EL GOBIERNO DEGRADA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

El capital humano de una sociedad es la calidad de su cultura sociocultural, política y económica en cada momento histórico. En España, la degradación política y económica está a la vista de todos a causa de un gobierno en minoría chantajeado permanentemente por los socios que le invistieron y cuyo afán es sortear esos escollos para mantenerse en el poder pero con escasos esfuerzos en mejorar (o al menos no empeorar) las condiciones de vida de los cuiusasanos a los que, en teoría, se debe.

Economía, algunos datos

El deterioro de la economía es incuestionable, pese a la propaganda pues  somos el último país de la UE en crecimiento de la renta per cápita en el periodo 2017-2021 y entre 2004 y 2023 hemos retrocedido un 25% con relación a Alemania y un 40% con EE. UU.

La tasa de productividad laboral por hora trabajada está situada en 16,5 puntos por debajo de la media de la eurozona. Las ratios de déficit público y deuda respecto al PIB desvovados según indica la consultora Freemarket.

Todas las variables económicas están en jaque y se van degradando las condiciones de vida de los ciudadanos, nos hace peores: crece el tejido social de dependencias, de liderazgos tóxicos, la impunidad medra y la falsedad es lo corriente.

Educación

La educación tiene impacto en la vida sociopolítica y económica a medio y largo plazo. Todas las sociedades le dedican cuantiosos recursos y procuran integrar a toda la población, entre la infancia y la juventud, en el sistema educativo. Pero sólo los sistemas educativos de alta calidad convierten el gasto educativo en inversión por las sinergias personales, sociales y económicas que generan a medio y largo plazo.

Nosotros sumamos una alta tasa de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios básicos (13,6%, según la EPA de 2023) y encabezamos la tasa de desempleo juvenil con un 27,4 (Eurostat) y una escasa relación entre formación superior y empleo (somos el segundo país de la UE con mayor porcentaje de titulados universitarios desempleados). Es alarmante la sangría de jóvenes cualificados que marchan de España buscando mejores condiciones profesionales y laborales y en 2021, salieron de España 19.622 jóvenes con formación superior (INE), y 8 de cada 10 jóvenes universitarios trabajarían fuera de España, por la escasez de puestos cualificados.

Desde el año 2000, los informes trianuales PISA, con pros y contras, se han afianzado. Evalúan la educación básica en tres temas clave: comprensión lectora, matemáticas y ciencias, La mediocridad caracteriza el caso español pues con pequeñas variaciones nos mantenemos casi siempre por debajo de la media de la OCDE y de la UE. Un dato es especialmente regresivo: la reducción del porcentaje de alumnos excelentes sólo es un 5%, la media de la OCDE es del 7%, con Japón a la cabeza con el 16%.

La concepción instrumental de la educación está subordinada a fines políticos y antepone la ideología al conocimiento. Pero nuestro sistema de educación es un sistema fracturado, insolvente e ineficaz: y en 40 años no se ha pactado un sistema común y eficaz. Seguimos bajando por la pendiente de degradación que nos envilece y debemos saber que el pozo de la degradación no tiene fondo como acredita nuestra historia contemporánea.

La inseguridad jurídica

El buen o mal funcionamiento del sistema judicial es muy importante para la vida de los ciudadanos, incluso de aquellos que no han hecho nunca uso de él.

España vuelve a ocupar una posición muy retrasada en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) que elabora la Property Rights Alliance y publica el Instituto de Estudios Económicos. La edición del pasado 2023 sitúa a nuestro en el puesto 22 de un total de 37 y nos coloca un 4,2% por debajo del promedio observado en la Unión Europea. De hecho nuestro país ocupa posiciones en la parte baja del ranking en todas las categorías analizadas, especialmente en el entorno legal y político y en la protección de la propiedad física, donde figuramos entre los diez países con peores resultados durante todo el periodo analizado (2019-2022)”

La puntuación de nuestro país se ve penalizada fundamentalmente por la deficiente protección de la propiedad física y el impacto de los impuestos sobre propiedad. El estudio destaca el enorme daño provocado en el ámbito de la vivienda por la lacra de la ocupación y la burocracia urbanística circunstancias que inciden negativamente en la salvaguardia y la protección garantista de la propiedad.

Lo peor de todo es que los resultados de España en el IIDP no van a mejor y, de hecho, se enquistan, puesto que la nota general cosechada por nuestro país es de 6,5 puntos en 2023, idéntico resultado al cosechado en 2019. Por ejemplo advierte el estudio que “el objetivo del gobierno de crear 184.000 viviendas sociales puede ser inviable y no va a beneficiar a los colectivos más necesitados si no se centra en alquiler en vez de en compra. Además, en términos de encaje presupuestario, resulta inviable sin inversión privada

North (premio Nobel de Economía en 1993) decía que el mal o buen funcionamiento del sistema judicial es la principal explicación de que, en el largo plazo, unas economías se desarrollen y otras no.

Según un estudio de la OCDE, España se convirtió en la época de la gran recesión en el cuarto país más litigioso de la OCDE. En 2019, la justicia en España, en todo aquello relacionado con conflictos entre ciudadanos y empresas, tenía capacidad para resolver solamente 1 de cada 1,8 casos pendientes, en 2020 esta relación era de 1 de cada 2, mientras que el año 2021, ya afectado por la pandemia, registró la congestión más alta de toda la serie histórica, con un resultado cercano a 2.

La congestión judicial afecta también negativamente al sistema empresarial español. La seguridad jurídica hace que las empresas crezcan más, que encuentren los recursos que necesitan y soluciones más eficaces a sus problemas. No solo sería beneficioso para las empresas grandes, también para los emprendedores sería todo más sencillo. Perdemos hasta un 5 y 7% de emprendedores solo por no estar en el estándar judicial. La seguridad jurídica incrementaría además la tasa de entrada de las empresas del 8,8% al 9,5% y el crecimiento de las empresas pasaría del 1,1% al 2,8%.

La inseguridad jurídica también reduce el crédito que circula en la economía y si se lograra mejorar en un punto la congestión judicial, la tasa total del crédito respecto del PIB aumentaría un 0,32%. Al mismo tiempo las empresas invierten más si se sienten más seguras. Si se lograra una reducción de diez puntos en la tasa de congestión de la justicia se podría lograr un incremento medio de la inversión de 0,1 puntos porcentuales.

Además una justicia lenta cuesta mucho dinero. Buena prueba de ello está en que las grandes empresas (las que forman parte del Ibex-35) provisionan al año 12.000 millones de euros para hacer frente a posibles litigios unacantidad es algo más de lo que los Presupuestos Generales del Estado reservaron para todas las infraestructuras en España en 2021 y supera en cuatro veces lo presupuestado para toda la política de investigación y desarrollo de la sociedad de la información e innovación tecnológica de las comunicaciones.

Por otro lado, España gasta un 0,33% del PIB en justicia, algo más, aunque no mucho más, que otros países de su entorno.

Entre los condicionantes que pueden explicar por qué se litiga tanto en España está la complejidad de la regulación. Las nuevas normas aprobadas, ya sea a nivel central, autonómico y local el computo asciende a 386.850 normas publicadas en el reciente periodo democrático (1979-2020). Se necesitan más medios (más presupuesto), pero en esa inversión debería primar la digitalización que debería concentrarse en agilizar y liberar la carga de trabajo de la primera instancia (que muestra peores resultados que en otros países de la OCDE). Hay 10 sistemas gestión procesal diferentes en España (o 9, si no tenemos en cuenta al Ministerio Fiscal) lo que no parece para nada lógico si consideramos que la justicia es un poder central del Estado.

Natalidad e impuestos

España tiene una media de 1,19 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1. Una de cada cuatro mujeres nacidas en 1980 ya no tendrán hijos. Los recursos de tiempo y dinero para criar a un hijo son muy altos. Los padres son prisioneros del amor que sienten por sus hijos por parte de la sociedad y el Estado y no se les apoya suficientemente en la crianza. Esa política no es sostenible y en parte es la que reduce el número de nacimientos en nuestra sociedad. Los padres progenitores son 2,5 veces más apretados fiscalmente que los no que no tienen hijos. Eso hace que aunque las sociedades más ricas tengan menos hijos sucede el fenómeno de que las familias con mayores ingresos en los países ricos tienen más hijos desde el año 2.000.

 

Tener hijos debería de considerarse una actividad beneficiosa fiscalmente. Si por donar a organizaciones sin ánimo de lucro tenemos deducciones fiscales ¿acaso no debería de ser algo más normal mayores deducciones por tener más hijos?. En la antigua Roma se consideraba que tener hijos era equivalente a pagar impuestos. Los ciudadanos más pobres estaban exentos de contribuir fiscalmente al Estado, ya lo hacían teniendo hijos y se les denominaba “proletarii”, hombres que servían al estado siendo padres (proles).

Por otro lado, hay que plantearse si esta política es mejor mediante deducciones fiscales, dado que eso es algo que beneficia más a aquellos con mayores rentas. Existen otras opciones como transferencias de rentas, que en general suelen ser bastante insuficientes, al menos en España, donde están limitadas a los tres primeros años de vida para madres trabajadoras y a la iniciativa de algún que otro ayuntamiento.

Si queremos revertir la natalidad será necesario cambiar la política y apoyar mucho más aquellos que se deciden a tener hijos. Revertir la natalidad será imprescindible para mantener el estado del bienestar y las pensiones ya que la inmigración no seguirá creciendo a medida que disminuye la natalidad en los países de origen y aumenta el nivel económico de estos países y otros que son competencia a la hora de atraer población.

El envejimiento y las pensiones

En 2023, se han jubilado casi 900 personas cada día frente a las 2.000 que pasaron a ser población ocupada

La pirámide poblacional en España se ha invertido. Esto supone un reto en cuanto a la estabilidad del sistema de pensiones, pero también, para el mercado laboral en nuestro país. Dos de cada diez personas –los conocidos como generación baby boom– abandonaran la fuerza laboral en la próxima década, lo que lastrará la tasa de sustitución, igualando el número de jubilados al de las personas que se integran en la fuerza laboral.

Lo cierto es que, las reformas de las pensiones, que incluyen la indexación de estas prestaciones con el IPC medio anual, está provocando un importante agujero en las cuentas de la Seguridad Social. A cierre del mes de noviembre del pasado año -últimos datos disponibles del Banco de España-, el organismo acumula una deuda de 116.172 millones, lo que supone un récord histórico. Asimismo, el gasto en pensiones superaba por primera vez en su historia los 12.000 millones mensuales el pasado mes de junio.

La migración se ha convertido en el plan B para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En las proyecciones del ministerio de la Seguridad Social -antes ocupado por Escrivá  la incorporación a la fuerza laboral de este tipo de trabajadores puede ser un salvavidas. En 2023, los extranjeros afiliados a la Seguridad Social han aumentado en 208.057, lo que supone casi el 40% del total, con lo que el año se cerró con 2.668.776 trabajadores migrantes inscritos en el sistema, nuevo máximo a cierre de un ejercicio. Lasas personas migrantes han ocupado cuatro de cada diez nuevos empleos creados durante el pasado ejercicio en nuestro país. Pero, lo realmente llamativo es el ritmo de crecimiento: el avance interanual de la afiliación extranjera ha cerrado el año en el 8,5%, un porcentaje casi tres veces mayor de lo que ha aumentado el empleo total, que en 2023 creció un 2,7%. Así, la mano de obra foránea alcanza ya los 2.668.776 ocupados, lo que supone el 12,8% del total de personas cotizando.

De esta forma, la tendencia avanza un importante crecimiento de extranjeros que encuentran trabajo en nuestro país. Pero, ¿será suficiente? Los principales organismos internacionales, como la OCDE, ya han avisado a España de que la pirámide poblacional supone un importante desafío a la hora de garantizar la sostenibilidad de sistema. España necesitará tener 28,5 millones de personas cotizando a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas para esa fecha. Esto quiere decir que, en las próximas tres décadas, el sistema tendrá que sumar unos nueve millones de afiliados más de los que hay en la actualidad.

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