La Seguridad Social necesita 5.500 millones más de transferencias procedentes de impuestos que hace un año. El aporte financiero del sistema ya supone el 25% de los ingresos del sistema.
Solo en los nueve primeros meses de 2025, la Seguridad Social ya ha necesitado un total de 40.010 millones de euros procedentes de impuestos para cubrir el gasto en pensiones. La partida de las transferencias del Estado gana peso en el mix de ingresos del sistema y constituye ya el segundo pilar fundamental, tras la recaudación de cotizaciones sociales, para sostener el desembolso mensual de prestaciones contributivas -especialmente las más de 10 millones de pensiones que perciben los algo más de 9 millones de beneficiarios del sistema-.
La cifra es significativa porque da cuenta de cómo a pesar de las mejora del empleo que registra la Seguridad Social en términos de afiliaciones, estas se encuentran lejos de cubrir con sus aportaciones las obligaciones de pago. Los 40.000 millones de euros transferidos son 5.577 millones más que los que precisó el sistema en los primeros nueve meses del pasado ejercicio (un incremento del 16,2%).
Con este ritmo de aumento de la financiación extra, procedente de la recaudación general tributaria, ya se da por descontado que el sistema precisará de más de 50.000 millones adicionales para soportar el coste de las pensiones, que rondará los 216.000 millones en el conjunto del año.
Esta transferencia es igualmente fundamental para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. De no contar con esta inyección el sistema arrojaría un notable déficit. Concretamente, en términos acumulados hasta agosto, se registra un superávit en las cuentas de 6.059 millones de euros. Resultado de la diferencia entre unos ingresos que alcanzan lo 159.169 millones y unos gastos de 153.110 millones.
Sin embargo, la descomposición del capítulo de ingresos da cuenta del agujero contributivo del sistema. De los algo más de 159.000 millones, solo 117.000 millones corresponden a cotizaciones sociales. Además, en puridad, aquí habría que descontar los procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional, que se supone que es una partida finalista dirigida a nutrir el Fondo de Reserva (hucha de las pensiones).
Hasta agosto, esta cuota había recaudado un total de 3.237 millones. El resto, algo más de 40.000 millones, son la transferencia, un 25% de todo el remanente disponible para el pago de pensiones. Sumando a esta partido los fondos del mecanismo de equidad, el déficit contributivo rebasa ya a los 37.000 millones de euros.
En cualquier caso, esta tendencia continuará al alza en tanto que la última reforma de pensiones no prevé reducciones del gasto en pensiones y fía al aumento de ingresos la capacidad de cubrir las obligaciones de gasto. Según estima la Airef, para poder hacer frente al creciente desembolso propiciado esencialmente por la revalorización de las pensiones con el IPC, serán necesarios transferir cerca de 85.000 millones de euros anuales en 2050 -por valor de 5,5 puntos del PIB-.
La bajas laborales cuestan un 25% más de lo presupuestado
Otro elemento relevante de análisis que arroja la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social es el crecimiento de la financiación necesaria para cubrir las prestaciones por incapacidad temporal. Esto, el aumento del coste económico de las bajas laborales para el sistema. Hasta agosto, se han destinado a este capítulo un total de 11.742 millones de euros, lo que supone un 12,6% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Esto supone que en nueve meses se ha consumido la totalidad del presupuesto consignado para la cobertura de la incapacidad temporal (11.764 millones).
Si bien, hay que tener en cuenta que esta arquitectura presupuestaria no atiende a la realidad creciente del problema de las bajas laborales al tratase de las cuentas prorrogadas de 2023. Es por ello que el Gobierno se ha visto obligado a desviar ya 3.031 millones de euros, un 25% más de lo presupuestado, para incrementar la consignación hasta los 14.795 millones.
