En España, el número de personas que perciben el subsidio por desempleo para mayores de 52 años se sitúa ya en torno al medio millón de personas, según datos del SEPE, y no ha dejado de crecer en los últimos años. Si bien es cierto que el propio envejecimiento de la población contribuye a ese aumento, se trata de un incremento llamativo en un momento de crecimiento económico, que evidencia una paradoja: la economía avanza, pero no existen incentivos claros ni trayectorias viables para quienes acumulan décadas de experiencia profesional.
Este subsidio puede cobrarse hasta la jubilación, con cotizaciones a cargo del Estado sobre el 125% de la base mínima. En teoría, lo que debería servir como medida de acompañamiento temporal hasta encontrar un nuevo empleo, puede terminar por convertirse en una situación permanente. Al alargar la percepción sin contraprestaciones formativas vinculadas que sean efectivas, se desaprovecha un capital humano cuya experiencia podría reorientarse hacia nuevos sectores. ¿Cómo lograr que nuestros esquemas de protección sean verdaderos puentes hacia nuevas oportunidades, combinando eficiencia en el uso de los recursos públicos con equidad para quienes más apoyo necesitan?
La respuesta es aún más clara si atendemos a los datos demográficos. En la última década, la población activa mayor de 50 años ha crecido en más de dos millones de personas, según datos del INE. Hoy, más del 30% de los desempleados en España pertenece a este tramo de edad, y todo indica que esta proporción seguirá aumentando en los próximos años, en paralelo al envejecimiento de la población. La tendencia no se va a revertir: el peso de los sénior en el mercado laboral no ha dejado de crecer y no va a dejar de hacerlo, lo que obliga a repensar urgentemente cómo integramos su talento en una economía que aspira a ser más productiva, más equitativa y más resiliente.
Desde el punto de vista económico, el impacto de activar ese talento es tan evidente como subestimado. Según estimaciones del informe de la OCDE Promoting an Age-Inclusive Workforce, cada año que una persona sénior prolonga su vida laboral puede suponer una aportación de más de 3.000 euros netos al PIB per cápita. A ello se suma una reducción del gasto en prestaciones que permitiría liberar recursos públicos para políticas de inversión social más efectivas, orientadas a la activación, la recualificación y la cohesión intergeneracional.
Pero la pregunta no es solo qué ocurre con los subsidios, sino también qué está fallando en nuestro mercado laboral para que tantos profesionales con décadas de experiencia no encuentren una vía de retorno al empleo. Aunque las personas sénior aportan competencias consolidadas, a menudo se enfrentan a dinámicas empresariales que dificultan su reincorporación: dudas sobre su capacidad de adaptación a entornos digitales, percepciones de desajuste entre su perfil y las nuevas demandas del mercado, o estructuras de incentivos que favorecen la contratación de perfiles más jóvenes. Estas barreras, lejos de ser anecdóticas, reflejan un sesgo generacional que puede cronificarse si no se aborda de forma explícita.
A este contexto se suma una tercera dificultad: el propio sistema de políticas activas de empleo, que debería facilitar la transición laboral y, sin embargo, adolece de debilidades estructurales. Como ya señaló la AIReF en su evaluación de las políticas activas de empleo, el sistema presenta una elevada fragmentación institucional, escasa coordinación entre niveles administrativos y una limitada orientación a resultados. Esta falta de coherencia se traduce en intervenciones poco eficaces, con escasa trazabilidad del impacto real sobre la empleabilidad. En el caso concreto de los colectivos sénior, las políticas activas no están suficientemente personalizadas ni adaptadas a sus trayectorias laborales, ritmos vitales o necesidades de recualificación.
Las consecuencias de esta exclusión no son solo económicas, sino profundamente personales. Para muchos profesionales sénior, el desempleo prolongado no implica únicamente la pérdida de ingresos, sino también de propósito, de reconocimiento y de identidad profesional. El 17º informe #TuEdadEsUnTesoro, del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco, revela que el 65% de las personas sénior desempleadas de larga duración reconoce haber perdido completamente la autoestima tras más de un año en paro. Esta cifra ilustra el impacto emocional de un mercado laboral que, en demasiadas ocasiones, deja de mirar a quienes aún tienen mucho que aportar.
¿Puede un país como el nuestro permitirse mantener al margen del mercado laboral a un colectivo tan numeroso, experimentado y crucial para la cohesión y la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social?
Sin duda, para que esa integración ocurra, hacen falta decisiones. Las políticas activas deben dejar de ser genéricas, ineficientes e insuficientemente alineadas con la realidad de los demandantes. Las empresas deben revisar sus sesgos y abrir espacios reales para el talento sénior. Y los propios profesionales de más edad necesitan recuperar la confianza, apostar por la formación continua y construir nuevas redes desde las que volver a contribuir.
Todo esto, además, exige rediseñar nuestras políticas públicas con un enfoque más estratégico: no solo proteger, sino activar. No solo acompañar, sino abrir puertas. Necesitamos subsidios que impulsen la reincorporación al empleo y no que consoliden situaciones de inactividad prolongada, con itinerarios laborales realistas, ajustados a los perfiles y circunstancias de quienes ya acumulan una larga trayectoria profesional.
Fuente: Subsidio sénior al alza: paradoja en expansión económica
