En septiembre de 2009 por fin J.L.R. Zapatero reconoció que fue un error vaticinar que lo que estaba empezando a finales de 2007 era una desaceleración económica en lugar de una crisis y lo hizo además con chulería: “Reconozco mi error, ya sé que alguno de los que suben a hablar en esta tribuna nunca se equivoca, yo sí, yo sí” dijo. Claramente no se equivocó, sino que mintió pues un presidente del gobierno tiene la suficiente información a comienzos de 2008 como para saber que venía una recesión, y desaceleración fue un eufemismo inventado para tener mejores opciones en las generales de marzo de 2008 que le hicieron presidente por segunda vez. Fue el típico ejemplo de político que dice en campaña lo que cree que le va a conseguir más votos aunque en realidad piense lo contrario.
Ahora con Sánchez tenemos una variante diferente y el problema en todo caso es de los integrantes de su partido que “cambian de opinión” como borregos a la par que su líder. Este seguidismo y aceptación a todo lo que hace Sánchez puede ser la razón por la que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, actúa como lo hace. Fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE, economista-jefe y director del Servicio de Estudios de BBVA o, su cargo más famoso antes de pasar a la política, presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) desde 2014 hasta 2020. Su nombramiento como ministro, en enero de 2020, fue una sorpresa agradable ya que parecía garantizar la presencia en el gobierno de un gran defensor -durante años lo fue- de la disciplina fiscal y el rigor económico pero ahora está traicionando con su reforma de las pensiones lo que durante años fueron sus puntos fuertes (el análisis riguroso y la defensa de unas cuentas públicas saneadas)
Si ya el año pasado se atrevió a subir las cotizaciones, quitando ingresos netos a los trabajadores, para defender falsamente que con esa medida se podría mantener sin problemas el gasto en pensiones, este año se ha destacado por anunciar cada mes que la Seguridad Social tiene superávit, cuando el déficit es cada vez es mayor y simplemente es cubierto por fondos que se transfieren desde el Estado. Esas notas de prensa anunciando un superávit que en realidad es un déficit son una falta de honestidad tan grande como el dibujo del panorama económico futuro para España para intentar demostrar que su reforma de as pensiones es la panacea al problema de su sostenibilidad
Ha elaborado unos “supuestos” que, según él, garantizan durante décadas la sostenibilidad del gasto en pensiones de nuestro país sin necesidad de ningún ajuste, sólo dejando que la economía fluya. Resumiendo mucho, según su plan el gasto en pensiones, a pesar del envejecimiento poblacional y del aumento de costes por la revalorización automática con el IPC, se reducirá del 15,65% del PIB actual al 14,5% para 2050 “porque van a aumentar los ingresos” dado que el PIB de España va a crecer un 2% real anual de aquí a entonces (los últimos veinte años el PIB ha crecido un 1,4%), la productividad un 1,5% (en los últimos veinte años la productividad ha crecido apenas un 0,5%) y la tasa de desempleo va a llegar al 5,5% (la menor tasa de paro histórica de nuestra democracia fue del 8% en plena burbuja de 2007)
¿Por qué nuestra economía va a tener un comportamiento mejor las próximas décadas cuando tenemos el lastre de la mayor deuda pública de nuestra historia, cómo vamos a mejorar nuestra productividad si hemos salido de la última crisis de nuevo recurriendo al turismo, por qué vamos a crecer más que en el pasado si estamos, como lo está prácticamente todo el mundo desarrollado, entrando en una tendencia de estancamiento tras recuperar los niveles prepandemia?
Las cuentas de la lechera: pleno empleo, más niños y más inmigrantes
En definitiva José Luis Escrivá ha elaborado un extenso documento para justificar que las pensiones son sostenibles de aquí a 2050 que parte de unos supuestos económicos y demográficos de muy difícil cumplimiento (de hecho, no se han cumplido nunca): las pensiones sólo estarían garantizadas si España alcanza el pleno empleo, si aumenta la natalidad y si se incrementa igualmente la llegada de inmigrantes. Estos supuestos son muy optimistas -que se oponen a los que consideran los expertos-, y por tanto, son las cuentas de la lechera.
Desde el punto de vista demográfico, el informe sostiene que España pasará de los 47,8 millones de habitantes actuales a 52,4 millones en 2050 pues estima que se va a quebrar la actual tendencia descendente de la natalidad y que la fecundidad (número de hijos por mujer) pasará de los 1,19 actuales a 1,36, este sorprendente fenómeno va a comenzar este mismo año, según el estudio.
El mayor nacimiento de niños se completará con un mayor flujo migratorio para «compensar las carencias de mano de obra del mercado laboral en España». Un flujo que crecerá especialmente a partir de 2036 según la Seguridad Social, algo que no prevén ni el INE ni la UE. Lo mismo ocurre con la menor esperanza de vida de los pensionistas, que el Ministerio sitúa muy por debajo de los cálculos de esos organismos.
Pero el más llamativo de estos supuestos es el que se refiere a la tasa de paro: espera que se reduzca del 12,2% en 2023 hasta el 5,5% en 2050, es decir el pleno empleo, algo que no ha ocurrido jamás en nuestra historia democrática pese a las sucesivas reformas laborales, ya que nuestro país tiene un paro estructural (que no depende de la coyuntura económica) muy elevado. Escrivá sostiene que con las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha provocado un «claro cambio estructural en el comportamiento del empleo por el despliegue progresivo de las medidas incorporadas en los programas de fomento del empleo.
Detrás hay una estimación tremendamente optimista del crecimiento de la economía que descarta cualquier recesión de aquí a 2050: estima que el PIB nominal crecerá el 4,9% anual entre 2023 y 2030, el 4,1% entre 2031 y 2040, y el 3,5% entre 2041 y 2050. Y uno de los principales motivos es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, los fondos europeos, pese a que el dinero sigue sin llegar a la economía.
Con todos estos mimbres más las subidas de las cotizaciones sociales aprobadas por el Gobierno -que seguirán incrementándose en el futuro-, el estudio concluye que «el gasto medio en pensiones sobre el PIB en el periodo 2022-2050 será del 14,2%, mientras que el impacto de las medidas de reforzamiento de ingresos [subida de cotizaciones] representará un 1,8% del PIB en media durante ese mismo periodo. Con estas cifras, el gasto en pensiones corregido por el incremento de ingresos quedaría en el 12,4%».
Pero no se queda ahí, sino que se reducirá todavía más por la última actualización del nivel del PIB introducida por el INE: «Con el cambio en el denominador que esta actualización implica, el promedio del nivel del gasto en pensiones sobre el PIB en el periodo 2022-2050 cae hasta el 13,6%, mientras que el impacto agregado promedio del conjunto de medidas de reforzamiento de ingresos durante ese mismo periodo se sitúa en el 1,7% del PIB».
Un economista (otra cosa es un político servil) no debe inventarse un panorama irreal para hacer encajar su discurso. Es deshonesto.
La tendencia demográfica en España apunta a que tendremos una de las esperanzas de vida más largas del planeta, lo que es una fortuna, pero en combinación con la baja tasa de natalidad, plantea desafíos de gran impacto en la financiación de las pensiones del futuro.
Lo cierto es que hacen falta reformas de calado para hacer sostenible el sistema de pensiones pues no podemos trasladar una enorme bola de deuda a nuestros hijos y nietos. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de hallar fórmulas que combinen la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar con su financiación a medio y largo plazo y con la necesaria equidad intergeneracional”.
Como país es preciso hacer un esfuerzo, porque las reglas fiscales de la UE establecen como objetivo registrar un máximo del 3% de déficit público y las tensiones de gasto son evidentes, como demuestra el hecho de que el Gobierno en funciones acaba de anunciar que vuelve a hacer una aportación extraordinaria de 39.000 millones al sistema de pensiones público.
Además, se trata de financiar las pensiones, pero sin que sea a costa de otros servicios públicos. No podemos gastar en pensiones y no hacer escuelas. No podemos ir garantizando una pensión muy alta y no hacer gasto en vivienda, en cuidados de larga duración o dependencia. Además, la pérdida de contributividad es también una cuestión que debería analizarse con mayor precisión, porque pudiera ser un incentivo para dejar de contribuir, sobre todo para determinados niveles de renta. Estamos cambiando las características del sistema, pero de una forma no transparente.
La última reforma de los sistemas de pensiones ha sido una oportunidad perdida, porque se va a tardar mucho tiempo en desplegar los sistemas de pensiones complementarias, y además, los planes de empleo han quedado vinculados a la negociación colectiva, que es lenta y depende de la voluntad de empresas y sindicatos.
Se podría haber establecido sistemas seudoobligatorios de planes de pensiones de empleo, en los que las empresas estuvieran obligadas a poner a disposición del trabajador una fuente de ahorro que se financia con aportaciones que hacen los dos —el trabajador y la empresa— y si el trabajador no se niega a destinar parte de su sueldo al plan de empresa, quedaría vinculado directamente. La experiencia de otros países, como Inglaterra, indica que estos sistemas de adscripción por defecto funcionan como motor del ahorro en el ámbito empresarial.
Alemania nos advierte del camino de España
Los cambios sociodemográficos en Europa podrían provocar un nuevo aumento en la edad de jubilación de diferentes países. ¿Nos jubilaremos a los 72 años en España? A día de hoy, la edad de jubilación en Alemania es de 67 años, siempre y cuando se pertenezca al grupo de personas con 45 años cotizados en su vida laboral. Sin embargo, un jubilado alemán recibe finalmente en su pensión una cuantía de alrededor del 50% de su último salario cotizado. En España tenemos una pensión media de jubilación de 1.375 euros al mes, mientras que en Alemania los datos reflejan unos números sensiblemente inferiores, de 1.022 euros. Recientemente se ha realizado un incremento, pero las cifras se mantienen alejadas dentro de un escenario peculiar, en la comparativa entre ambos países y también en sus situaciones a carácter individual.
En 2023, más de un millón de ciudadanos de Alemania, que son mayores de 67 años y por ende entrarían en edad de jubilación, optaron por mantenerse en activo en sus puestos de trabajo, escogiendo una alternativa de mantenerse profesionalmente antes de percibir la pensión por jubilación. 80.000 personas de estas se vieron obligadas a sostener empleos (minijobs) a tiempo parcial y de escasa remuneración (unos 500 €/mes), dejando patente que el sistema de pensiones alemán cuenta con agujeros que podrían, de convertirse en globales, dar con una grave crisis y situación de alarma en lo que a la edad de jubilación se refiere.
En España, en el año 2027, la edad de jubilación ordinaria será de 67 años para las personas con una cotización inferior a 38 años y seis meses. También será de 65 años para las personas con una cotización igual o superior a 38 años. Sin embargo, desde varios ámbitos ya se ha planteado la posibilidad de subir la edad de jubilación en España por encima de los 70 años de edad. Por ejemplo, desde el Círculo de Empresarios proponen subir la edad de jubilación en España entre 68 y 72 años de edad. Desde el Gobierno sí que empujan a los ciudadanos a seguir trabajando durante más tiempo a través de otras estrategias, como los incentivos que se aplican en la jubilación demorada.
A corto plazo, no parece que España u otros países de la Unión Europea vayan a situar la edad de jubilación por encima de los 70 años. Sin embargo, es algo que no se puede descartar a medio o largo plazo si se siguen produciendo diferentes cambios sociodemográficos.
