El sistema de financiación autonómica y su reforma, pendiente de abordarse desde hace casi 10 años, ha vuelto al debate público tras el ajustado resultado del 23J y de los pactos políticos que serán necesarios para que se revalide el Gobierno de coalición. Detrás se encuentran las peticiones de los partidos catalanes, a las que se han sumado otras comunidades que reclaman participar en la hipotética reforma de un sistema que se reformuló en 2009 –con vistas a actualizarse en 2014– y cuyo diseño se mantiene intacto aún a día de hoy.
Pese al espíritu, el sistema de financiación arroja importantes diferencias entre regiones. De media, cada región española recibió en 2021 un total de 2.963 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha que denuncian estar infrafinanciadas.
Estas divergencias territoriales han llevado a varios territorios a exigir una reforma urgente del sistema para reformular, entre otros puntos, las variables de población ajustada. Otros como Cataluña y Comunidad Valenciana han puesto sobre la mesa una posible condonación de la deuda regional, habida cuenta de que parte de su origen, alude por ejemplo Valencia, se debe a la infrafinanciación que sufren.
El sistema de financiación aporta a las regiones de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Estos recursos provienen del Estado (que da unos 11.000 millones de euros) y de las tres comunidades con mayor renta per cápita, que introducen casi 9.000 millones al fondo.
La comunidad de Madrid aportó en 2021 unos 6.300 millones de euros al sistema de financiación que nutre de recursos a las comunidades autónomas de régimen común, casi tres veces más que Cataluña, con 2.200 millones de euros. La tercera región con un saldo neto desfavorable fue Baleares al sumar 330 millones al fondo. Las otras 12 comunidades, ya que País Vasco y Navarra quedan fuera de la ecuación por tener sistemas fiscales propios, anotaron beneficios netos; es decir, recibieron más de lo que aportaron. Andalucía (4.900 millones), Canarias (3.700 millones) y Galicia (2.500 millones) fueron las principales favorecidas.
El sistema de financiación, en esencia, trata de redistribuir los recursos entre los territorios para que aquellos con una mayor capacidad fiscal contribuyan a costear los servicios públicos que la Administración debe ofertar y asumir en aquellas zonas con menor músculo financiero, por ejemplo Canarias o Extremadura.
Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.
Estos recursos se reparten mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías que deben llegar a cada autonomía se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como la densidad demográfica o el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años. Al Fondo de Garantía se le unen otros como el Fondo de Suficiencia (Global) y los Fondos de Convergencia Autonómica, que se financian con recursos del Estado y tienen menos importancia.
Fiscalidad y subvenciones
El sistema de financiación autonómica lleva sin reformarse ni actualizarse desde 2014 es el mecanismo a través del cual el Estado da dinero a las comunidades, funciona mediante dos procesos: las entregas a cuenta, que es el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas en función de lo que se prevé que ingresen, y una liquidación que se entrega tras conocer los ingresos reales.
Para poder reformar este sistema habría que aprobar una ley. En 2017 se crearon dos comisiones, una para la reforma de la financiación autonómica y otra para la local y, en 2021, Hacienda realizó una propuesta para cambiar la forma en la que se calcula la población ajustada -un mecanismo para calcular cuánto dinero debe dar el Estado a cada autonomía-.
Un acuerdo «sensato» para la reforma de la financiación sería «una excelente noticia», pero se duda de las probabilidades reales de que esto ocurra.
Una posible condonación de la deuda a Cataluña y a otras autonomías, no es gratis, porque el Estado se quedaría con ella, sólo cambiaría de manos y además si se les perdonara la deuda, las comunidades autónomas confirmarían la «creencia» de que «siempre» se las termina rescatando económicamente y, por tanto gastarían con más facilidad sus fondos. Además lo que está en juego, en realidad, es el dinero de los inversores que se lo prestan al Estado.
La deuda del Estado asciende hoy a 1,37 billones de euros (casi el 90% del total de la deuda de las Administraciones de 1,5 billones) a devolver al Banco Central Europeo (BCE) -el mayor inversor desde 2020-, bancos privados, fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, particulares…¿Quién y cómo les explica que si el Gobierno decide condonar deudas en realidad está asumiendo pérdidas indirectas en su nombre?
La deuda no es gratis. La prima de riesgo país es un índice que sigue aún estable en un rango cercano a los 100 puntos básicos. Para el Estado, la financiación comienza a ser cada vez más costosa. En dinero contante y sonante, la factura anual en intereses de la deuda va camino de los 40.000 millones de euros.
Las 5 CCAA con mayores subvenciones
Enero de 2020-Junio de 2023. Importe en millones de euros
Total : 66 241
Cataluña: 12 419
Comunidad Valenciana: 11 163
Castilla y León: 6 067
Andalucía: 5 544
Comunidad de Madrid: 4 953
Cataluña, la autonomía más endeudada de España, (70.000 millones de euros) es también la más generosa a la hora de repartir subvenciones entre sus empresas, particulares y organismos (12.419 millones entre 2020 y junio 2023).
Uno de los departamentos más generosos es el de Justicia, Derechos y Memoria, con cuatro grandes subvenciones dirigidas al Consejo de la Abogacía Catalana. En total, casi 220 millones para la corporación que agrupa 14 colegios de abogados. Solo las 15 principales subvenciones de la Generalitat de Cataluña suman 520 millones.
De acuerdo con los últimos datos de la Intervención General del Estado (IGAE), el número total de consorcios, fundaciones, organismo y entes dependientes de la Generalitat de Cataluña se eleva a 316
