Países como Dinamarca, Suecia, Italia o Portugal cuentan ya con este mecanismo de ajuste automático para mejorar la sostenibilidad de las pensiones
El Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a advertir sobre la necesidad de atajar el creciente agujero de las pensiones. En su último Monitor Fiscal, el departamento de Finanzas Públicas del organismo señala que «vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida puede frenar la rigidez del gasto y mejorar la sostenibilidad de las pensiones, especialmente en las economías avanzadas». Un mecanismo de ajuste automático que ya han adoptado países como Dinamarca, Suecia, Italia o Portugal.
«Aunque cierto grado de rigidez en el gasto puede ser beneficioso —como el que se deriva de los compromisos con proyectos de inversión plurianuales o la consecución de objetivos a largo plazo—, la rigidez también puede derivarse de gastos exigidos por ley, como el gasto en pensiones para las poblaciones envejecidas. Durante los períodos de volatilidad macroeconómica, presiones fiscales o crisis, un alto grado de rigidez puede obstaculizar las reformas necesarias en materia de gasto», advierte el FMI.
La idea de alargar la vida laboral para reducir el gasto en pensiones no es nueva. En Alemania un equipo de expertos independientes ya lo han puesto sobre la mesa, y la Comisión Europea identifica diez países en los que la edad de jubilación está regulada por ley en función de la esperanza de vida: Dinamarca, Chipre, Finlandia, Grecia, Estonia, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y Suecia. En Dinamarca, por ejemplo, la Comisión calcula, en base a la esperanza de vida proyectada por Eurostat, que la edad de jubilación se ubicará en los 71,5 años en 2050 y en los 74 años en 2070.
Asimismo, cuatro de estos países -Filandia, Suecia, Italia y Portugal; junto a Francia, Letonia, Polonia y Noruega- también cuentan con un factor de sostenibilidad, que determina la prestación inicial en función de la esperanza de vida. Hay que recordar que España contó con este mecanismo desde 2013, pero fue derogado antes de su entrada en vigor y reemplazado en la última reforma de pensiones del actual Gobierno por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica a los trabajadores para reforzar el sistema.
En España la edad ordinaria de retiro se fijó en los 65 años en el año 1919 y no se había modificado hasta 2011, cuando la reforma de pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reguló su retraso gradual durante 15 años, hasta alcanzar los 67 años en 2027. Desde 2013 se han ido aumentado los años cotizados necesarios para jubilarse a los 65, así como la edad de jubilación en caso de no cumplir con esos años. En 2025 el periodo de cotización para jubilarse a los 65 va por los 38 años y tres meses; y la edad de jubilación en caso de no cumplirlo, por los 66 años y 8 meses.
El imparable gasto en pensiones
La última reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno entre 2021 y 2023 ha adoptado medidas por el lado de los ingresos y los gastos con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema, pero son cada vez más los organismos económicos y servicios de estudios nacionales que cuestionan que la reforma cumpla ese objetivo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el gasto en pensiones en España aumentará 3,2 puntos de PIB hasta 2050, pasando del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% del PIB en dicho año.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que alcanzará el 18% del PIB, cinco puntos más. «La sociedad debe saber, con los criterios actuales de cálculo, cuál es el gasto que tiene que asumir y, sobre todo, quién lo tiene que pagar», advierte Miguel Ángel García, profesor de economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea. En un análisis publicado esta semana se advierte de que son los jóvenes los que salen perdiendo con la última reforma de las pensiones por el aumento de impuestos que afrontarán.
Como los ingresos propios de la Seguridad Social no alcanzan para pagar las pensiones contributivas, se genera un déficit que se cubre con transferencias del Estado, financiadas con impuestos o deuda pública. Se calcula que el déficit alcanza ya los 60.000 millones de euros. Y el momento de mayor tensión para el sistema todavía no ha llegado. Aquellos pertenecientes a la generación del baby boom han empezado ahora a jubilarse. Según las proyecciones que manejan en Fedea, el mayor número de pensiones se alcanzará en el año 2048 y el déficit del sistema se mantendrá hasta 2060 aproximadamente.
En este sentido, la propuesta del FMI es compartida por otras instituciones como Fedea, que ya ha venido recomendando ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida en España o aplicar un coeficiente de ajuste al importe de la pensión inicial, como hacía el factor de sostenibilidad. «El mejor ejemplo de por qué hay que hacerlo es que la esperanza de vida desde 1975 hasta ahora ha aumentado un 40%; y, sin embargo, la cuantía inicial se sigue calculando de la misma forma«, comenta Miguel Ángel García.
Una medida de este tipo aliviaría las cuentas, aunque en ningún caso resolvería el problema por completo. El economista recuerda que el impacto del factor de sostenibilidad tal y como estaba previsto en el año 2013 habría sido un gasto inferior en un punto de PIB, frente a los cuatro puntos de déficit que se calcula que ha alcanzado el sistema contributivo de pensiones. Por tanto, aunque esta medida por sí sola no borraría por completo la situación negativa a la que ha llegado el sistema con las sucesivas medidas adoptadas, sí permitiría frenar el crecimiento del gasto y «destinar más fondos a otras políticas o a reducir impuestos», concluye.
En España la esperanza de vida al nacer está ya en los 86,6 años para las mujeres y en los 81,3 años para los hombres. Los cálculos de la Comisión Europea apuntan a que en 2070 ya se situará en los 91,5 y en los 87,1 años, respectivamente. Superará en ambos casos la media de la Unión Europea, con una esperanza de vida media proyectada de 90,4 años para las mujeres y 86,1 años para los hombres. Con la legislación actual, Bruselas espera que en 2070 la edad media efectiva de salida del mercado laboral en la UE, ahora por debajo de los 64 años, haya aumentado en cerca de dos años.
