Esta semana, hemos vuelto a recibir un nuevo globo sonda del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá: el Gobierno se está planteando crear un nuevo impuesto, un recargo a las cotizaciones sociales, para volver a llenar la famosa hucha de las pensiones (el ya inane Fondo de Reserva de la SS). Son fondos para llenar la hucha de las pensiones que si en sus buenos tiempos superó los 60.000 millones de euros, actualmente se ha quedado en 2.000 millones, insuficiente por lo tanto para asumir la previsible aumento de gasto que supondrá cuando la generación de los baby boomers llegue a su jubilación.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de las pensiones, sustituto del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que se propone derogar en el primer bloque de la “reforma Escrivá” de las pensiones en debate parlamentario, se sigue negociando con los agentes sociales, siendo la fecha tope de dicha negociación el próximo 15 de noviembre.
La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales este lunes 8 de noviembre que, en lugar de un aumento de 0,5 puntos porcentuales como propuso de inicio, esta cotización adicional del “mecanismo de equidad intergeneracional” alcance los 0,6 puntos durante diez años. El reparto de esta cotización adicional sería “de 0,4 puntos” adicionales para las empresas y “de 0,2 puntos” para los trabajadores.
El mecanismo pretende –junto a otras medidas– garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones frente al reto del aumento del gasto por las jubilaciones de la numerosa generación del ‘baby boom’. La medida sustituir al “factor de sostenibilidad” del PP de 2013 (que se deroga), pero con un cambio de enfoque. En lugar de apostar por los recortes en las pensiones, el Gobierno de coalición aboga por que el mecanismo incida en un aumento de los ingresos del sistema.
La semana pasada la Seguridad Social planteó su propuesta de MEI, que tiene dos fases. La primera consiste en aprobar una cotización adicional durante la próxima década (2023 a 2032) que iría destinada al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como “hucha de las pensiones”. El objetivo de esta cotización adicional –de 0,6 puntos porcentuales según la última oferta– es aumentar los fondos disponibles para pagar las pensiones en caso de que fuera necesario dada la tensión del retiro de los baby boomers con un volumen de trabajadores no tan numeroso.
Escrivá propone una segunda fase del mecanismo de equidad, en caso de que este “colchón” de ingresos no sea suficiente para afrontar el incremento del gasto en el momento de mayor tensión (2050). La Seguridad Social propuso que esta segunda fase del MEI pudiera incidir en reducir el gasto en pensiones, pero sin concretar cómo hacerlo. Esto se dejaba pendiente de negociación en el futuro, entre el gobierno de turno y los agentes sociales, así como el Pacto de Toledo.
Una de las principales dudas radica en si el dinero que se recaudara con esta cotización adicional sería suficiente para afrontar el aumento del gasto en pensiones que se espera por las jubilaciones del baby boom. Según la Autoridad Fiscal (AIReF), la tasa de dependencia de mayores –población mayor de 66 años sobre población en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050.
Es cierto que el mecanismo de equidad no actúa en la sostenibilidad a largo plazo en solitario, sino que también se espera que tenga repercusión la legislación de 2011, que sigue desplegándose (por ejemplo con el aumento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años). Pero, aun así, la subida de 0,6 puntos en la cotización durante los próximos dos años ha sido considerada una medida “insuficiente” por economistas expertos. Si el “colchón” recaudado fuera insuficiente, se activarían medidas de contención del gasto en pensiones, según la segunda fase del MEI propuesto por el Gobierno, que consiste en la revisión cada tres años de la previsión del gasto en pensiones para 2050, el pico esperado de mayor número de pensionistas.
En resumen, primero se recurriría a los fondos acumulados en la “hucha de las pensiones”; si esto no fuera suficiente, se plantea que el gobierno de turno negocie medidas de reducción del gasto en pensiones; y, si aún así no se cubriera la desviación de gasto prevista, se propone que el Ejecutivo acuerde otro tipos de medidas que pueden contener el gasto: desde una reducción de la cuantía de la pensión, un retraso en la edad de jubilación, modificar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, medidas que afecten solo a colectivos concretos (jubilación anticipada), incentivos…
Quizá una parte muy significativa de esta propuesta es que, por primera vez, se reconoce que el sistema de pensiones tiene problemas de sostenibilidad
Quizás merezca la pena echar un vistazo a lo que se gasta y se recauda por estos conceptos.
Nota: las cifras que usadas en este artículo provienen del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que hace unos días el Gobierno presentó en el Congreso.
En 2022, España gastará en pensiones unos 167.9073 millones de euros y frente a ese gasto, los ingresos por cotizaciones, de empresarios y trabajadores, se quedan en 136.345 millones de euros.
El Estado prevé RECAUDAR el año que viene 168.142 millones en concepto de “Cotizaciones sociales y cuotas de clases pasivas”, de los que 136.345 millones son cotizaciones a la Seguridad Social
En el otro lado del Presupuesto, el de los GASTOS, encontramos las siguientes partidas. En primer lugar, 149.996 millones en pensiones contributivas, de los que 7.064 millones corresponden a complementos a mínimos (que ya se abonan desde el Presupuesto ministerial)
¿ EL DEFICIT “VERDADERO”?
Ahora, la gran pregunta: ¿cuál es el déficit que el ministro Escrivá pretende enjugar con el nuevo impuesto? Pues depende de lo que contabilicemos, una decisión que, sea la que sea, tendrá siempre un punto de arbitrariedad. Cualquier “cuenta” para contabilizar el déficit del sistema de pensiones públicas puede tildarse de incorrecto pues cualquier descomposición de las partidas incluidas (tanto para los ingresos como para los gastos), es algo discrecional que puede utilizarse para intentar “cuadrar” las cuentas.
A título de ejercicio cabe, por ejemplo, realizar dos “cuentas” diferentes (entre otras muchas más posibles):
– Déficit de las pensiones de la SS.
Cotizaciones sociales – Pensiones contributivas
136.345 – 149.996 = -13.651 millones
– Déficit incluyendo clases pasivas
La lógica de este déficit es contraponer las obligaciones del Estado por los derechos generados en el pasado con lo que recauda en concepto de cotizaciones a los actuales trabajadores, pertenezcan a cualquiera de los sistemas públicos vigentes.
Cotizaciones y cuotas de funcionarios – Pensiones contributivas y clases pasivas
168.142 – 167.907 = 235 millones
Parece que el ministro Escrivá pretende un doble juego con esta “impuesto” que no es una reforma ni cambiaría nada. El Estado ya envía, cada año, 36.000 millones a la Seguridad Social vía transferencias y otros 7.000 millones en préstamos: ¿en qué cambia la realidad si directamente se hace cargo de esas partidas? De hecho, antes transfería menos y prestaba más… y la situación era exactamente la misma.
En los últimos días, se han publicado muchas cifras. La más habitual, 20.000 millones de recaudación extra en una década. Si la damos por buena, estaríamos hablando de un parche que apenas tendría impacto en el agujero real de nuestro sistema de pensiones pues añadir 2.000 millones al año no solucionaría casi nada (y eso sin entrar en el daño colateral que puede suponer al mercado de trabajo).
Nota: la subida de cotización no generará en principio derechos futuros en las pensiones, ya que las prestaciones se calculan sobre la base reguladora, que no se ha tocado, ya que lo que se eleva es el tipo y no la propia base de cotización.
¿RELLENAR EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (FRSS)?
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) fue diseñado en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos para garantizar así la sostenibilidad del sistema. El FRSS, también conocido como la hucha de las pensiones, se ha ido vaciando desde 2012 para poder hacer frente a las pagas extras de los pensionistas, que se cobran en junio y en noviembre. Se diseñó en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Hasta 2011, las aportaciones llegaron a sumar un máximo de 66.815 millones, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista recibió 12.000 millones de euros de su predecesor, José María Aznar.
El impacto de la crisis financiera mundial y la situación de déficit de la Seguridad Social, fueron las razones de los dos gobiernos de Mariano Rajoy para detraer del Fondo un total de 77.437 millones de euros entre los ejercicios 2012 a 2018.
La última vez que se recurrió a la hucha de las pensiones fue a finales de 2019, siendo ministra Magdalena Valerio, la actual presidenta del Pacto de Toledo, cuando el Consejo de Ministros autorizó la retirada de hasta 3.598,2 millones para garantizar el pago de las pensiones en diciembre, aunque finalmente la cantidad detraída fue menor: 2.900 millones. Con todas estas operaciones de extracción de recursos el saldo del FRSS, a fecha diciembre de 2020, es de tan solo 2.138 millones de euros, según se detalla en el Proyecto de PGE 2022.
Cada cotizante aportará una media de 10,45 euros al mes desde 2023 y durante los siguientes diez años a las arcas de la Seguridad Social para cebar el Fondo de Reserva que tiene que financiar el sobrecoste de las pensiones cuando se jubile la gran masa de activos nacidos en el baby boom (entre 1959 y 1974). Esos 10,45 euros al mes (unos 125 euros al año o 1.250 euros durante toda la década que estará en vigor la sobrecotización finalista anunciada por el Gobierno) son los que resultan de aplicar la sobrecotización de 0,6 puntos sobre una base media de 1.742 euros, que es la retribución media de los asalariados hoy en España. Lógicamente los cálculos están hechos con euros constantes, que se irán moviendo lentamente en términos corrientes en función de las subidas de sueldos y bases que se produzcan en años sucesivos, sea por la inflación o por la generación de productividad. Además, la cuota será soportada por asalariado (un 0,2%) y su empleador (el 0,4%).
En el caso de los asalariados con sueldos más elevados, que tendrán ya desde enero de 2022 una base de cotización de 4.139,29 euros, su aportación mensual (a financiar entre trabajador y empresa en la proporción indicada) será de 24,84 euros. En el año llegará a los 298 euros, y en los diez años de duración de la sobrecarga, a los 2.980 euros.
Tomando la base media de 1.742 euros mensuales (el sueldo medio) y haciéndolo extensivo a todos los cotizantes, la aportación durante los diez años que estaría en vigor la sobrecotización sería de unos 20.904 millones de euros. En caso de hacer el cálculo con la base máxima, y considerándolo como euros constantes, la aportación de los veinte millones de cotizante de que dispone la Seguridad Social, y considerando que tal cantidad no se incrementase, acumularía una aportación en diez años de 49.671 millones de euros. Una cantidad más cercana a las necesidades que la de 20.904 millones de euros anteriores.
Lo cierto es que el gran problema, conocido por todos, pero que ningún Gobierno se atreve a explicar, es que puede llegar el momento en el que España necesite más dinero para atender a sus necesidades y que quienes se lo prestan exijan duras condiciones, incluida una reducción importante de las pensiones. Ocurrió en Grecia y en Portugal. La propuesta de Escrivá es probable que se quede en nada, pero sí es imprescindible y cada vez más urgente aumentar los ingresos, y eso solo parece posible con mucho más y mejor empleo.
Churchill decía que «las multitudes permanecen hundidas en la ignorancia de los hechos económicos más simples y sus líderes, cuando piden sus votos, no se atreven a desengañarlos». Los españoles intuyen el problema de las pensiones, pero los políticos insisten en que «están garantizadas», aunque nadie asegura su poder adquisitivo futuro. La economía española –y las pensiones– depende ahora del dopaje monetario sistemático que recibe del Banco Central Europeo y ahora espera los fondos europeos Next Generation.
Interesará: Las pensiones (caricatura) https://www.eldiario.es/opinion/pensiones_131_8471408.html