EL FIASCO INOCULTABLE DE LA REFORMA LABORAL

La realidad, que tozudamente se va abriendo camino, es muy otra y nos habla de unas disfunciones en la citada Ley que provocan, nada menos, que el 72 por ciento de los contratos firmados sean temporales o eventuales, por más que las diferentes denominaciones burocráticas del Servicio Nacional de Empleo traten de ocultarlo

 

En 2022 se firmaron en España 18,5 millones de contratos, de los que, según las estadísticas oficiales, 7 millones fueron de carácter indefinido, es decir, un meteórico incremento del 232 por ciento en esta modalidad laboral, la que más seguridad proporciona a trabajadores y empresarios, y un éxito extraordinario de la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conseguido al alimón con los sindicatos y la patronal.

 

 

Hasta aquí, este ha sido el relato triunfal del Ejecutivo, ampliamente difundido por la propaganda gubernamental y, si se quiere, cubierto por el silencio de una CEOE presidida por Antonio Garamendi, que, por utilizar un término coloquial, se dejó llevar al huerto de la ministra a cambio de unas palmaditas en la espalda por parte del progresismo patrio, con la pasmosa colaboración, todo hay que decirlo, de Fátima Báñez, que apoyó con entusiasmo el desmantelamiento de la ley que ella misma había elaborado.

 

Porque la realidad, que tozudamente se va abriendo camino, es muy otra y nos habla de unas disfunciones en la citada Ley que provocan, nada menos, que el 72 por ciento de los contratos firmados sean temporales o eventuales, por más que las diferentes denominaciones burocráticas del Servicio Nacional de Empleo traten de ocultarlo. Se nos dirá, desde un cierto cinismo, que la obra de Garamendi ha terminado por salir perfecta, puesto que ha favorecido la contratación temporal, que es lo que en el imaginario de la izquierda favorece más a los empresarios.

 

Pero ese aserto no es más que la perpetuación de la caricatura progresista del mundo empresarial español, obligado, por cierto, a jugar con las cartas marcadas del poder político. Si Antonio Garamendi fuera empresario y no el primer funcionario de la patronal sabría que un mercado laboral depauperado favorece a quienes sólo son capaces de competir a base de bajos sueldos y mínimo esfuerzo inversor. Es decir, una competencia desleal frente a las empresas que innovan, apuestan por la calidad y abren mercados internacionales, y ello en un ambiente de imposición fiscal totalmente desproporcionado que hace que la economía española sufra unos costes laborales de los más altos de la OCDE. Pero si una política gubernamental, como la actual, empuja a las empresas a situaciones de supervivencia lo último que cabía esperar de la representación de los empresarios es que otorgara ese espaldarazo a tal fiasco.

 

Ciertamente, los sindicatos de clase, especialmente la UGT y CC.OO. no están exentos de responsabilidad, pero, en su defensa, poco podía esperarse de quienes se han convertido en mera correa de trasmisión de las políticas del poder de la izquierda. El único consuelo es que la opinión pública empieza a ser consciente del maquillaje estadístico del mercado laboral y del número real de desempleados, lo que confirma la realidad del día a día que viven los ciudadanos.

Los datos de diciembre desmontan de un plumazo la manipulación estadística del paro: ocultan al menos 483.262 parados

CCOO, UGT, USO y todo el resto de agentes sociales y expertos disponen de los mismos datos estadísticos laborales. Pero unos hacen acto de pleitesía ante Pedro Sánchez y su versión oficial y otros no.

 

El sindicato USO decidió desde el principio analizar los datos y exponer en sus informes la realidad de los datos del paro. Y, sin contar con los falsos fijos discontinuos, USO acaba de volver a desmontar el maquillaje estadístico del Gobierno: sólo con todo el resto de parados expulsados del dato oficial que publicita el Ejecutivo socialista comunista, sale ya casi medio millón de parados reales borrados del recuento oficial.

 

Según Yolanda Díaz, “en diciembre, el paro ha caído en 43.727 personas situándose en una cifra de 2.837.653, la más baja desde 2007. Desde el año 2020 más de un millón de personas en paro han obtenido un empleo. Estos datos demuestran que las medidas de protección laboral están funcionando”. Pero el desglose de los datos no avala la misma versión. El informe de USO señala que “el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de diciembre, ha descendido en 43.727 personas en relación con el mes anterior”. Añade que “en diciembre de 2021 el desempleo bajó en 76.782 personas en relación al mes anterior. Con respecto a diciembre de 2021, el paro interanual ha descendido en 268.252 personas (-8,64%)”. Pero también recuenta todos los parados que este dato oficial deja fuera del recuento.

 

De este modo, como destaca USO, “el total de parados (desempleados) registrados en el SEPE se sitúa en: Parados registrados [oficialmente]: 2.837.653; otros no ocupados (formación): 189.069; con disposición limitada: 273.619; en ERTE: 20.574 trabajadores”. Y eso significa que, sólo por esta vía de borrado estadístico, la cifra real de parados no sería de 2.837.653, como dice la vicepresidenta: sería de 3.320.915.

 

Nada menos que 483.262 personas más. Y ello sin contar con el truco de los falsos fijos discontinuos, donde según los estudios de FEDEA y otros expertos podría haber otra bolsa oculta de cerca de medio millón de personas que computan meses como trabajadores, cuando lo cierto es que no trabajan pese a estar contratados bajo la fórmula de fijos discontinuos.

 

El informe de USO añade un dato altamente preocupante: “El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.189.917. Esto supone un descenso del 16,45% y una bajada de 491.633 (-29,24%) sobre el mismo mes del año 2021”. Y explica que “por su parte, la contratación acumulada en los doce meses de 2022 ha alcanzado la cifra de 18.310.343, lo que supone 1.074.016 contratos menos (-5,54%)”.

 

Por si fuera poco, “en diciembre de 2022 se han registrado 464.152 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 39,01% de todos los contratos, con un descenso del 24,5% respecto al mes anterior”. Y los contratos indefinidos correspondientes a diciembre “se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 178.983 a tiempo completo (38,5%), 107.292 a tiempo parcial (23,11%) y 177.877 fijos discontinuos (38,3%). Es decir, que más del 60% de estos contratos no son a jornada o periodo completo. “Respecto a diciembre de 2021: los primeros han subido 69.050 (62,81%), los segundos se han incrementado en 60.158 (127,63%) y los últimos suben en 161.160 (964,05%) y en 1.478,05% si consideramos los iniciales”. Dicho de otra manera, que el falseamiento estadístico empieza a ser de dimensiones gigantescas.

 

Por último, desde USO alertan de que “está disminuyendo la contratación indefinida a tiempo completo: los fijos discontinuos prácticamente igualan a esta. El 61,5% de la contratación indefinida realizada no tiene una jornada completa de trabajo”. Y, con respecto al mes de noviembre, “los contratos indefinidos a tiempo completo han descendido en un 29,18%; los realizados a tiempo parcial han caído en un 28,27% y los fijos discontinuos han disminuido en 16,47%”. Para colmo, “se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito, esto implica que algunos de ellos, cerca de 35.000, han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y eso tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o se les ha rescindido el contrato y se les ha vuelto a contratar. La contratación indefinida está dejando de ser sinónimo de mantener un empleo”.

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