Las transferencias de impuestos para cubrir el aumento del gasto crecen un 11% respecto a 2024
El gasto en bajas por incapacidad se incrementa un 12% hasta los 18.407 millones
Las cuentas de Seguridad Social siguieron sin cuadrar en 2025 y cerraron con un déficit del 0,4% del PIB , según se desprende del informe de ejecución presupuestaria publicado este martes, a pesar de recibir una inyección récord por parte del Estado que ascendió a 47.815 millones de euros (un 11% más que en 2024) para cubrir el aumento del gasto en pensiones. Esta transferencia se dio en paralelo a un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores del 6,9% al que Elma Saiz se refiere para justificar la reducción del déficit en dos décimas del PIB respecto al año anterior.
A los ingresos recibidos desde el Estado, se suman las transferencias de la propia Seguridad Social, las comunidades autónomas y empresas privadas que suman un total de 52.990 millones de euros, un 10% más que el anterior «para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo» (que hace referencia a la necesidad de pagar parte del gasto en pensiones con ingresos obtenidos a través de impuestos y no por cotizaciones, «financiar el Ingreso Mínimo Vital y para financiar los complementos por mínimos de pensiones», según ha explicado este Ministerio.
Unas transferencias necesarias para cubrir un gasto en pensiones de jubilación que ascendió a 134.549 millones de euros en el caso de las contributivas (un 5,67% más que en 2024) y 2.188 millones de euros de las pensiones de jubilación no contributivas (un 12,87% más), como consecuencia de las nuevas jubilaciones y la revalorización vinculada a la inflación. Si bien, Seguridad Social también abona pensiones por otros motivos como incapacidad permanente, viudedad, orfandad o el complemento a mínimos, que entre los dos sistemas suman un total de 194.814,36 millones de euros.
Precisamente, el presupuesto destinado a cubrir las prestaciones que perciben los trabajadores que se encuentran de baja temporalmente ha pasado a ser otra de las presiones más significativas en las cuentas de Seguridad Social en los últimos años, a medida que se han incrementado el número de procesos. A lo largo de 2025, el gasto ascendió a 18.407 millones de euros, un 12% interanual más, lo que se sitúa en línea con las advertencias emitidas por la patronal y por la AIReF en los últimos meses. A este coste público le acompaña una contraparte privada que asumen las empresas, por lo que a partir de estos datos, se deprende que el gasto por IT superó los 32.000 millones en 2025.
Así, los recursos propios de la Seguridad Social que obtiene a través de cotizaciones sociales no son suficientes para abarcar el conjunto del gasto en pensiones contributivas, las de las personas que han realizado aportaciones suficientes durante su carrera laboral para adquirir este derecho. Las cotizaciones sociales suman unos ingresos de 175.676,48 millones (que esperan que asciendan a 176.918,38 millones una vez se materialicen todas obligaciones reconocidas), no obstante, los pagos por realizar suponen un total de 182.526,29 millones lo que deja una diferencia de 5.607,91 millones. De forma que estos ingresos alcanzarían para cubrir las de jubilación, pero no todas las contributivas.
Si además se tiene en cuenta el conjunto de subsidios y prestaciones que asume Seguridad Social junto a la incapacidad temporal, como las de nacimiento o cuidado del menor u otro tipo de prestaciones sociales, se añaden más de 23.833 millones a esta balanza, que ahondarían en la brecha de las cuentas contributivas hasta el entorno de los 30.000 millones. Es decir, los recursos que necesita Seguridad Social para hacer frente a las obligaciones del esquema contributivo consumen más de la mitad de la transferencia ejecutada por todos los organismos del Estado, un 55,5%.
Según los datos facilitados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el conjunto del sistema presenta un déficit de 7.387 euros a cierre de 2025, como consecuencia de unas obligaciones de pago que ascienden a 240.169 millones de euros frente a unos ingresos de 232.782 millones (si se tienen en cuenta las transferencias efectuadas por el Estado y otros organismos). Este resultado negativo es equivalente al 0,4% del PIB, lo que representa una mejora respecto al año pasado en tanto que las obligaciones de ingresos crecieron más que los gastos, un 6,5% frente a un 7,8%.
Los fondos de Seguridad Social, en los que se incluye la información relativa al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) reflejan un saldo negativo de 5.580 millones de euros, un 0,3% del PIB tras haberse reducido en unas dos décimas respecto al ejercicio anterior. Ambos organismos cierran el año en números verdes y son las cuentas de Seguridad Social las que llevan al conjunto de los fondos a negativo. El SEPE registra un superávit de 2.347 millones de euros pese a tener que hacer frente a un incremento de las cotizaciones abonadas por los desempleados del 6,2% hasta alcanzar los 9.876 millones.
