EL CONGRESO LLAMA EL LUNES 12 DE ABRIL A ESCRIVÁ PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

La reforma del sistema de pensiones parece que está demorándose más de lo previsto. Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales se han estancado y hay rumores de “bloqueo”.

La Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha solicitado la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la Comisión para el próximo 12 de abril, para que exponga los supuestos avances que hay en las mesas de diálogo sobre las recomendaciones planteadas por el Pacto en materia de pensiones. Sin embargo, fuentes del dialogo social dudan de lo que pueda adelantar Escrivá y criticaron que a veces los anuncios e intenciones del Ministerio llegan antes de los titulares, que las propias mesas del diálogo social.

 

El Ministro quiere llevar a cabo entre este año y el próximo 2022 cinco importantes reformas en materia de pensiones. Todas ellas quedaron recogidas en el documento enviado al Bruselas por el Ejecutivo para poner en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Según dijo el ministro José Luís Escrivá, todas las propuestas enviadas a Bruselas confluyen en la dirección de mejorar la contributividad del sistema.

 

1-  Incremento de las pensiones según la media del IPC

La última propuesta presentada el pasado 6 de marzo para revalorizar las pensiones que proponía el Gobierno eran establecer subidas acordes a la inflación media del año anterior, pero habría un mecanismo para absorber las alzas cuando el IPC (Índice de Precios de Consumo) sea negativo, como pasó en 2020, y así evitar que los pensionistas ganen aún más poder adquisitivo. En estos casos las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los tres años siguientes.

 

2.- Penalizar la jubilación anticipada y acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal

Acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal es otra de las metas del Ministerio que lidera Escrivá. Un objetivo que pasa por la penalización de la jubilación anticipada, y el incentivo de las demoradas. Y vetar la jubilación forzosa de los convenios colectivos.

 

De hecho, el ministerio busca mecanismo para desincentivar aún más las jubilaciones anticipadas voluntarias (2 años antes de la edad legal ordinaria de jubilación) y antes de que acabe el año, el Gobierno quiere subir la penalización del retiro anticipado para desincentivar esta modalidad de jubilación anticipada.

 

Donde tampoco se ha producido ningún avance es el informe sobre la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias (4 años antes de la edad legal ordinaria de jubilación) y la penalización de las largas carreras de cotización que debía presentar el Gobierno según encomendó el Pacto de Toledo y para el que dio un plazo de tres meses. El plazo para presentar el informe cumplió su fecha límite el pasado mes de febrero.

 

Muy unido a ello se encuentran los incentivos para demorar la edad de jubilación, y el Ministerio baraja la posibilidad no solo de incrementar los porcentajes, sino que la persona que apueste por retrasar su jubilación reciba un pago único adicional y no una subida mes a mes.

 

Sobre la derogación de la jubilación forzosa al llegar a la edad legal ordinaria de jubilación, tanto los sindicatos como la patronal parece no estar de acuerdo con la medida pues los sindicatos argumentan que se impediría el acceso al mercado de trabajo de las nuevas generaciones y los empresarios que impediría “amortizar gratis” a los empleados mayores.

 

3- Recuperar el coeficiente de “solidaridad intergeneracional” con algunos cambios

El punto cinco de las reformas del documento enviado a Bruselas recoge que se hace necesario, para lograr la sostenibilidad del sistema, «incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población». Muy especialmente de cara la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom. Esto quiere decir que se intentará buscar un equilibrio entre población ocupada (la que paga las cotizaciones) y la población pensionista (que percibe las prestaciones).

A falta de más detalles parece que es, de alguna forma, recuperar el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que formaba parte, junto al Índice de Revalorización Anual (IRA) de las pensiones, del denominado Factor de Sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que buscaba reducir la pensión en base a la esperanza de vida.

Parece que, quizás, a los factores que se utilizan para el cálculo de la cuantía de la pensión inicial de jubilación (edad, años cotizados, suma de las bases de cotización, etc.) se sumará un nuevo coeficiente que vincula la cuantía de la primera pensión resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años. Es decir, si mejora la esperanza de vida a los 67 años provocará una disminución de la pensión en el momento de la jubilación.

 

4.- La cotización por ingresos reales para los autónomos

Uno de los objetivos que persigue Escrivá, y que está dentro de la reforma enviada a Bruselas, es la creación de un sistema para que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar por ingresos reales.

 

Sin embargo, las organizaciones de autónomos sólo se han reunido una vez con el Ministerio desde que empezó el año con el Gobierno y sólo le trasladaron, como señalaron a la salida de la reunión, algunos datos pero ninguna propuesta.

 

El propio Gobierno no prevé que el nuevo sistema pueda estar listo antes junio de 2022 y estima que, como mucho, sólo el 70% del colectivo de autónomo esté cotizando bajo esta nueva figura.

 

Las organizaciones de autónomos han indicado en varias ocasiones que es muy difícil conocer los rendimientos netos que va a tener un autónomo para establecer una base de cotización. El pasado mes de octubre realizó un estudio en el que se concluía que esa medida dejaría fuera a la mitad de los trabajadores por cuenta propia ya que  sólo se podría aplicar a aquellos autónomos que tributan en estimación directa y, además, a aquellos sobre los que se puedan conocer sus rendimientos netos. Estos suman 1,5 millones, algo menos de la mitad de los 3,2 millones que están afiliados al Régimen de Autónomos».

 

5.- Fondo público privado de pensiones

Este es uno de los tres objetivos que persigue el Ministro para 2021 y que ya anunció José Luis Escrivá el pasado mes de noviembre durante la presentación del Plan Presupuestario del Ministerio y que da respuesta a la recomendación número 16 del Pacto de Toledo.

 

La creación de un fondo público de pensiones, que serviría para mejorar la cobertura de los jubilados en España ya sean asalariados o autónomos y que estaría gestionado, según comentó en su día el ministro, por una o varias entidades privadas y sería un complemento a la prestación por jubilación que ofrece la Seguridad Social ya que permitiría a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, tener un plan de pensiones de capitalización respaldado y con garantía del Estado.

 

Parece evidente que un sistema de pensiones de reparto “puro” es imposible de sostener en una sociedad longeva y en la que no crece la población y habría que alejar lo máximo posible las pensiones de la política. El consenso no es posible porque las pensiones no pueden depender de los objetivos de los partidos y no es de recibo que España sea el único país de la eurozona en el que “parece” (solo “parece”, y así se vende al ciudadano) que las pensiones las sube o las baja el gobierno de turno.

 

Pero esta medida aún está en una espesa niebla en la que se vislumbran ciertas incertidumbres:

  • Es la propia empresa la que propone la cuantía de esos Planes y se establecerán en el Convenio Colectivo. Se abre la puerta a la participación sindical en su control (¿una zanahoria” más para los sindicatos?).
  • Es preciso aclarar si tienen carácter obligatorio o voluntario, y el tratamiento salarial en caso de ser voluntarios.
  • Tiende a privilegiar al personal de las grandes empresas (que son las que tienen capacidad financiera para crearlos), aunque parece que se propondrá la creación de un fondo de empleo público, al que podrían acogerse trabajadores de PYMES e incluso autónomos
  • Pero, aunque controlado por el Estado, su gestión se dejaría en manos de entidades financieras privadas en calidad de concesionarias (sujetas a condiciones fijadas por la Administración). ¿Un posible “caballo de Troya” del actual sistema de reparto de las pensiones públicas?

 

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