El Fondo Monetario Internacional (FMI) también critica la reforma de las pensiones y advierte sobre la reforma laboral

El FMI tras culminar su ‘misión a España’ muestra la preocupación generada por la reforma de pensiones aprobada hoy mismo por el Congreso y critica que el Gobierno “ha priorizado la aceptabilidad social” con la reforma, pero alerta de que “persiste la inquietud sobre la sostenibilidad en caso de que no se implementen medidas adicionales”.

El Fondo advierte que la indexación de las pensiones al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad provocarán un incremento del gasto de 3,5 puntos del PIB hasta 2050. En cifras actuales, esto supondría más de 100.000 millones de euros de gasto adicional, una cifra inasumible actualmente para el sector público. Si bien es cierto que “parte del aumento se verá compensado por otras medidas propuestas en la primera fase de la reforma”, el Fondo lamenta que para “preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas se requieren esfuerzos adicionales”.

 

Entre las medidas que recomienda a España se encuentran la prolongación de la vida laboral o el incremento de los ingresos subiendo las bases máximas de cotización. Unas medidas que también tendrían una importante contestación social, pero de alguna forma tendrá que cuadrarse la sostenibilidad futura del sistema.

De esta forma, el FMI se suma a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al Banco de España y afea al Gobierno que la reforma planteada no garantiza que el sistema sea sostenible en el largo plazo. Hace solo unas semanas, la OCDE ponía el foco sobre que España no cuenta con un sistema de ajuste automático de las pensiones a largo plazo que sustituya al factor de sostenibilidad, más allá de su vinculación al IPC. En este sentido, advertía de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) no compensaba el gasto que supone vincular las pensiones año tras año a la inflación. El organismo también instaba a la aprobación de más medidas, al considerar que el panorama demográfico español impediría la sostenibilidad del sistema en 2050.

En la rueda de prensa posterior a la publicación de las conclusiones del FMI, la responsable del mismo, Dora Iakova, ha asegurado que “el próximo año se deberán aceptar nuevas medidas”. “Creo que sería positivo para crear confianza para el sistema. La segunda fase será muy difícil de acordar, pero es muy importante”, ha insistido. Para la jefa de la misión del organismo para España estas medidas no deben tomarse como una simple recomendación sino como una necesidad si se quiere que la reforma de las pensiones traslade el mensaje de credibilidad y sostenibilidad que le exigen, entre otros, la Comisión Europea.

 

El Fondo también hace un repaso a la reforma laboral que está negociando el Gobierno con los agentes sociales y que debería estar aprobada en Consejo de Ministros en sólo una semana. El Fondo no recomienda en ningún momento reformar la negociación colectiva, el punto que es el más importante para los sindicatos (ultraactividad del convenio colectivo, subcontratación y prevalencia del convenio sectorial).

 

Lo que sí aplaude el Fondo es la propuesta del Gobierno para combatir la temporalidad en sectores en los que no está justificada y en los que España comete sistemáticamente abusos de la temporalidad. “Se debe desincentivar el uso de contratos temporales para trabajos permanentes”, señala el FMI, pero al mismo tiempo, pide flexibilizar las condiciones de despido de los trabajadores indefinidos para reducir la brecha de protección existente entre las dos modalidades contractuales, temporal e indefinida. Esto no significa recortar las indemnizaciones de despido, sino “reducir el coste generado por la incertidumbre jurídica” de los despidos. En este sentido, advierte de que la reforma debe atacar la excesiva temporalidad del mercado de trabajo y el problema del paro juvenil y de larga duración, sí, pero también debería preservar la flexibilidad de la negociación colectiva e incentivar la contratación indefinida, por la vía, dice, de reducir sus costes para las empresas. Algo que ni se ha planteado por parte del Gobierno ni hay expectativa que se plantee.

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