La ausencia de un Gobierno estable ha provocado que en los últimos años se produzca un parón en las reformas estructurales entre las que está la reforma de las pensiones en busca de la sostenibilidad del sistema público. La futura llegada al sistema de la generación del babyboom, a mediados de la próxima década, hace peligrar la sostenibilidad del mismo, en un momento en el que a la hucha de las pensiones le quedan solo 1.500 millones, cuando el desfase anual supera los 18.000 millones desde hace cuatro años.
El anterior Ejecutivo del Partido Popular pactó con PNV en abril de 2018 para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales de ese año el retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones hasta 2023 y la revalorización de las pensiones con el IPC para ese ejercicio y 2019, frente al 0,25% previo aprobado en la reforma de 2013. Una circunstancia que el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo para este año y que prevé prolongar si gana en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.
En la calle mientras se ha instalado el debate sobre la actualización de las pensiones, con protestas de los pensionistas reclamando una pensión mínima de 1.050 euros, una reivindicación que ha sido acogida por formaciones políticas como Unidas Podemos, que aboga por garantizar por ley la revalorización de estas prestaciones con el IPC y blindar esa garantía en la Constitución.
A todo ello se suma el debate sobre un sistema de pensiones complementario al público, fomentando el ahorro de los trabajadores mediante planes o fondos de pensiones u otros vehículos de previsión social, que no terminan de despegar en España.
Fedea propone recortar el gasto en pensiones y subir la edad de jubilación
Ángel de la Fuente, director general de Fedea, ha advertido sobre el deterioro de los «fundamentos» del sistema público de pensiones, afirmando que «no parece que vayan a mejorar en los próximos 30 años».
El experto ha propuesto, durante su intervención en un foro sobre pensiones organizado por Ibercaja y ‘Cinco Días’, «reformular» la política de pensiones implementando «medidas de contención del gasto» que se distribuyan entre todos los implicados, incluidos los pensionistas actuales. Para los futuros pensionistas, sugirió la adopción de medidas que reduzcan la «generosidad» de la pensión media en comparación con el salario medio.
De la Fuente también ha defendido la necesidad de indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida, una medida que ya se ha aplicado en otros países europeos. Esto significa que la edad de jubilación se iría retrasando a medida que la esperanza de vida de la población aumenta.
De la Fuente propuso que la indexación de las pensiones al IPC sea únicamente parcial. Además, sugirió la implementación de un recargo en el IRPF para hacer frente a los mayores gastos futuros del sistema público.
Por su parte, Mirenchu del Valle, presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), ha señalado que se presenta una notable «oportunidad» para impulsar los planes de pensiones de empleo, especialmente ahora que el próximo año habrá 1.700 convenios colectivos listos para ser negociados.
«Este año se abren a negociación 1.700 convenios. Creo que es un punto de oportunidad incorporar en esa negociación lo que es la previsión complementaria», afirmó Del Valle durante su intervención en el foro’.
Asimismo, la presidenta de Unespa ha manifestado que «hay interés» en este tema por parte de los distintos sectores, mostrando su confianza en que se tratará durante las negociaciones. No obstante, también ha pedido a los reguladores que las contribuciones de los trabajadores no estén atadas a las de los empleadores.
En este sentido, recordó una propuesta anterior de Unespa que permitiría a los empleados aportar a su plan individual utilizando los límites de un plan de empleo, con el compromiso de transferirlo al plan sectorial una vez que esté establecido.
Por su parte, Elisa Rincón, directora general de Inverco, coincidió en que un modelo sectorial «es una buena idea porque tiene economías de escala». Sin embargo, advirtió que si no se establece la obligatoriedad de implementar estos planes, la negociación colectiva podría carecer de «incentivos lo suficientemente potentes».
Rincón también subrayó que, debido a la reducción de los límites en las aportaciones individuales, desde 2020 los planes de pensiones han dejado de recibir unos 10.000 millones de euros en aportaciones, cifra que podría ser aún mayor si se considera la rentabilidad acumulada que estos fondos podrían haber generado.
