Se trata de uno de los puntos más controvertidos de la reforma estrella de Yolanda Díaz que el Congreso tumbó hace unas semanas
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este viernes en Ferrol que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo decreto sobre registro horario, tras el varapalo sufrido en el Congreso para reducir la jornada laboral. La medida supone rescatar por la vía rápida uno de los puntos más controvertidos de la reforma tumbada y que más críticas ha levantado entre la patronal.
Díaz ha defendido que el registro horario es una «pieza clave para la clase trabajadora» y ha vuelto a presentar la reducción de jornada como «el motor de arranque de la historia del derecho laboral». Los sindicatos le habían pedido expresamente segregar este apartado de la ley y tramitarlo de forma independiente, algo que la ministra ha hecho tras encajar el revés parlamentario. «El próximo martes va con carácter de urgencia a tramitación el control horario», ha asegurado.
El decreto obligará a registrar de forma digital cada jornada laboral bajo criterios de «objetividad, fiabilidad y trazabilidad». Los empleados deberán anotar personalmente sus horas de entrada y salida, así como cualquier interrupción, especificando si se trata de tiempo efectivo de trabajo, disponibilidad u horas extraordinarias. Las empresas, por su parte, tendrán que conservar esos registros durante cuatro años y entregar un resumen mensual junto a la nómina.
El Ministerio justifica la norma en el «fraude masivo» de horas extra no pagadas, que estima en más de 2,6 millones a la semana. Los sindicatos consideran que se trata de una herramienta «clave para garantizar derechos básicos» y acabar con una práctica que reduce salarios, cotizaciones y competitividad.
Para la patronal, sin embargo, la norma incrementará la carga burocrática y los costes, especialmente en las pymes. El principal temor radica en que las sanciones dejarán de aplicarse por empresa y pasarán a imponerse por trabajador en caso de incumplimiento, lo que multiplica el impacto económico. Además, el decreto presume la veracidad del registro aportado por el empleado, trasladando la carga de la prueba al empresario.
