AUSTRIA DA UNA LECCIÓN A ESPAÑA: SE JUBILAN A LOS 65 AÑOS, LA PENSIÓN SUPERA LOS 2.600 € Y EL SISTEMA ES PÚBLICO
El sistema español afronta nuevas reformas mientras crece el interés por modelos europeos que combinan cotización pública y ahorro individual.
El sistema público de pensiones en España ha ido sufriendo distintas reformas a lo largo de más de una década, destacando especialmente el retraso progresivo de la edad ordinaria de jubilación, que alcanzará su máximo fijado el próximo año 2026, en la edad de 67 años.
Además, hubo otras leyes enfocadas a desincentivar la jubilación anticipada, con una serie de coeficientes reductores que afectan a algunos trabajadores que incluso superan los 40 años de cotización. Todo ello, sumado a una deuda pública que supera el 105% del PIB, hace que el Estado se encuentre en una situación complicada si pensamos en su futuro.
Ante esta situación, una de las formas de poder encontrar la solución al problema existente es fijarse en los sistemas que están en marcha en otros países europeos, y uno de ellos es Austria, donde el modelo es exitoso gracias a su Abfertigung Neu o «mochila austriaca».
Este sistema, que fue puesto en marcha en el año 2023, busca hacer frente a la rigidez laboral y la falta de ahorro complementario, sustituyendo al modelo de indemnización por despido antiguo que había en el país por un fondo de capitalización individual.
Bajo este modelo, las empresas austriacas aportan cada mes un 1,53% del salario bruto del trabajador a una caja de previsión, que se hace llamar Vorsorgekasse. Este capital es gestionado por parte de entidades bancarias bajo la supervisión del Gobierno y acompaña al trabajador durante toda su vida laboral.
Esto implica que, en el caso de que un trabajador cambie de trabajo una o varias veces, no le afectará, ya que se trata de una «mochila» que viaja junto a él, de forma que se evita el coste de oportunidad que en España supone perder la antigüedad que uno haya acumulado.
La clave del modelo aplicado en Austria es que se trata de un sistema dual, de manera que, si un trabajador es despedido, puede cobrar el fondo en efectivo o mantener la inversión. Si el capital no se retira, se convierte en un complemento de pensión libre de impuestos al llegar a la edad de retiro.
Este sistema de capitalización individual permite a Austria diferenciarse del modelo español, donde las cotizaciones de los trabajadores activos son las que sufragan de forma directa a los pensionistas actuales.
El Banco de España sugirió la implementación de este mecanismo en España en su informe anual de 2020, estimando que serían necesarios unos 8.000 millones de euros de fondos europeos para afrontar el coste que supondría esta transición.
Su propuesta pasa por reducir los costes de despido, de manera que pasen de 20 a 10 días por año en el caso de despidos objetivos, y haciéndolo compensando al trabajador a través de las aportaciones mensuales que se hacen a este fondo.
Los expertos como Óscar Arce, exdirector del servicio de estudios de la institución, explicaban que es un modelo que equilibra la protección entre fijos y temporales, favoreciendo tanto la productividad como la eficiencia de la economía.
La propuesta del Banco de España no fue bien recibida por todos los organismos, y es que, a pesar de que los expertos consideran que implementar ese modelo en nuestro país sería una buena idea, este modelo choca con la postura de los sindicatos como CCOO y UUGt.
Estos consideran que la mochila austriaca facilita el despido de trabajadores al hacer que sea «predecible y financieramente neutro» para el empresario, de forma que pueda convertirse de facto en un despido libre prepagado.
En la defensa de su postura también indican que el porcentaje que propone Austria y que equivale a unos 5-6 días de salario por año, está muy alejado de la protección que ofrece la legislación española en la actualidad.
Por otro lado, hay ciertos economistas que aluden a que sería complicado de implementar por la situación financiera de las arcas públicas, pues la Seguridad Social no se puede permitir prescindir de ingresos por cotizaciones en un contexto de déficit estructural.
Su puesta en marcha en España supondría un proceso de transición que implicaría un gran esfuerzo público desde el inicio para evitar que las empresas paguen doble, ya que tendrían que pagar las indemnizaciones devengadas, por un lado, y las aportaciones al nuevo sistema, por otro.
España es una excepción en Europa. Mientras hay países en el continente que tienen sistemas distintos o los van a poner en marcha próximamente, como la activación de fondos de capitalización obligatorios en Irlanda o las cuentas nocionales y el «sobre naranja» que informa de manera transparente sobre la futura pensión en Suecia, España sigue siendo una excepción.
Nuestro país presenta una tasa de sustitución que es más generosa que la del resto de países del continente, con una pensión que cubre el 86,4% del último salario medio, pero no tiene un segundo apoyo de ahorro empresarial robusto.
En cualquier caso, Austria da una lección a España en materia de sostenibilidad, y que deja claro que alcanzar no solo depende de lo que paga el Estado en la actualidad, sino de cuánto se ha conseguido incentivar el ahorro individual en el pasado.
Sin mecanismos de ajuste automático y ahorro complementario, España corre el riesgo de que las nuevas generaciones acaben ahogadas por una presión fiscal con la que es difícil lidiar, con un futuro incierto del sistema de pensiones.
DINAMARCA DA UNA LECCIÓN A ESPAÑA CON LAS PENSIONES: JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS, PAGA DE 2.180 € Y FONDOS MIXTOS
El país danés ofrece una serie de ventajas en sus pensiones en un sistema de tres pilares: pensión pública, planes de empresa y ahorro individual.
Dinamarca vuelve a situarse como referente mundial en pensiones y su modelo deja en evidencia algunas de las debilidades estructurales del sistema español.
En 2026, el país nórdico mantiene uno de los esquemas de jubilación más sólidos del planeta gracias a una fórmula que combina pensión pública, ahorro privado y una planificación totalmente digitalizada.
El resultado es una pensión mínima garantizada cercana a los 2.180 euros mensuales, muy por encima de la media europea, aunque con una contrapartida clara: trabajar más años.
El sistema danés ocupa el tercer puesto mundial en el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025-2026, con una puntuación de 82,3 sobre 100, una calificación de «Clase A» reservada a los modelos más robustos y sostenibles.
Su gran fortaleza está en la sostenibilidad, con una nota de 85 puntos, lo que significa que está preparado para soportar el envejecimiento de la población sin poner en riesgo las prestaciones futuras.
La clave del éxito está en su estructura basada en tres pilares. El primero es la Folkepension, una pensión pública universal financiada mediante impuestos y destinada a garantizar que ningún jubilado caiga en la pobreza.
El segundo pilar son los planes ocupacionales obligatorios, financiados conjuntamente por empresa y trabajador y que cubren al 90% de los empleados.
El tercero corresponde al ahorro individual voluntario, pensado para quienes desean aumentar aún más sus ingresos durante la jubilación.
Gracias a esta combinación, la pensión pública básica en Dinamarca se sitúa en 2026 entre 950 y 970 euros mensuales. A esa cantidad se suma un complemento de entre 8.000 y 9.000 coronas danesas para quienes no disponen de otros ingresos o ahorros.
De esta forma, un jubilado soltero puede alcanzar una prestación mínima bruta de unos 2.180 euros al mes, una cifra muy superior a la pensión mínima española.
Además, al sumar los fondos ocupacionales, la pensión media anual en Dinamarca ronda los 30.540 euros, situándose entre las más elevadas de Europa.
Este sistema ofrece transparencia total: cada ciudadano puede consultar en tiempo real, a través de la plataforma PensionsInfo.dk, cuánto cobrará cuando se jubile, eliminando la incertidumbre que todavía persiste en otros países.
Sin embargo, esta estabilidad tiene un precio. En 2026 la edad legal de jubilación en Dinamarca es de 67 años, y ya está previsto que suba a 68 en 2030 y hasta 70 años en 2040, la más alta proyectada en toda la Unión Europea.
Además, las pensiones tributan como salario y para cobrar la pensión completa se exige haber residido en el país al menos nueve décimas partes del tiempo desde los 15 años hasta la edad de retiro.
Frente a este modelo, España mantiene un sistema casi exclusivamente público basado en el reparto, donde las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones presentes.
En 2026, la pensión media de jubilación ronda los 1.552 euros mensuales, mientras que la mínima con cónyuge a cargo se sitúa en unos 1.256 euros. No obstante, a pesar de las cifras, el sistema presenta más dificultades de sostenibilidad.
La edad de jubilación en España sigue aumentando de forma progresiva: quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, y en 2027 la edad general llegará a 67 años.
A esto se suman nuevas cargas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 eleva las cotizaciones para reforzar la financiación del sistema.
La comparación es inevitable: mientras Dinamarca ha blindado sus pensiones con un modelo mixto y sostenible, España continúa apoyándose casi exclusivamente en el sistema público.
