La reforma de las pensiones que se inició el año pasado y que se debe finalizar antes del final de mes no es sostenible a medio plazo
No se trata del drama de los ya pensionistas, que tienen (tenemos) asegurado que las pensiones se mantendrán en un nivel proporcional al del coste de la vida para los próximos años, sino al drama del sistema de pensiones y sus implicaciones para la economía española.
Algunos datos que contextualizan la situación:
1) El proyecto de PGE 2023 recoge un gasto en pensiones de 190.687 millones de euros, un 41,5% del gasto del Estado. Este elevado peso es consecuencia tanto del aumento de la cuantía de las pensiones como del número de pensionistas, que pasó de 7,3 millones en 2005 a 9 millones en 2022. Un aumento que se intensificará en los próximos años en los que se jubilará el grueso de la generación del baby boom.
2) El elevado aumento del gasto en pensiones se debe no sólo al aumento del número de pensionistas, sino también de la esperanza de vida, lo que determina el aumento de los años que se percibe la pensión y, por tanto, la relación entre la pensión recibida y lo cotizado, ya que el aumento de la esperanza de vida no se ha traducido en un aumento significativo de la edad de jubilación.
3) Desde 2012 hasta 2021 las pensiones contributivas han aumentado un 24,3%, mientras que en el mismo periodo el IPC lo ha hecho en un 14,1%, por lo que en la última década la capacidad adquisitiva de los jubilados ha aumentado significativamente, y además bastante más que la renta media de los españoles (16,2%).
4) El aumento del gasto en pensiones ha ido generando un aumento de la deuda de la Seguridad Social desde 17.173 millones de euros a inicios de 2017 a 99.183 en agosto de este año.
En resumen, la posición económica de los jubilados en la última década ha mejorado significativamente, el aumento de las pensiones está provocando desajustes en las finanzas públicas, y hacia el futuro se prevé un notable aumento de los jubilados y la reducción de la población en edad de trabajar.
En este contexto, ya en el pasado año se decidió un aumento anual de las pensiones de acuerdo con el IPC, lo que implicará que en 2023 se incrementen en un 8,5% (mientras que los salarios negociados este año hasta noviembre lo hacen en un 2,7%), lo que supondrá un aumento del gasto público de 15.300 millones de euros según el Banco de España, generando un compromiso financiero hacia el futuro para un país con un elevado nivel de deuda pública (116% del PIB) y de déficit estructural.
Antes de final de año el Gobierno debe completar la reforma de las pensiones, pero la propuesta de elevación de los años cotizados para determinar la base reguladora no es aceptada por los sindicatos ni por los socios parlamentarios del gobierno, y la propuesta de base máxima de cotización es rechazada por la CEOE, y además la Comisión Europea plantea objeciones a la sostenibilidad del mecanismo de equidad intergeneracional, prefiriendo un mecanismo automático de ajuste cuando aumente la presión financiera sobre la Seguridad Social.
Los pensionistas votan más con el bolsillo que otros colectivos porque sus ingresos dependen de decisiones políticas, y su peso electoral es decisivo, por lo que ningún partido político puede ganar unas elecciones con su oposición. Por este motivo se instituyó el Pacto de Toledo, donde se alcanzaron diversos acuerdos en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, pero los responsables políticos no fueron lo suficientemente valientes para abordar una reforma en profundidad del sistema coherente con las perspectivas demográficas y de las finanzas públicas. En la situación política actual, de polarización y confrontación, es inimaginable la posibilidad de un pacto de Estado como requeriría una reforma de las pensiones ponderada y sostenible.
Fuente: El diario de Córdoba
