Seguridad Social emplea 82.610 millones de euros para pagar las pensiones
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha empleado 82.610 millones de euros para pagar las pensiones hasta junio,un 6% mas que en 6% más que en los seis primeros meses de 2025, cuando se gastaron 77.927 millones. Este incremento es consecuencia de un mayor número de personas que reciben algún tipo de prestación contributiva, sobre todo, jubilados, y de la revalorización de las nóminas con el IPC.
Así, el departamento de Elma Saiz ha empleado ya el 51% del presupuesto para esta partida durante 2026. Dentro de las pensiones contributivas, el grueso va dirigido a pagar las nóminas de los jubilados. En concreto, se han destinado 60.859 millones para costear este tipo de prestaciones en el primer semestre del año, Le siguen las de viudedad, con 12.518 millones; y las de invalidez, con 8.074 millones, También se dirigieron 945 millones para costear las de orfandad.
La Seguridad Social abonó en junio –últimos datos disponibles– un total de 10,4 millones de pensiones a casi 9,5 millones de personas. La nómina media del sistema alcanzó los 1.371,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,6% respecto al sexto mes de 2025. Además, cerca de 6,5 millones percibieron la prestación por jubilación. Esta se sitúa en 1.572,8 euros al mes.
En 2023 se registraron 326.949 altas de jubilación y en 2024 la cifra ascendió a 368.065, un 12% más. Además, el año pasado se alcanzaron 375.324 nuevos retiros, el dato más elevado del registro del departamento de Elma Saiz. Expertos como la AIReF señalan que durante los próximos años seguirá aumentando el número de nuevas altas de jubilación.
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Las ayudas del Estado para sufragar las pensiones crecen un 10,4% en cinco meses
La financiación estatal de la Seguridad Social muestra una marcada tendencia al alza. Hasta el 31 de mayo, las transferencias del Ejecutivo destinadas a sufragar los distintos tipos de prestaciones, especialmente las pensiones, se elevaron a 14.748,9 millones de euros, un 10,4% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a casi 1.389 millones adicionales, según un documento de la Intervención General de la Administración del Estado. Si se mantiene este ritmo los desembolsos en esta rúbrica pueden llegar a un nivel histórico en el cierre de 2026.
En los cinco primeros meses de este año, el Estado ejecutó el 38% de la dotación presupuestaria adicional prevista para este año mediante aportaciones a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025, los desembolsos acumulados ascendían a 13.360,3 millones. Estos recursos se añaden a los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para financiar este tipo de prestaciones.
Dentro del presupuesto de la Seguridad Social, la mayor parte de los recursos se destina a financiar las prestaciones económicas del sistema, especialmente las pensiones contributivas, que concentran el grueso del gasto y constituyen el principal compromiso financiero del organismo. Hasta finales de mayo de 2026, el departamento que dirige Elma Saiz destinó 68.648 millones de euros al pago de estas prestaciones.
Las pensiones de jubilación absorben la mayor parte de ese gasto. Esto se debe tanto al elevado número de beneficiarios como a que la cuantía media de estas prestaciones es superior a la del resto de pensiones contributivas. En concreto, las pensiones de jubilación sumaron un gasto de 50.590 millones de euros, lo que equivale al 73,69% del desembolso total en pensiones contributivas. Además, el peso de esta partida continuará creciendo en los próximos años como consecuencia de la progresiva jubilación de la generación del baby boom. Esta evolución demográfica incrementará el número de pensionistas y, en consecuencia, las necesidades de financiación del sistema.
Tras las pensiones de jubilación se sitúan las de viudedad, con un gasto de 10.420 millones. En la actualidad se abonan algo más de 2,34 millones de estas prestaciones. Les siguen las de incapacidad permanente, con 6.711 millones de euros, y las de orfandad, con 788 millones, según los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El principal destinatario
La Seguridad Social se mantiene como el principal destino de las transferencias. Concentra una dotación de 38.786,5 millones de euros en 2026. Esta cifra es ligeramente superior a los 38.749,1 millones consignados un año antes, según consta en el documento.
En el conjunto de la Administración, el Estado ha transferido 48.774 millones adicionales a los presupuestos, un 31,8% del total estimado para este año (153.373 millones). Además, se trata de un 0,10% más que lo ejecutado respecto al mismo periodo de 2025. También la transferencia total es un 0,6% más que el ejercicio anterior.
Por organismos, la Seguridad Social concentra el mayor volumen de transferencias y recibe el 30% del total. Le siguen las Familias e Instituciones sin Fines de Lucro, que representan el 22% de las transferencias, con 10.680 millones, y las entidades locales –principalmente los ayuntamientos–, con el 19% del total, equivalente a 9.306 millones.
Si se analiza el presupuesto para transferencias anual previsto, las comunidades autónomas ocupan el segundo lugar entre los organismos con mayor financiación. El Estado prevé transferirles 31.592 millones a lo largo de 2026. Sin embargo, hasta mayo únicamente había desembolsado 2.447 millones.
Unos presupuestos congelados
España funciona con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados. Las cuentas aprobadas para 2023 se extendieron primero a 2024 y posteriormente a 2025, debido a la falta de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos nuevos presupuestos.
La misma situación se ha repetido en 2026, por lo que el Gobierno sigue gestionando con unas cuentas públicas prorrogadas. Esta circunstancia reduce su margen de actuación, ya que dificulta la creación de nuevas partidas de gasto o el aumento estructural de la financiación de los ministerios. En la práctica, estos deben operar con los créditos previstos en los presupuestos vigentes, salvo que se aprueben modificaciones presupuestarias o medidas específicas por otras vías.
Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de los PGE para 2027, que marcarán el cierre de la legislatura. Sin embargo, las negociaciones con los grupos parlamentarios no están dando los frutos esperados.
De hecho, el Congreso de los Diputados rechazó por segunda vez consecutiva, en su última sesión, la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Ministerio de Hacienda. Se trata de un trámite imprescindible para avanzar en la elaboración de los presupuestos. La senda de estabilidad establece los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años y determina el límite de gasto con el que podrán contar las distintas administraciones antes de que el proyecto de presupuestos llegue a las Cortes.
La propuesta rechazada contemplaba un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8 % del PIB en 2027, del 1,6 % en 2028 y del 1,5 % en 2029. Sin su aprobación, el proceso presupuestario queda paralizado, ya que el Gobierno no puede continuar con la tramitación de unas nuevas cuentas que sustituyan a las actuales
Fuente; El Ingreso Mínimo Vital llega a 879.225 hogares en julio, un 16,9 % más que hace un año
