Sánchez acepta las condiciones del PNV para transferir el IMV antes de la reforma laboral
La cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al País Vasco de manera definitiva ya es oficial. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se han reunido este viernes28 de enero después de que la representante del Gobierno central haya confirmado por la mañana el traspaso a dicha comunidad del IMV de manera íntegra, definitiva y “sin límite temporal”.
Por su parte, el Gobierno Vasco se encuentra analizando ya la última documentación que le ha facilitado el Ministerio para materializar el traspaso del IMV, después del malestar que causó en el Ejecutivo Vasco y en el PNV la propuesta de transferencia del pasado mes de diciembre por la que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba la transferencia por un plazo de diez años prorrogables
La aceptación de las condiciones establecidas por los nacionalistas vascos se produce en plenas negociaciones para la reforma laboral. El PNV se mantiene en el no, al igual que otros socios del Gobierno como ERC o EH Bildu, haciendo peligrar la aprobación del decreto, que se votará el próximo jueves en el Congreso. Los nacionalistas vascos exigen que se garantiza la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. El Ejecutivo quiere evitar cambios en el acuerdo con los agentes sociales ante la amenaza de la patronal de descolgarse si se modifica el texto y busca seducir al PNV con otros gestos. El muro de rechazo levantado por ERC, junto a EH Bildu, CUP y BNG hace imprescindible el apoyo de los nacionalistas vascos para salvar el decreto, lo que también le daría una mayor legitimidad.
Las dificultades al ejecutar el Ingreso Mínimo Vital se ven agravadas en comunidades que redujeron ayudas a la pobreza, han fallado los sistemas de protección para combatir los efectos devastadores de la pandemia sobre la pobreza y la pobreza extrema. Múltiples estudios se han afanado en denunciarlo con estimaciones que apuntan a un sustancial incremento de personas en esa situación límite, con especial virulencia entre jóvenes, mujeres y los trabajadores más precarizados. El informe Foessa presentado el 18 de enero identificaba a más de 600.000 hogares en España sin ningún tipo de ingresos. Contra esa situación, el Gobierno promovió el ingreso mínimo vital (IMV) como instrumento destinado a paliar los daños en los primeros momentos de la crisis de la pandemia, pero su accidentada puesta en marcha y la complejidad de sus procedimientos derivó en un despliegue exageradamente lento: no llegó a su objetivo de beneficiar a 800.000 personas hasta un año después de su lanzamiento, en septiembre de 2021.
Todas las comunidades autónomas tienen competencias en servicios sociales que obligan a una coordinación más eficaz del sistema de protección en España, particularmente cuando hablamos de sectores muy desprotegidos y, a menudo, sin ni siquiera conciencia de las ayudas disponibles. Muchas comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja) decidieron reducir sus presupuestos, de modo que fuera la política estatal quien se hiciera cargo de la población más necesitada. Los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales son desoladores: en 2020 esas siete comunidades autónomas redujeron sus asignaciones de rentas de inserción de sus sistemas autonómicos cuando se puso en marcha el IMV. Disponían de algo más de 1.600 millones de euros para esa finalidad y la función del IMV debía reforzar esas ayudas regionales, no sustituirlas y era evidente que el IMV no llevaba la velocidad necesaria de aplicación ni era capaz de llegar a donde debía.
La puesta en marcha de la comisión de seguimiento del IMV, que acaba de aprobar el Gobierno, pretende agilizar las ayudas y los problemas de funcionamiento detectados en estos meses. Pero también debe servir para que Gobierno y comunidades autónomas coordinen sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
