a elevar el tono del debate público en materia de fiscalidad. Por ejemplo, llama la atención que todos los países nórdicos a los que tradicionalmente se alude en España como ejemplo de economías con impuestos altos y normas fiscales exigentes figuren, en realidad, por delante de España. Es el caso de Suecia (73,3 puntos, puesto 13), Noruega (puesto 17, 66,6 puntos), Finlandia (puesto 19, 66,5 puntos) o Dinamarca (puesto 29, 58,5 puntos). De hecho, el principal aspecto que separa a España de las economías nórdicas es la forma en que dichos países del Norte de Europa han reducido, moderado o incluso eliminado los aspectos más onerosos de la fiscalidad empresarial y de los impuestos aplicados sobre la riqueza y el patrimonio. Por tanto, los países nórdicos a los que comúnmente se menciona a la hora de justificar la supuesta necesidad de elevar la imposición corporativa y patrimonial son en realidad economías que ofrecen un trato mucho menos oneroso y más competitivo en estos campos“.
El informe también permite comprobar que “no existe correlación alguna entre aumentar la competitividad fiscal y perder recursos para el desarrollo de políticas públicas. De hecho, la forma inteligente de mejorar la recaudación no es otra apostando por un modelo de fiscalidad que favorezca el crecimiento y la inversión y, por esa vía, termine ensanchando las bases y generando un repunte de la producción que trae consigo una mayor recaudación”.
El informe apunta que, si obviamos las primera y la cuarta dimensión del índice (es decir, aquellas categorías que miden la fiscalidad empresarial y la tributación de la riqueza y el patrimonio, que son los aspectos en que obtenemos un resultado francamente decepcionante), la calificación de España mejoraría hasta alcanzar casi 68 puntos, lo que equivaldría a subir del puesto 31 que ocupamos en la actualidad a alcanzar el número 16 de la tabla.
Por lo tanto, “aunque la reforma de la fiscalidad debe abordarse preferiblemente de forma integral, bastaría con una mejora parcial para lograr importantes resultados en el más corto plazo. Así, en lo tocante a la fiscalidad corporativa, las recomendaciones más inmediatas serían (1) reducir el tipo general por debajo de la media de la OCDE, hasta situarlo al menos en el 20%, y (2) simplificar y mejorar las deducciones existentes con la mirada puesta en facilitar la inversión en nuevos proyectos empresariales. De igual manera, en lo referido a los impuestos sobre la propiedad, España debería apostar por la supresión definitiva de gravámenes obsoletos que han sido eliminados o reducidos de forma drástica en numerosas economías de nuestro entorno. Es el caso del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la llamada Tasa Tobin”.
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