El Congreso ha aprobado el viernes 26/11 la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un año y medio después de su aprobación y entrada en vigor como decreto ley, sin votos en contra, pero con críticas a un erróneo diseño que ha limitado la ayuda a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previstos. La norma pasa ahora al Senado tras ser ratificada con competencia legislativa plena por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso por 21 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, entre ellas, las del PP, Vox o EH Bildu.
La portavoz del grupo de Unidas Podemos, Isabel Franco, ha comenzado pidiendo disculpas a todos las personas que han visto denegada su solicitud de IMV y ha incidido en que su regulación lleva un año mejorándose para llegar cada vez a más gente, ya que de las 850.000 familias que se estimaron que la obtendrían en un principio, solo alrededor de 350.000 la están cobrando. La portavoz del PP, María Teresa Angulo, ha recordado que su grupo apoyó la creación del IMV, pero que finalmente se ha convertido en un «gran fracaso», ya que se le deniega a tres de cuatro solicitantes, ejecutándose tan solo la mitad del presupuesto que tiene asignado.
Angulo ha denunciado la «confusión y el caos» que en las oficinas de la Seguridad Social ha generado una prestación que se aprobó cuando aún estaba «sin madurar» y que se ha sometido a sucesivos cambios que han terminado provocando un «galimatías jurídico». Ha recordado que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, anunció el IMV como una prestación de carácter estatal que supliría las debilidades de las rentas mínimas autonómicas, un objetivo que considera «pervertido» por el acuerdo del Gobierno con el PNV para el traspaso de su gestión íntegra al País Vasco y Navarra, «un camino que parece que van a abrir también para Cataluña».
La portavoz del PSOE, Carmen Baños, le ha replicado que el IMV está llegando a más beneficiarios de lo que lo hacían las rentas mínimas autonómicas que llevaban años funcionando. Ha hecho también hincapié en que la norma se está corrigiendo para subsanar los errores que se han ido detectando y llegar a más hogares, incluso de manera proactiva a familias potencialmente beneficiarias.
La portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, ha criticado que en la ley se excluya como beneficiarios a jóvenes entre 18 y 22 años que pudieran estar emancipados, lo que ha considerado una discriminación por edad que supone «condenar a la pobreza a muchos jóvenes». Por su parte, el portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, ha defendido que el IMV debería restringirse a solicitantes con nacionalidad española, en lugar de a aquellos con residencia legal en España.
Los datos en septiembre
Según los últimos datos difundidos por la Seguridad Social, hasta el 13 de septiembre se han recibido 1,45 millones de solicitudes del IMV, de las que se han tramitado 1,24 millones. De las tramitadas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000 (el 70 %), denegadas, la mayor parte por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa. El objetivo inicial del IMV, aprobado en mayo de 2020, era llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas. A 13 de septiembre había 336.933 prestaciones aprobadas correspondientes a hogares en los que viven 494.961 adultos y 304.242 menores, con lo que el 38% de las personas beneficiarias son menores de edad.
Complemento para la infancia
Durante el trámite parlamentario de la ley, PSOE y UP han pactado la inclusión de un complemento para menores que recibirán los hogares que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar ni el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar. El complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. Con esta y otras medidas acordadas por ambos partidos, el Gobierno prevé duplicar y alcanzar 1,6 millones de personas beneficiarias.
40.000 hogares a la espera
Sin embargo, quedan escollos por saldar sobre la cuestión que van más allá del trámite legislativo. El principal, la ordenanza ministerial para iniciar el registro de mediadores: una estrategia para expandir el IMV gracias a la intervención de ONG y que daría cobertura a 40.000 hogares más. Una cifra ‘objetivo’ del ministro, anunciada a mediados de octubre, y que espera cumplir antes de que acabe el año. Se trataría de un documento donde determinadas entidades sociales que cumplan ciertas condiciones del Ministerio se inscriban para poder certificar la vulnerabilidad y el acceso de los solicitantes a la prestación. Sin embargo, aunque el ministro puso en marcha la creación de dicha inscripción en septiembre, algunas fuentes afirman que todavía no ha llegado y que el tiempo corre en contra. Frente a esto, el Ministerio saca pecho de la aprobación del IMV y explica que espera aprobar la orden en de un par de semanas tras meses en consulta pública, como afirman fuentes de Inclusión.
Sin embargo, queda apenas un mes para que finalice el año y, suponiendo que se de pie a la mediación a mediados de diciembre, las organizaciones no gubernamentales ven que quedan cabos sueltos más allá de acreditar que son aptas para realizar la labor. Tras presentar una serie de documentación, como por ejemplo, explica Inclusión, demostrar que la entidad lleva al menos tres años en funcionamiento, hay diferentes casuísticas difíciles de resolver. Por ejemplo, como explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Comunicación de Cáritas, están obligadas a demostrar anualmente en un informe si existe un cambio de situación de los atendidos en el proceso de certificación. Y hay información, explica, a la que no pueden acceder. Como, por ejemplo, si una persona ha cambiado de residencia. «Ese dato está en el padrón, no es algo que tengamos», explica.
Así, aunque existe un borrador de la orden, el tiempo corre en contra y, más allá de los 40.000 hogares en ‘lista de espera’ que deben, difícilmente, abordarse en pocos días, hace falta asentar la mediación para agilizar el acceso de cara al futuro ya que, actualmente, solo accede a la prestación el 8% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza. Una «carrera de obstáculos» a la que se le suma la «brecha digital» de muchos solicitantes que no entienden la ‘enjundia’ del sistema. Un proceso todavía más urgente tras el dato devastador publicado por este mes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: en nueve meses, la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 previstos para este año, poco menos de la mitad de su presupuesto.
De esta forma, aún quedan ‘puntos ciegos’ que conviene atajar más allá de la noticia de un escudo social más amplio. En datos, tres de cada cuatro solicitudes se han denegado este año sin posibilidad de revisión. A la hora de hacer una reclamación previa, como explican fuentes conocedoras de los procedimientos llevados a cabo, las personas no tienen derecho a que se estudie el caso por no contar con abogado de oficio. En muchos casos, tanto el usuario como el trabajador social encargado, no saben por qué se ha desestimado una petición si estaba todo en regla. Luego está la necesidad de afinar el complemento del IMV con la Renta Mínima Autonómica, que a veces genera desajustes por errores en los Servicios Sociales. «Está habiendo muchos casos estos meses en los que llega una carta a los beneficiarios en la que se les pide reintegrar el dinero por cobro indebido, cuando reciben cantidades esencialmente indispensables y han hecho el trámite al pie de la letra. Los usuarios no saben qué ha pasado ni por qué, aunque ha habido un error en la Administración».
Para el año que viene, ya a la vuelta de la esquina, los PGE prevén que las prestaciones del IMV se revaloricen un 3% al estar vinculadas al de las pensiones no contributivas. Además, cuenta con una dotación de 1.402 millones al haber quedado incluidas dentro del ámbito de aplicación las familias con hijos menores a su cargo, tal y como queda recogido en el «libro amarillo». Se trata de uno de los puntos ‘estrella’ anunciado hace meses por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y del que hace gala la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al apuntarse el tanto de la ayuda mensual de 100, 70 y 50 euros a las familias vulnerables con hijos y renta baja. La medida pretende ser una ‘punta de lanza’ del propósito de implantar una renta universal de crianza al considerar que, precisamente, el IMV se queda corto.
Además de esta medida, las enmiendas incorporadas a la ley del IMV traen una retahíla de mejoras: optimizan la cuantía y las condiciones a personas con discapacidad, cubren a las personas que pierdan el paro automáticamente, protegen a 1.300.000 autónomos que tengan una sociedad inservible, rebajan el período de antigüedad en la unidad de convivencia, establecen que los jóvenes extutelados tengan acceso a la ayuda desde los 18 años y velan por ampliar la cobertura de acuerdo a los ingresos del año en curso. Unas modificaciones muy ambiciosas que, sin embargo, se ‘topan’ con el mismo problema que 2021 para ejecutarse: la necesidad de reforzar los Servicios Sociales ante la afluencia masiva de peticiones y evitar que la mitad del presupuesto se quede en el cajón. Tal y como ha pasado.
Fuente: La Información
