Seguridad Social tiene hasta junio para aprobar cambios en la jubilación flexible
Los próximos pasos de la Seguridad Social se mueven alrededor de la jubilación flexible. Lo ha recordado esta mañana el secretario de Estado del Ministerio, Borja Suárez, en las jornadas convocadas por el Consejo General de Economistas, Novedades en compatibilidad de pensiones, que ha marcado como «próximo paso» un nuevo Real Decreto que regule la vuelta de los jubilados al mercado laboral. Una medida que entra dentro de los compromisos adquiridos por el Departamento de Elma Saiz con los agentes sociales y que ya está encima de la mesa de negociación.
El Gobierno ha trabajado los últimos años bajo la filosofía de aumentar la edad media de jubilación dando más flexibilidad al cobro de salario y pensión o penalizando las salidas anticipadas. Tras aprobar el Real Decreto-ley 11/2024, que introdujo cambios en la jubilación parcial, activa y demorada, llega la hora de la modificar el retiro flexible. Según el calendario establecido por el Ministerio junto a los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, Seguridad Social tiene hasta el mes de junio para introducir cambios en la regulación de la jubilación flexible mediante un Real Decreto. Es decir, tiene algo más de tres meses para pactar las modificaciones en dicha modalidad de retiro tal y como ha recordado esta mañana el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
Para los sindicatos, la nueva regulación debe mejorar la cuantía de la pensión que se puede percibir al tiempo que se compatibiliza con trabajo. Según Bravo, ahora se trata de acordar si la compatibilidad se hace desde el tiempo parcial o el tiempo completo o entrando desde la jubilación o en algunas otras circunstancias.
Con la regulación actual, apunta Bravo, el número de personas que se acogen a la jubilación flexible se cuentan «por centenares». Es decir, una cantidad residual en comparación con los 9,3 millones de pensionistas que hay en nuestro país.
El secretario de Estado ha defendido la jubilación flexible como una forma de «reenganchar» a las personas trabajadoras ya jubiladas al mercado de trabajo. «Todos conocemos casos de gente que se jubila y que a los seis meses dice: es que a mí me gustaría poder mantener algún nivel de actividad. Esto es una oportunidad que tenemos de incorporar a personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y que tienen ganas de seguir en activo», ha indicado. Por ello, ha defendido la necesidad de buscar «incentivos» para que estos trabajadores jubilados puedan volver a incorporarse al mercado laboral.
Suárez, sin embargo, no se ha quedado ahí, sino que ha defendido de forma generalizada la importancia de incentivar una salida más tardía del mercado laboral: «No tenemos trabajadores suficientes para seguir creciendo y, más allá de toda la política migratoria, que es un pilar fundamental, tenemos que dar un impulso para hacer atractivo el mantenimiento de la actividad», ha añadido Suárez.
La jubilación flexible es uno de los compromisos pendientes del Ministerio tras pactar la nueva regulación para la jubilación activa y parcial, que entrará en vigor el próximo 1 de abril. Medidas que, en conjunto, pretenden igualar a España a los países de su entorno para lograr «una salida menos abrupta del mercado de trabajo» y que, según Suárez, han derivado en que la jubilación anticipada suponga ya menos del 30% del total.
Nueva meta del Gobierno en pensiones: «reenganchar» a los ya jubilados para que vuelvan a trabajar
«Reenganchar» a las personas ya jubiladas que, de manera voluntaria, deseen reincorporarse al mercado de trabajo es la próxima meta del Gobierno en materia de pensiones, tras haber completado en 2024 la reforma de las otras tres grandes modalidades de jubilación, es decir, la jubilación parcial, activa y demorada; cambios que han sido sancionados por el Parlamento y entrarán en vigor el próximo día 1 de abril de 2025.
Así lo ha confirmado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, al asegurar que el «próximo paso» del Ministerio será acordar con los agentes sociales (los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme) una nueva regulación para la jubilación flexible. Una modalidad de retiro que, a su juicio, representa «una oportunidad de incorporar a personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y ganas de seguir en activo».
Aunque no ha detallado qué propuestas llevará a la mesa de diálogo social, sí ha indicado que diseñarán «incentivos» para estos trabajadores jubilados que deseen compatibilizar el cobro de su pensión con el empleo.
Al hilo de estas declaraciones del secretario de Estado, los sindicatos le han recordado que la nueva regulación del retiro flexible debe estar lista antes de verano y hacerse de manera que se mejore la cuantía de la pensión que se puede percibir al tiempo que se compatibiliza con el trabajo. Más en concreto, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO, ha subrayado que deberán «acordar si la compatibilidad se hace desde el trabajo a tiempo parcial o completo, o entrando desde la jubilación o en algunas otras circunstancias».
La advertencia de los sindicatos no es baladí, ya que la negociación de la jubilación flexible arrancó oficialmente a finales de enero de 2025, en una mesa de diálogo presidida por la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, cumpliendo así con el cuarto acuerdo en pensiones, entre el Gobierno y los agentes sociales, pero de la que, a mediados de marzo, aún no se conocen detalles de los anunciados incentivos.
La meta del Ministerio es hacer más atractiva la jubilación flexible, calificada hoy en día de «muy restrictiva», y para ello planteará mayores incentivos, con toda probabilidad, una mejora de los porcentajes de pensión a percibir por todas aquellas personas que, estando ya jubiladas, decidan volver a trabajar de manera parcial.
Mientras llega la reforma prometida por el Gobierno, la jubilación flexible es la que se produce cuando un jubilado decide trabajar por cuenta ajena y a tiempo parcial, con lo que pasa a compatibilizar el cobro de parte de su pensión con la renta salarial que le proporcione el empleo.
En cuanto al importe de la pensión, esta se recorta en proporción inversa a la rebaja de la jornada laboral: si la reducción de la jornada es del 50%, la pensión se reducirá a la mitad.
Como requisito lógico, la persona debe estar jubilada, y su jornada laboral será del 75%-50% de una jornada de trabajo a tiempo completo. Las cotizaciones que pague el jubilado-trabajador contribuyen a ampliar la cuantía de la pensión.
En la actualidad, a este sistema se pueden acoger todos los regímenes de la Seguridad Social, salvo autónomos y funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Justicia.
Fuentes:
