En pocas semanas se conocerá el IPC de noviembre, el dato que todos los años es clave para estimar la revalorización de la que se beneficiarán las pensiones en el siguiente ejercicio.
Pese al relajamiento que muestra la inflación en la segunda mitad de 2024, debe recordarse que la actualización de estas prestaciones tomará como referencia el promedio de los 12 meses transcurridos desde noviembre de 2023, y comprenderá periodos en los que la tasa de precios era sensiblemente más alta que la actual, lo que eleva la media.
Todo apunta así a que la subida de las pensiones en 2025 estará muy cerca del 3% y la Seguridad Social desembolsará 5.000 millones más por este concepto, sobre un gasto que ya roza el nivel récord de los 13.000 millones (cada mes). Un año más, se hará patente el creciente esfuerzo que supone para el sistema público de protección la indexación directa –y garantizada frente a cualquier otro indicador económico– de estas prestaciones con el IPC. La legítima protección del poder adquisitivo de los jubilados tendría que volver a coordinarse con la consideración de factores como el incremento de la esperanza de vida, la creación de empleo o la evolución del PIB.
La reforma de pensiones en vigor, sin embargo, ignoró todos esos amortiguadores en beneficio de la elevación de cotizaciones o de la creación de otras nuevas –aunque estas últimas son stricto sensu impuestos, porque no mejoran la pensión del contribuyente–. Una solución de esta índole es, además de injusta, manifiestamente insuficiente para apuntalar el futuro de la Seguridad Social, presionada por el rápido envejecimiento demográfico y por un costoso blindaje de las pensiones, que solo obedece a intereses políticos.
Fuente: El costoso ‘blindaje’ de las pensiones
