Los agentes exigen una jubilación digna anticipada, a los 59 años y con el 100% de su aportación económica como el resto de policías
En junio de 2023, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, informaba a través de un escrito de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, había iniciado los trámites para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación de los policías nacionales en el sistema de la Seguridad Social. Hay que recordar en apenas seis años, un policía nacional retirado pierde hasta 70.000 euros respecto a un mosso o un ertzaina. Por este motivo, exigen una jubilación digna anticipada, a los 59 años y con el 100% de su aportación económica.
En ese escrito, remitido al sindicato policial JUPOL, apuntaban que el proceso estaba “en fase de tramitación de conformidad con lo indicado en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”. Asimismo, subrayaba que el ministerio había iniciado los “estudios sobre siniestralidad, penosidad, peligrosidad toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, como requisito previo a la aplicación de los motivos que incluyan la jubilación anticipada para este colectivo”.
Pues bien, esta misma semana, la Institución que dirige Ángel Gabilondo ha enviado otro escrito a los agentes para confirmar que ya han comenzado, “con retraso” eso sí, los trabajos en el seno de las correspondientes mesas técnicas para establecer los parámetros de la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles. Un documento en el que especifica que el ámbito de negociación, según la legislación vigente, corresponde a las Mesas de Negociación referidas en los artículos 34 y 36 del Estatuto Básico del Empleado Público, “no siendo posible canalizar las propuestas de negociación fuera de estas mesas, todo ello sin perjuicio de las limitaciones que respecto a las materias objeto de negociación impone la norma y los acuerdos vigentes”.
El Defensor del Pueblo indica en este nuevo escrito remitido a JUPOL que la actividad de la mesa de negociación de la que forma parte la Administración y las organizaciones sindicales se materializa en unas fases o trámites, que incluyen propuestas, deliberación y discusión y, llegado el caso, acuerdo o desacuerdo total o parcial. En definitiva, explica que ya existen unos cauces preestablecidos a través de los cuales deberán tratarse todas esas cuestiones. Así, una vez se han iniciado los trabajos pertinentes en las correspondientes mesas técnicas, tal y como exigían desde este sindicato, la Institución da por finalizada su intervención.
Agravio comparativo con mossos y policías locales
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha mostrado su “profunda satisfacción” por el inicio de estos trabajos, que dan respuesta a una “demanda justa de equiparación de las condiciones de jubilación”, con el resto de Policías de España. A su juicio, la equiparación de los efectos del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales y autonómicos, “es perfectamente aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
De este modo, Rivera insiste en que los motivos que recoge el Real Decreto, que permite la jubilación de policías locales y autonómicos a los 59 años con el 100% de sus retribuciones, son perfectamente extrapolables a los funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por lo que debe aplicarse “la máxima jurídica de que, a igual situación, igual tratamiento jurídico“.
En la actualidad, mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.
La “artimaña” del Gobierno para no subir las pensiones de policías nacionales y guardias civiles
En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías nacionales y guardias civiles en España de los últimos quince años: treinta y cinco al día, más de mil al mes. Una trágica cifra que podría superarse este año, pese a las reiteradas denuncias de sindicatos y asociaciones, que exigen endurecer el código penal, recuperar el principio de autoridad, que se les reconozca como profesión de riesgo y más protección. “Agredir a un policía en España no puede salir gratis, ni quedar impune”, alegan.
Pero sus reivindicaciones chocan contra la gran barrera del Ejecutivo y del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que dan la callada por respuesta. Un silencio que va más allá de condenar los ataques a los agentes y que se extiende a la negativa de considerar como profesionales de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles. Un rechazo que llama la atención, no solo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado “de riesgo”.
Más allá de disputas políticas, esta decisión responde a una mera cuestión económica, que ahonda en el agravio comparativo ya existente entre Policías del Estado. A saber: un agente de la Ertzaintza o de los Mossos d’Esquadra puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.
Y aquí está la clave, en las pensiones. Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la “jubilación anticipada” cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.
Desconcierta el hecho de que unos policías formen parte del “grupo de riesgo” y otros no. Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.
Así, la negativa a incrementar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en una de las principales razones por las que el Ejecutivo se niega a incluir a policías nacionales y guardias civiles en la lista de profesiones de riesgo, pese a estar más que acreditado. Las plantillas de los cuerpos estatales están envejeciendo a pasos agigantados, ya que el personal que trabaja en servicios operativos se ve obligado a permanecer en situación de activo hasta los 65 años. Así lo han denunciado en reiteradas ocasiones desde la Plataforma por una Jubilación Digna (integrada por una amplia mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales), que exige la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles.
La Ertzaintza tiene jubilación anticipada desde el año 2008, las Policías Locales desde el 2019, y los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra desde el 2022. Una discriminación que ha llegado a los tribunales y al Defensor del Pueblo. El pasado 1 de junio, esta alta institución del Estado informaba de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, había iniciado los trámites “para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”. Lo hacía a través de un escrito, rubricado por su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril.
En concreto, apuntaban desde la Institución que dirige Ángel Gabilondo, el Ministerio habría iniciado los “estudios sobre siniestralidad, penosidad, peligrosidad toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, como requisito previo a la aplicación de los motivos que incluyan la jubilación anticipada para este colectivo”.