EL GOBIERNO VASCO CIFRA EN 12.000 MILLONES EL PRESUPUESTO EN PENSIONES QUE QUIERE GESTIONAR DE LOS QUE 4.000 MILLONES SERÁN APORTADOS POR EL RESTO DE ESPAÑA

 

El Ejecutivo de Pradales reclama el cumplimiento íntegro del Estatuto, que incluye la ‘gestión económica de la Seguridad Social’

El traspaso se realizará sin romper la caja única, de manera que el dinero saldría del fondo común y Euskadi sería la ventanilla única

 

El Gobierno vasco fija para noviembre de 2025 uno de los hitos de la legislatura y de la política vasca en los últimos años: en esa fecha se debería zanjar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. A fin de dar cumplimiento a ese objetivo, recogido en el acuerdo PNV-PSOE que permitió la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno vasco ha comenzado a acelerar los trámites para que en poco más de un año se pueda cerrar ese cambio de manos de nada menos que 29 competencias. El traspaso de seis de estas materias se encuentra muy avanzado, aunque en el horizonte emergen también cuestiones técnicamente complicadas como la transferencia de la ‘Gestión económica de la Seguridad Social’, que el Ejecutivo vasco estima que supondría gestionar 12.000 millones de euros sin romper la caja única estatal.

 

Esta competencia está recogida en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, el primer estatuto en ser aprobado y el único que no ha sido actualizado. En el apartado b del citado artículo se recoge textualmente de la siguiente forma: Gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

 

Sin embargo, este traspaso se traduciría en que Euskadi se haría cargo de la gestión de las pensiones, pero sin tener una caja propia y sin tener la posibilidad de regular las pensiones. Es decir, el Gobierno vasco gestionaría la ventanilla única en lo relativo a las pensiones de la ciudadanía vasca, si bien los fondos que gestionaría seguirían partiendo de la caja única de la Seguridad Social.

 

Además, a ello habría que añadir el 6,24% del gasto total actual del Estado en funcionarios, edificios y otros gastos, como en cualquier transferencia de competencias. El Ejecutivo lleva “desde julio”, es decir, desde el mismo momento de tomar posesión, preparando ya una primera propuesta para hacérsela llegar al Gobierno de Pedro Sánchez antes de que finalice el año y con el ánimo de cerrar un acuerdo en 2025.

 

12.000 millones no es una cifra menor. El presupuesto total autonómico es de 15.000 euros en 2024 y la cartera con más peso económico, la de Salud, ronda los 5.000 millones de previsión de gasto anual. Actualmente, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tiene una dotación de unos 1.200 millones, un 10% de lo que supondría la Seguridad Social.

 

El objetivo del Ejecutivo vasco es que seis de las 29 competencias pendientes sean traspasadas antes de final de año, incluida la autorización inicial de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolla en Euskadi y Seguridad y Salud en el trabajo en el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Bizkaia.

 

En cualquier caso 12.000 millones no es una cifra menor. El presupuesto total autonómico es de 15.000 euros en 2024 y la cartera con más peso económico, la de Salud, ronda los 5.000 millones de previsión de gasto anual. Actualmente, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tiene una dotación de unos 1.200 millones, un 10% de lo que supondría la Seguridad Social.

 

La transferencia de la gestión de la Seguridad Social es la más relevante de la treintena de asuntos pendientes del Estatuto de 1979. Además, Pradales le añadió el deseo de gestionar también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y el FOGASA tras reunirse con el presidente este pasado viernes en La Moncloa. Es una materia nunca antes cedida a ninguna comunidad autónoma y que en el pasado fue muy cuestionada por sindicatos y partidos de izquierdas también porque la Seguridad Social es una caja única diferenciada de los presupuestos y con componentes de solidaridad entre generaciones y territorios. Euskadi, por ejemplo, es deficitaria, lo que implica que su aportación actual al modelo con las cotizaciones es inferior a lo que cobran los pensionistas vascos.

 

En puridad, el Estatuto prevé que Euskadi sea un cajero, como ya lo es con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es decir, que no regule las pensiones ni tenga una hucha propia, sino que sea el gestor del sistema en la comunidad autónoma. Se prevé expresamente que la transferencia se hará de acuerdo con el Estado y sin romper los principios de solidaridad interterritorial.

.

En 2022, el PNV vio el traspaso del IMV como un claro precedente para la Seguridad Social. Entonces se autorizó al Gobierno vasco a asumir funciones de pagos, intervención o control, mientras que el Estado retuvo la “legislación básica” y la “garantía de unidad” del sistema. Desde entonces, Lanbide gestiona con total normalidad este asunto. Los nacionalistas arrancaron en 2023 a Sánchez el compromiso de tener todas las competencias pendientes desde 1979 cerradas en 2025, incluida la gestión económica de la Seguridad Social.

 

Se da la circunstancia de que en el acuerdo de coalición en Euskadi entre PNV y PSE-EE la gestión de la Seguridad Social recaería en las carteras socialistas. En concreto, el consejero responsable sería Mikel Torres, titular de Economía, Trabajo y Empleo, donde también recae el IMV. En una entrevista en este verano, el también vicelehendakari fue muy cauto con el posible traspaso. Dijo que será algo “complicado” o incluso “muy complicado”. “De las transferencias pendientes es la más complicada, como es obvio y lógico”.

 

Lo cierto es que Euskadi arrastra un déficit en pensiones cercanos a los 3.800 millones de euros. Pero el PNV tiene claro que la pensiones son “un elemento diferencial básico” para que Euskadi y Navarra cuenten con un “bienestar claramente mejor que el español”. El importe de las pensiones contributivas que serán abonadas por el Gobierno vasco a partir de diciembre de 2025 según el calendario entregado por Pradales a Sánchez. De esta cantidad, el resto de los cotizantes españoles aportaron en 2021 un total de 3.568 millones de euros pero las últimas estimaciones sitúan ya el déficit en 3.800 millones de euros anuales.

 

El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social es el primer paso de un objetivo más ambicioso para conseguir una Seguridad Social en País Vasco y en Navarra diferente al del resto de España. El PNV sustentó en una ponencia aprobada en 2016 este objetivo. Desde entonces, los nacionalistas buscan la vía para aprovechar la “oportunidad para que Euskadi y Nafarroa se dote de un elemento diferencial básico para el bienestar claramente mejor que el español”.

 

La ponencia política del PNV establece tres hitos en el objetivo de contar con una Seguridad Social propia para Euskadi y Navarra: Negociar y conseguir la transferencia de la Seguridad Social, buscar una solución complementaria generalizada a la reducción de la Seguridad Social y tener un crecimiento económico superior al del Estado.