Los planes estratégicos de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que hoy conocemos en la actualidad antes fueron planes de Igualdad de Oportunidades. La legislación española tuvo el primero de ellos de 1998 a 1990 -estos planes suelen ser plurianuales, y se reparten en actuaciones que van desde el Estado pasando a las CCAA y a las entidades locales
Tras este plan de oportunidad vinieron los de 1993-1995; 1997-2000; y 2003-2006. A partir de esta fecha, los planes se convirtieron en planes estratégicos gracias a la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007. Desde 2016, España no ha vuelto a contar con un nuevo plan.
El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo («Día de la mujer») el Acuerdo por el que se da luz verde al III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que supone el compendio de la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025) del Gobierno de España y su principal instrumento para avanzar en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.
Los cuatro grandes ejes de intervención que vertebran el Plan son:
1) Buen Gobierno, enfocado hacia formas de hacer y decidir más inclusivas» asciende a 59 millones de euros, el 0,3% del total
2) Economía para la vida y reparto justo de la riqueza. Para este eje II se estima un presupuesto de 18.461 millones de euros, el 90,9% del total
3) Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres, contará con 972 millones de euros, el 4,8% del total.
4) Un país con derechos efectivos para las mujeres tendrá 826 millones de euros, el 4,1% del total
Mientras que los tres últimos dan cuenta de los retos de cambio social, el primero explicita cómo se van a crear las condiciones para que estos retos puedan ser abordados desde un modelo de gobierno que impulsa prácticas feministas y democratizadoras.
En cifras, los diversos elementos del plan expuestos se concretan en 4 ejes de intervención, 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y en 141 objetivos operativos.
El presupuesto global del PEIEMH 2022-2025, para todo el periodo de duración, asciende a 20.319 millones de euros. Supone un 387% más de recursos en políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. España pasa del 0,10% del PIB en presupuesto con impacto positivo en la igualdad a un 0,40% del PIB en el PEIEMH que se desarrollará en el período 2022-2025. Con respecto al presupuesto no financiero del Estado, el presupuesto en políticas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres supondrá el 4,4% frente al 1,1% del período 2014-2016.
El Plan dotado de 20.300 millones de euros tendrá que ser sufragado por los Presupuestos Generales del Estado de 2022, de manera que corresponde a un gasto por contribuyente de 1.000 euros, ya que España cuenta con alrededor de 20 millones de personas que cotizan a Hacienda.
La iniciativa llega justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido estos días que tendrá que rebajar su cuadro macroeconómico, puesto que las expectativas de crecimiento y el impacto de la invasión de Ucrania las han mermado, y por tanto acabarán afectando a los Presupuestos Generales de 2022. Unas cuentas públicas que en todo caso se proyectaron con números demasiado optimistas en su momeneto. Pese a ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó este martes que esta partida supone un 4,4% del total del presupuesto no financiero, mientras que en 2016, apenas significó el 1,1%.
Por partidas, la más abultada es la consagrada a la Economía para Vida, con 18.461 millones de euros, abarcando actuaciones encaminadas a un empleo digno, a la reducción de la brecha salarial, de la brecha en pensiones y de la precariedad en el trabajo, entre otras cuestiones.
El capítulo dedicado a erradicar la violencia machista cuenta con un presupuesto de 972 millones de euros. Un epígrafe -explicó ayer la ministra Montero- consagrado «a fortalecer los sistemas de respuesta de las instituciones con el objetivo de llegar a tiempo y prevenir los asesinatos machistas».
Para el eje de los derechos, Irene Montero ha consignado 826 millones de euros. Este capítulo pone el foco en la ayuda a mujeres con discapacidad, las migrantes, las racializadas que sufren mayores desigualdades de género y que no han sido bien atendidas, con el fin de que puedan sentirse protegidas al tiempo que se impulsa entre ellas el asociacionismo femenino.
Montero explicó que habrá enfoque de género en todo el ciclo de las políticas públicas que salen de cada ministerio, desde la elaboración de una ley o un plan, a un pliego de contratación pública o unas bases de subvenciones. Aparte de la transversalidad y la coordinación interinstitucional, también incluye canales de participación ciudadana y elaboración de estudios y estadísticas que contemplen el enfoque e impacto de género.
