Defiende las transferencias de impuestos y aboga por el «saneamiento definitivo» del sistema
126.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: el 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Es la deuda que acumula la Seguridad Social con el Estado tras más de tres décadas de impagos. El Gobierno reconoce el agujero, pero culpa a los milmillonarios préstamos que han pedido los distintos gobiernos desde los años noventa y defiende su modelo de transferencias directas de capital al sistema de las pensiones para asumir la parte del gasto que no cubren las cotizaciones sociales.
El Gobierno admite esta deuda histórica en una respuesta parlamentaria a una pregunta del Grupo Popular en el Congreso en la que los de Alberto Núñez Feijóo pedían explicaciones sobre un reciente informe del Tribunal de Cuentas que advertía de un patrimonio neto negativo de 98.526 millones de euros en la Seguridad Social a cierre de 2023, en un contexto en el que «los recursos propios del sistema de la Seguridad Social resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería».
El informe del Tribunal de Cuentas recoge una deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado de 116.166,41 millones de euros (98.997,76 millones entre 2017 y 2023 y otros 17.168,65 millones concedidos en los noventa para financiar las obligaciones pendientes del Insalud), que asciende a 126.170,2 millones si se añade el préstamo de más de 10.000 millones desembolsado en 2024.
«Esta tendencia, de instrumentar la financiación del Estado a la Seguridad Social mediante préstamos, en lugar de mediante aportaciones de sucesivas de transferencias, pierden su razón de ser puesto que, si bien garantizan la sostenibilidad presupuestaria del Sistema, aumentan el nivel de endeudamiento de esta», justifica el Gobierno, que añade que, según el criterio de Eurostat, «la financiación vía préstamos para entidades con patrimonio neto negativo, como es el caso de la Seguridad Social, es inadecuada, siendo la herramienta más apropiada para dicha financiación las transferencias de capital».
Con todo, el Ejecutivo considera «razonable afrontar el saneamiento definitivo de la Seguridad Social» después de más de tres décadas de impagos, aunque no aporta ninguna información sobre cómo pretende llevar a cabo ese saneamiento de las cuentas. En su informe, el Tribunal de Cuentas recoge el histórico de préstamos del Estado desde el año 1992 y llama la atención sobre el hecho de que «ninguno de estos préstamos, a pesar de haber transcurrido 31 años desde que se concediera el primero de ellos, ha sido devuelto, ya que los que carecen de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido sistemáticamente prorrogados».
A esto añade que «cuando la Seguridad Social ha tenido capacidad financiera suficiente, los recursos disponibles se destinaron a materializar las dotaciones del FRSS». Se refiere a la conocida como «hucha de las pensiones»; el fondo de reserva que llegó a contar con 67.000 millones de euros antes de que el PP empezara a vaciar la caja para hacer frente a las pagas extraordinarias que cobran los pensionistas en verano y Navidad. Ahora ha vuelto a superar los 10.000 millones gracias a los ingresos derivados de las subidas de cotizaciones sociales aprobadas por el Gobierno para sufragar la jubilación de la macrogeneración del baby boom.
Examen de la Airef
En su respuesta, el Gobierno culpa a los préstamos del hecho de que la Seguridad Social presente un patrimonio neto negativo e insiste en defender las transferencias, que es dinero procedente de los impuestos que se traslada de una administración a otra y que no afecta a la deuda total, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores. Aun así, el volumen de transferencias ha sido tal en los últimos años que suponen más del 80% del aumento de la deuda pública desde 2010. Un dato que pone de manifiesto las crecientes necesidades de financiación de un sistema cada vez menos contributivo en pleno debate sobre la injerencia del Gobierno en el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el impacto de la última reforma de las pensiones.
A principios de año, el Gobierno aprobó un decreto en el que estableció que la AIReF debía considerar como ingresos del sistema de las pensiones estos desvíos de impuestos, una maniobra de maquillaje contable para inflar el balance por el lado de los ingresos que no gustó en Bruselas. Por eso, el Ministerio de Seguridad Social se vio obligado a modificar esos criterios para sacar las transferencias de la ecuación y a pedir una nueva evaluación a la AIReF. Y ello a pesar de que los técnicos del organismo fiscalizador no tuvieron en cuenta la totalidad de las transferencias en el examen en el que concluyeron que no era necesario llevar a cabo nuevos ajustes en el sistema.
Esta misma semana, en la inauguración en Santander del seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, defendió el Pacto de Toledo como «uno de los grandes acuerdos políticos de la democracia española, que ha demostrado su eficacia para dotar de legitimidad y coherencia a nuestro sistema de pensiones y asegurarle un futuro suficiente, equitativo y sostenible». Además, aprovechó la ocasión para anunciar la puesta en marcha de INTegraSS, una nueva herramienta para proyectar el gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social que servirá de simulador para futuras reformas.
