Fedea estima que los servicios públicos participan en menos del 3% de las colocaciones
Trabajo lleva sin publicar la evaluación de los planes anuales desde 2021
El artículo 31.2 de la Constitución establece que el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos y que su programación y ejecución deben responder a criterios de eficiencia y economía. Este principio debería enmarcar el reciente acuerdo del Ministerio de Trabajo con los dos sindicatos mayoritarios sobre el subsidio de desempleo.
Por franjas de edad, la mayoría de los perceptores del subsidio de desempleo tienen más de 50 años. Según datos del SEPE, de un total de aproximadamente 750.000 beneficiarios, más de medio millón (el 70%) superan esa edad.
Una de las propuestas destacadas del acuerdo es la posibilidad de compatibilizar la prestación de desempleo con los ingresos de un empleo durante un período corto. Sin embargo, esto no es una verdadera innovación, ya que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital ya contemplaban esta posibilidad desde su inicio. El subsidio de desempleo plantea un dilema para los trabajadores mayores de 52 años: si aceptan un empleo, que suele ser de baja remuneración y duración incierta, deben renunciar a un subsidio que, aunque de baja cuantía, ofrece alta estabilidad.
En la práctica, muchos desempleados optan por lo seguro y deciden no reincorporarse al mercado laboral, especialmente en casos de prejubilación que dependen de esta prestación como una fuente sustancial de ingresos. Esta situación no solo perjudica al trabajador, sino también a la sociedad, que debería aspirar a una mayor tasa de empleo, no solo entre los jóvenes, sino también entre los mayores de 55 años. Además, incentiva la economía sumergida.
Por lo tanto, es bienvenida la nueva medida que busca paliar, aunque mínimamente, la falta de reformas en las Políticas Activas de Empleo (PAE) en España. Estas políticas han sido criticadas desde diversas instancias académicas e instituciones nacionales e internacionales por su ineficacia. Desde la crisis financiera, se ha invertido crecientemente en PAE, aunque no existe una cifra consolidada y clara sobre su coste anual. Las PAE son definidas por el SEPE, pero también las comunidades autónomas, diputaciones e incluso ayuntamientos pueden añadir sus propias PAE.
Esta multiplicidad de administraciones y la falta de criterios rigurosos para la definición y consolidación de las cuentas públicas, junto con la lentitud de los sistemas de gestión basados en convocatorias y la diversidad contable de cada comunidad autónoma, hacen que sea imposible estimar con fiabilidad el coste anual de las PAE. Y, como es sabido, resulta imposible evaluar la eficiencia de una política sin datos contables fiables. Incluso los mejores servicios de empleo autonómicos carecen de una contabilidad de costes adecuada. Es esencial una reforma contable técnica que unifique los procesos de consolidación contable.
Más preocupante aún es que la desigual eficacia de las diversas PAE (orientación, formación, acompañamiento, gestión del currículo, intermediación, etc.) no se traduzca en criterios de financiación establecidos por el SEPE, lo que podría evitar el despilfarro de fondos en PAE ineficaces. Los intentos de evaluación de la eficacia se ven obstaculizados por la falta de datos completos y de calidad. Por ejemplo, se sabe cuántos cursos de formación para la atención sociosanitaria se han realizado, pero no cuántas personas los recibieron ni, lo que es más importante, si les sirvieron para conseguir un empleo en ese sector o acabaron trabajando en otro, como la construcción o la hostelería.
Una reforma en este ámbito requiere una gobernanza diferente, especialmente en la decisión sobre la distribución de recursos desde el Estado. La existencia de comisiones sectoriales dedicadas principalmente a repartir presupuestos millonarios entre comunidades autónomas, sin vincularlos a su eficacia, convierte el debate en uno político, no técnico. Esto favorece el continuismo y una expansión inercial de las PAE, incluso cuando el desempleo se está reduciendo. Es paradójico que en España las PAE, en lugar de ser contracíclicas, vayan a favor del ciclo: cuando la economía va bien, el presupuesto crece, y cuando hace una década afrontamos una grave crisis, las PAE se recortaron.
En resumen, hay demasiadas disfuncionalidades en las políticas activas de empleo que deberían ser un pilar del gobierno en materia social, en un país donde el desempleo es considerado uno de los principales problemas por los ciudadanos. Es imprescindible una reforma profunda que sea consensuada entre las diversas fuerzas políticas, ya que la ejecución depende de comunidades autónomas de variados colores políticos. Solo así los ciudadanos podrán sentir que el estado del bienestar los protege adecuadamente frente al desempleo.
¿Casi 6.400 millones desperdiciados? Las claves del fracaso de las políticas activas de empleo
El Gobierno acaba de formalizar la puesta en marcha del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno para 2024, presupuestado con casi 6.400 millones de euros, de los que casi 2.600 se distribuyen directamente a las comunidades autónomas. Una cantidad muy similar a la de hace un año y cuya eficacia, empezando por sus propios usuarios, ponen en duda. Según las estimaciones de Fedea, menos de un 3% de las “inserciones laborales” que se registran en España son gracias a la mediación de una oficina de empleo.
En este contexto, destaca la opacidad y complejidad que rodean a estas medidas. El grueso de las competencias de ejecución reside en las regiones, que cuentan con sus servicios públicos autonómicos financiados con sus respectivos presupuestos, aunque reciben un buen pellizco de dotación estatal a través de la Conferencia Sectorial de Empleo, que preside la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto garantiza un diseño general coordinado y centralizado por el Gobierno central. Además, el Estado diseña sus propios incentivos, bonificaciones y programas para estimular la contratación.
Pero esta estructura se traduce para el ciudadano medio en una retahíla de planes, programas y objetivos expresados en una jerga burocrática qe muchos consideran más pensados para contentar a las instituciones europeas (que también contribuyen con sus fondos a programas concretos llevan lustros exigiendo una mejora de los servicios españoles) que a explicar al parado qué puede ofrecerle una oficina de empleo.
La confusión es tal que la mayoría de los españoles confunde el papel de los servicios autonómicos con el del SEPE, que se encarga de gestionar las prestaciones y subsidios por desempleo, las denominadas políticas pasivas. Es más, muchos siguen denominando a este último “INEM”, que era el nombre que recibía hasta que la reforma de 2003 estableció el nuevo reparto competencial.
Fedea les pone un “muy deficiente”
Fedea acaba de publicar un estudio sobre los problemas y retos de las administraciones que recogía un esclarecedor capítulo centrado en las políticas activas de empleo. Su autor, el profesor de economía aplicada de la URJC e investigador asociado Fedea, Miguel Ángel García, fue también viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, con lo cual tiene conocimiento de primera mano del sistema.
Su análisis recuerda que cuando hablamos de “políticas activas de empleo” nos referimos a tres tipos de medidas: las dirigidas a la “orientación de las personas e intermediación para emparejar la oferta y demanda de empleo”, las de “formación de las personas”, y los “incentivos al empleo de colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo”.
En el primer bloque, el de intermediación, su veredicto es un rotundo “muy deficiente” y da una cifra: “a través de ellos se realizan menos del 3% del total de inserciones laborales, que corresponden en su mayoría al sector público”. “La constatación de su incapacidad para canalizar las ofertas de empleo hacia quienes buscan trabajo, incluso en una situación como la actual, con un número elevado de vacantes, ha alejado a trabajadores y empresas de las oficinas de empleo”, remarca.
Por otro lado, que la asignación de la competencia sobre el pago de prestaciones, es decir, las políticas activas, corresponda al organismo estatal (el SEPE) genera “un desalineamiento de incentivos” con los servicios autonómicos. Esto afecta directamente a comprobar si los beneficiarios de prestaciones y subsidios cumplen con el compromiso de actividad, por ejemplo, al no rechazar ofertas adecuadas de empleo.
El segundo bloque, el de formación de desempleados, supone un coste de 2.000 millones al año (el 0,15% del PIB) gestionados por las comunidades, aunque se pone en común con los ministerios de Trabajo y, en este cao, de Educación. Aun así, sus resultados tampoco son precisamente positivos. García Díaz censura que la formación ofrecida “tiene un excesivo sesgo hacia los cursos disponibles por la oferta de las empresas de formación” y no por las necesidades reales del mercado laboral. La razón es que las administraciones públicas n cuentan con la necesaria información sobre las necesidades de las empresas y las características de las personas, “debido a la inexistencia de un sistema adecuado de perfilado”.
“Están desactualizados en relación con las necesidades del sector productivo y son demasiado largos”, incide el experto, que destaca este último factor, el de la duración de los cursos (muchos superan las 600 horas lectivas), como un desincentivo para unos parados que no ven garantizado” lograr un trabajo tras concluirlos.
El tercer bloque, el de los incentivos al empleo están dirigidos a facilitar la inserción de personas “con especiales problemas de acceso en el mercado laboral”. En la práctica, estas se concretan en reducciones del coste laboral, a través de bonificaciones o reducciones de la cotización que abona el empresario. Aquí García ahonda en una crítica clásica que ha sido planteada incluso por la AiReF: estas ayudas son “peso muerto”. Es decir, que la mayoría de esos contratos se habrían producido sin que las empresas se beneficiaran de esos descuentos.
La razón, a su juicio, está en que se aplican de manera general y son “discriminar adecuadamente a las personas que los necesitan”. El problema es que en España, donde se firman más de 15 millones contratos al año, analizar caso por caso parece imposible. Por ello García aboga por mejorar la “automatización” de esos procesos, reforzando el cruce de datos de las administraciones para contar con los que considera los “registros más completos del mercado laboral”, lo de la Seguridad Social.
El silencio de los consejeros
El análisis de García también incluye una crítica a la estrategia central de la coordinación de las políticas activas de empleo: el reparto de fondos a las comunidades autónomas. Advierte de que las regiones se ven “obligadas” ejecutar los recursos asignados en las conferencias sectoriales (incluyendo fondos europeos) según los programas pactados, “aunque no sean necesarios o no se ajusten a las prioridades” de las comunidades autónomas.
Esto provoca ejemplos sangrantes de ineficacia. “Se observa una cierta repetición de los cursos sin haber realizado la debida evaluación o la disposición de recursos financieros para aumentar el número de orientadores sin tener en cuenta las plantillas propias de los servicios autonómicos”, señala el autor. En el fondo de este desbarajuste, brilla el gran problema de las políticas activas: la falta de evaluación.
García recuerda que en 2017 el Gobierno y las comunidades autónomas decidieron difundir públicamente evaluaciones, anuales o bienales, del cumplimiento y los resultados de las políticas activas de empleo y los planes anuales. Pero únicamente se ha publicado la evaluación del Plan Anual de Empleo 2021, y no se han publicado las de los de 2022 y 2024.
Esta rigidez y opacidad impide a las comunidades ajustar los programas acordados en conferencias sectorial, como la celebrada la semana pasada, “a sus necesidades concretas”. Aunque lo cierto es que las críticas al sistema y su falta de transparencia por parte de los consejeros autonómicos de empleo (incluyendo a los PP)también brillan por su ausencia.
En este sentido, García introduce una advertencia sobre los responsables de estas políticas. “Es crucial garantizar que el personal directivo público tenga las cualificaciones necesarias para desempeñar las funciones que tienen asignadas”, incide el experto que también apunta a que estas exigencias deben extenderse a los trabajadores de los servicios públicos, incluyendo la “penalización efectiva del incumplimiento de las obligaciones laborales”.
Fuentes.
El laberinto de las políticas activas de empleo (eleconomista.es)
