Dos años y medio después de la votación de la reforma laboral, otro voto equivocado del PP ha servido para sacar adelante una iniciativa relacionada con el mundo del trabajo que rechazaban los populares. El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a reformar la indemnización por despido gracias al voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista José Luis Ábalos, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Águeda Micó y el diputado del PP Joan Mesquida, según el recuento de Europa Press. PP y Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido.
La votación se ajustó más de la cuenta (171 a favor, 170 en contra) porque dos diputados socialistas se ausentaron y no votaron. Según subrayan fuentes parlamentarias de Sumar, esto puso en riesgo el éxito de la votación, tras la negociación con los socios a favor de la propuesta del grupo de Yolanda Díaz.
Al tratarse de una proposición no de ley la iniciativa no va más allá de una declaración de intenciones, pero tiene otra lectura política: el grupo parlamentario socialista apoya una iniciativa de Sumar que choca con los planteamientos del Ministerio de Economía, que controla la parte socialista del Ejecutivo.
El texto aprobado en el Congreso insta al Gobierno a adoptar “las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa”. Yolanda Díaz ha compartido en redes sociales una foto del resultado de la votación, en el que se aprecia el punto verde del PP rodeado de votos rojos.
El texto aprobado en el Congreso insta al Gobierno a adoptar “las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa”. Yolanda Díaz ha compartido en redes sociales una foto del resultado de la votación, en el que se aprecia el punto verde del PP rodeado de votos rojos.
Sin una reforma legislativa, varios jueces concedieron indemnizaciones adicionales a empleados que las reclamaron basándose en la ratificación de la Carta y el Convenio de la OIT. Sin embargo, el Supremo cerró definitivamente esa vía en julio. El tribunal ya falló contra este tipo de compensaciones en diciembre del año pasado, superiores a los 33 días por año trabajado (45 para los periodos previos a la reforma de 2012) y un tope de 24 mensualidades (42 antes del cambio), pero dejó una puerta entreabierta al subrayar que no tomaba en cuenta en su decisión la ratificación de la Carta Social Europea por parte de España. En julio, con ese tratado ratificado por España en 2021 en la mesa, insiste en su veto a las indemnizaciones adicionales en función de las circunstancias del empleado.
Pese a esta decisión, el Ministerio Trabajo insistió entonces en su intención de reformar la normativa, haciendo “efectivo” el programa de coalición “y su compromiso con la ciudadanía”. Hace más de un año que Trabajo avisó de que convocaría a sindicatos y patronales para abordar esta reforma, pero de momento no lo ha hecho.
El pacto de Gobierno de PSOE y Sumar prometía “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.
