La lectura de las cuentas de la SS refleja la dudosa salud de un sistema contributivo como el español, en el que por definición las cotizaciones sociales pagan las pensiones.
La Intervención General de la Seguridad Social ha cerrado las cuentas del sistema público de pensiones con un déficit en 2020 de 19.839 millones de euros, una cantidad jamás alcanzada, y que supone un porcentaje del PIB también desconocido, del 1,8%. El sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros. Se trata de unos números rojos que marcan un récord histórico, en el marco de la crisis del Covid-19.
Este resultado es fruto del mayor incremento de los gastos en lo que va de siglo, ya que avanzaron casi un 9%, frente a un incremento de los ingresos que, aun siendo elevado (7,6%), fue superior en los años de bonanza 2006 y 2007, previos a la anterior crisis financiera y en 2019 (7,73%).
Esos casi 20.000 millones, no obstante, son solo la cifra que la Seguridad Social está reconociendo como saldo negativo. Si se analizan las cuentas se observa que en 2020 se duplicó el capítulo de transferencias del Estado, que es el dinero que la Administración estatal transfiere a la Seguridad Social en teoría para el pago de prestaciones universales, no contributivas y otros gastos que se costean con impuestos (como el ingreso mínimo vital u otras ayudas familiares) y, por tanto no aflora como deuda de la Seguridad Social. Pasó de los 15.687 millones de transferencias estatales en 2019 a 30.364 en 2020, 14.677 millones más, gracias a una ampliación aprobada por el Gobierno. De esta ampliación de transferencias, unos 7.000 millones se destinaron al pago de las prestaciones extraordinarias y cotizaciones de los autónomos por la pandemia. Para 2021 los PGE contemplan una partida para estas transferencias que asciende a casi 31.222 millones de euros.
Si no se excluyera esa transferencia extraordinaria del saldo final de las cuentas, el déficit del sistema superaría los 43.000 millones de euros. Estas transferencias no aparecen como deuda de la SS porque es el Estado el que abona la cuantía con la imposición general
De esta manera, si se analiza lo que en términos empresariales sería un resultado de explotación, que sería la resta entre las cotizaciones que pagan empresas, ocupados y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo y todas las prestaciones económicas (contributivas y asistenciales) se obtienen unos números rojos mucho mayores.
Páguese con deuda o con transferencias, al final la factura se gira al contribuyente, actual o futuro, en una práctica negligente de los últimos lustros que consiste en mirar para otro lado mientras las cuentas se descosen por falta de decisiones reformistas que atajen el déficit. Las decisiones de los últimos años no han sido acertadas y con efectos de futuro de incalculable riesgo.
Es obligación de los políticos resolver el problema, y del Gobierno proponer soluciones creíbles y consensuadas con los demás.
Un sistema de pensiones de creciente insostenibilidad financiera es una bomba de relojería.
