SUBVENCIONES “ORDINARIAS”
Ya es conocido que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, elevó hasta 17 millones de euros la partida de 2022 destinada a las organizaciones sindicales «en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas por la realización de actividades de carácter sindical«. Esos 17 millones de suponen una cifra récord, muy por encima del registro de J. L. R. Zapatero que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones y que posteriormente Mariano Rajoy las redujo a casi 8,9 millones. Pedro Sánchez aumento en 2021 esas subvenciones a 13,9 millones. Es decir, el Gobierno va a casi duplicar esta aportación (92,3% más) en sólo dos años, entre 2021 y 2022.
SUBVENCIONES “EXTRAORDINARIAS”
Los sindicatos podrían llegar a recibir más de 100 millones de euros extras en un solo año pues Bruselas ha dado luz verde a esa cantidad que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere gastar en la renovación de 42 sedes sindicales. Este dinero se enmarca en la “Inversión 4 del componente 11” del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, destinada a la ‘Modernización de las Administraciones Públicas’. Ese componente destina 1.070,7 millones de euros para la llamada “transición energética de la Administración General del Estado”, y los 100 millones para la reforma de las sedes sindicales salen de esa partida.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
C11.I4 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
La Comisión Europea estima que el gasto anunciado por España en el «Patrimonio Sindical Acumulado» compuesto por 42 sedes sindicales forma parte de las inversiones previstas para la «transición energética en la Administración pública» y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis explica que «el Patrimonio Sindical Acumulado es un activo inmobiliario propiedad de la Administración central española (es decir, es de propiedad pública) el cual se pone a disposición de los sindicatos y de las asociaciones patronales para su uso según lo previsto en la Ley 4/1986, de 8 de enero”.
El objetivo, dice la Comisión, es renovar los edificios para aumentar el número de instalaciones con alta calificación energética y “fomentar la implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías renovables en las instalaciones de la Administración central”. En ese sentido, Dombrovskis sostiene que las sedes de los sindicatos se pueden calificar como bienes de titularidad pública susceptibles de recibir estas ayudas para la transición energética.
La Comisión recuerda que las inversiones de este apartado tienen tres fechas indicativas de finalización: “tercer trimestre de 2024, cuatro trimestre de 2024 y segundo trimestre de 2026”.
LA SEDE DE UGT EN MADRID
El último guiño de Díaz a los sindicatos es la reforma de la sede de UGT. La dirección del proyecto se ha tasado en 62.000 euros, mientras que las labores de reforma han sido adjudicadas a Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales por 4.456.874 euros. Con esta inversión, que supera los 4,5 millones, el Ministerio de Yolanda Díaz sigue en su línea de agasajar a los sindicatos, con los que mantiene una excelente relación.
Sobre este asunto, Trabajo argumenta que : «La urgencia de este proyecto se fundamenta en la necesidad inaplazable de realizar las obras para la optimización y redistribución de espacios en las oficinas centrales de la UGT en Avenida de América, 25 en Madrid, atendiendo a los riesgos que se podrían derivar si se demora su ejecución, dada la antigüedad de las instalaciones de climatización, accesibilidad y de protección contra incendios, así como el estado deteriorado de carpintería, y el consiguiente riesgo inherente a la salud de las personas que trabajan en su interior», apunta.
Se prevé llevar a cabo un proceso de demolición (que afectará a paredes, mamparas, carpinterías, etc.) y uno de sustitución de los elementos retirados por otros adecuados a la nueva distribución. También se impulsarán modificaciones en el edificio en su conjunto en materias de accesibilidad, protección contra incendios y climatización (sustituyéndola completamente en planta baja). Se aprovechará la reforma para renovar suelos y techos.
UGT tampoco pagó en su día por esta sede, pues se trata de una cesión pública del Estado en la primera legislatura del Gobierno de Felipe González. Por tanto, el inmueble es propiedad del Estado pese a estar albergado por un sindicato, cuyas finanzas se nutren de las aportaciones de los trabajadores sindicados. Luis Pérez, secretario de Recursos y Estudios de UGT ha declarado que la sede de Madrid “no es propiedad de UGT, sino del Gobierno (sic)”, y criticó el “pésimo” estado del edificio.
EL PATRIMONIO SINDICAL
Por un lado está el Patrimonio Sindical Histórico, correspondiente al patrimonio incautado a los sindicatos tras la Guerra Civil. Esos sindicatos son básicamente UGT, CNT y ELA-STV y se resolvió en su momento con el pago de 149 millones € y 26 inmuebles y la CNT sólo recibió algunas migajas.
El Patrimonio Sindical Acumulado está integrado por inmuebles, cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales para que puedan desarrollar las funciones que les reconoce el ordenamiento jurídico. Está constituido por inmuebles propiedad del Estado y que derivan de los antiguos Sindicatos Verticales, y que se adjudican en cesión de uso, fundamentalmente a CCOO, pero también a UGT y a las organizaciones empresariales.
Es decir, a estas organizaciones, patronales y sindicales, además de las múltiples subvenciones que ya reciben les estamos financiado todo el tema de la infraestructura de locales.
