El Gobierno intenta resucitar el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado

 Por una parte Escrivá está embarcado en una cruzada para impulsar la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa y necesita del banderín de enganche del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado para sustentar su proyecto de un macrofondo de pensiones de gestión pública, que pretende dar cabida a los planes de pensiones de empleo de empresa que ya operan en la actualidad e incluso también a los que se puedan crear en un futuro tanto grandes empresas como pymes o incluso autónomos.

El objetivo del departamento de José Luis Escrivá es reactivar este Plan de Pensiones de la AGE que lleva prácticamente inédito desde que en 2011, en plena ola de recortes, el Gobierno decretara la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios para evitar sobrecargarse con más compromisos de pago a futuro. Desde esa fecha, y siempre según la información oficial que proporciona anualmente la comisión gestora del plan, las contribuciones de los organismos de la Administración al plan no han sumado ni un millón de euros en diez años cuando en 2011 la aportación del Estado frisó los 55 millones de euros

Desde el año 2018 el único organismo del Estado que ha realizado aportaciones a su plan de pensiones ha sido el ICEX, que aportó 32.690 euros en 2019. El Estado no ha aportado un solo euro en los cuatros ejercicios que han transcurrido desde entonces. El olvido al que la Administración ha condenado a su plan de pensiones no ha salido gratis. El número de beneficiarios se ha desplomado desde los 625.000 de 2011 a los 523.000 del año 2019 y los fondos acumulados en el mismo apenas han pasado de los 586 millones a los 635 millones, principalmente por la rentabilidad de las inversiones en que se han materializado los recursos del fondo.

Por otra parte, el Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para llevar la subida salarios a los empleados públicos más allá del 2% pintado en el proyecto de Presupuestos de 2022, pero está dispuesto a hacerlo siempre que ese extra se materialice como un salario diferido a través de aportaciones a los planes de pensiones que están abiertos en el ámbito de la Administración y cuyo ejemplo más insigne es el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, que cuenta según el último dato oficial publicado por el Gobierno con 523.875 beneficiarios.

Representantes del Gobierno han tanteado ya a los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, en armas contra el Ejecutivo desde que éste decidiera imponer sin negociación previa alguna la subida del 2% a los funcionarios que se refleja en los Presupuestos, para conocer hasta qué punto estarían dispuestos a aceptar una subida adicional de medio punto, hasta el 2,5%, de las retribuciones básicas de los empleados públicos por la vía de una aportación presupuestaria a los planes de pensiones de los funcionarios.

Seguridad Social quiere aprovechar los Presupuestos de 2022 para reactivar las aportaciones del Estado al plan de pensiones de los funcionarios y los sindicatos no lo ven mal, desde la perspectiva de que puede servir para mejorar la oferta salarial planteada inicialmente por el Ministerio de Hacienda. El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, incluso ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, en la que insta al departamento a realizar las aportaciones pendientes a los planes de pensiones de los funcionarios desde el año 2018, ejercicio en que el Gobierno desactivó la prohibición normativa para realizar aportaciones a este instrumento que se instauró en el año 2011.

Fuente: La Información

ENLACE AL PLAN DE PENSIONES DE LA AGE