La Seguridad Social sube su déficit 2.315 millones en 2023: la única Administración que empeora
Acaba 2023 con un saldo negativo de 8.211 millones (0,56% del PIB), frente a 5.896 millones en 2022
El desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social se ha agrandado en 2023, al cerrar el ejercicio económico con un déficit de 8.211 millones de euros, lo que significa un incremento negativo de 2.315 millones (el año 2022 acabó con 5.896 millones en rojo) y supone que el desvío representa el 0,56% del Producto Interior Bruto (PIB).
Así se desprende del avance de datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas correspondientes a 2023, detallado por la la ministra de Hacienda.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la Seguridad Social es la única Administración que ha empeorado su saldo en el último año, mientras que, por ejemplo, el Estado redujo su déficit en más de 10.000 millones .
El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) se situó en 53.556 millones de euros, y la responsable de Hacienda ha puesto en valor que el déficit público ha descendido 6,4 puntos desde el máximo en 2020, tras el estallido de la pandemia del coronavirus. También las autonomías rebajaron su desequilibrio fiscal en 1.865 millones y las corporaciones locales clausuraron 2023 con 282 millones menos de déficit.
En 2023, los ingresos tributarios crecieron un 6,4%, hasta los 271.935 millones de euros, mientras que el gasto en consumo se incrementó apenas un 3,8%, gracias a la caída de los precios energéticos por las rebajas en los impuestos especiales. En general, estos ingresos ligados al gasto tuvieron un comportamiento similar al del ejercicio anterior por las reducciones de IVA tanto en alimentación como en energía.
De no ser por estos cambios normativos, los ingresos habrían contado con 3.342 millones adicionales, lo que habría supuesto un incremento de la recaudación del 7,8%. Más en detalle, los ingresos por IRPF alcanzaron 120.280 millones (9,9% más), mientras el Impuesto sobre Sociedades recaudó 35.060 millones de euros (9% más que en 2022). Este dato muestra que los beneficios empresariales se mantienen a un buen ritmo, al crecer por encima del 15%.
Los ingresos por IVA crecieron un ligero 1,6%, a pesar de que el gasto sujeto al mismo se elevó un 7,4%, lo que se explica por las rebajas del impuesto alimentos y energía, que ha provocado una merma recaudatoria de 4.300 millones. En cuanto a los ingresos por Impuestos Especiales, alcanzaron los 20.757 millones de euros ycon respecto a 2022, la recaudación aumentó en 533 millones. La mayor recaudación fue por hidrocarburos, con más de 12.000 millones seguido de labores del tabaco, con más de 6.700 millones. Los ingresos por alcohol cayeron el 7,2%, debido al menor consumo de este tipo de bebidas. No ocurrió lo mismo con la cerveza, que se mantuvo en niveles similares a los de 2022.
La Seguridad Social buscará alternativas a los PGE para garantizarse ingresos para pagar las pensiones
El problema principal está en las transferencias que recibe cada año del Estado y que habría que actualizar
El Gobierno ha decidido que deja de preparar los Presupuestos Generales del Estado para este año (que deberían haber entrado en vigor en enero) tras la decisión de la Generalitat de Cataluña de adelantar las elecciones, lo que tendrá un impacto en las cuentas de la Seguridad Social, que no podrá actualizar sus previsiones de gastos y, sobre todo, de ingresos. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, recalcó que su administración está “muy capacitada para seguir trabajando con estos presupuestos” y aseguró que va a “dar respuesta a los desafíos” que tienen por delante.
El principal problema que plantea operar con las cuentas de 2023 no está en los ingresos previstos por cotizaciones sociales, ya que esos variarán en función del comportamiento del mercado laboral y se espera que este año sea más o menos igual de bueno que el anterior, sino que la clave está en las transferencias que recibe del Estado desde hace unos años y sin las cuales el sistema no sería sostenible.
Por un lado, en 2023 el Estado transfirió 7.260 millones de euros para asumir los complementos por mínimos de las pensiones y otros 3.000 millones para el pago de las pensiones no contributivas. Dado que todas las personas que cobran estas prestaciones han experimentado en 2024 una subida del 6,9%, si se supone que no hay mucha variación en el colectivo -en los últimos años el colectivo de los que cobran una pensión no contributiva se ha mantenido estable y el de los que perciben complementos a mínimos ha bajado- harán falta al menos 700 millones de euros más para poder pagar sus prestaciones.
Además de esta actualización que deberían hacer unos nuevos presupuestos, la aportación que hace el Estado para sufragar los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social también debería actualizarse. En 2023, esta transferencia de fondos fue de 19.888 millones de euros, pero ya en 2020 el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pronosticó que la cuantía debería llegar a los 23.000 millones. Su ministerio había calculado que las políticas no contributivas financiadas con cuotas se llevarían 11.300 millones de euros; los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social ascenderían a 3.900 millones; la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, a 2.950 millones; las reducciones en la cotización, a 1.800 millones; el complemento de maternidad, 1.080 millones; las subvenciones a regímenes especiales, 1.014, y completar las lagunas de cotización, 788 millones. En total 22.871 millones.
Las previsiones de la AIReF que coinciden con las del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que estos gastos impropios ascenderían a 22.871 millones en 2023, mientras que el déficit estimado para ese año sería de 20.185 millones
En 2023 la cuantía de las transferencias no llegó a los 23.000 millones, pero los expertos apuntan a que en este ejercicio sí alcanzarán esa cuantía. Si no hay nuevos Presupuestos que puedan actualizarla, entonces el Ejecutivo buscará vías alternativas para que el Estado haga la transferencia correspondiente a la Seguridad Social. Desde este departamento aseguran que “no supone en absoluto un problema o una limitación para la Seguridad Social. Es una situación que se ha producido en otras ocasiones y se ha funcionado con total normalidad”, pero es cierto que cuando se han prorrogado anteriormente los presupuestos las transferencias del Estado a la Seguridad Social no eran tan abultadas como lo han sido en los últimos años.
