Presupuestos, quita de deuda y normas fiscales, laborales y energéticas quedan en suspenso
La falta de apoyos encalla proyectos en el Congreso en las comisiones correspondientes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana, sorpresivamente, un incremento histórico del gasto en Defensa que, no por casualidad, Moncloa se ha asegurado que no tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Más concretamente, la manifiesta falta de apoyos del Ejecutivo en la Cámara Baja, enquistada desde el inicio de la legislatura, mantiene actualmente en punto muerto diez leyes económicas de gran calado, sin visos de que prosperen en lo que queda de legislatura o lo hagan avanzado el tiempo.
La parálisis presenta diversos grados según la norma que se considere. En algunos casos, como los propios de la Ley del Suelo o de la senda fiscal que debía fundamentar los Presupuestos Generales de 2025, ya han experimentado dos intentos fallidos cada una de salir adelante en el Hemiciclo. En otros, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la propuesta del Gobierno ni siquiera ha dado sus primeros pasos en el Congreso, pero lo hará en breve con todos los visos de fracasar, ya que el Ejecutivo ha sido incapaz de amarrar apoyos suficientes en los últimos meses.
Hay también casos de propuestas atrapadas sin plazo definido en el limbo de la presentación de enmiendas. De ello pueden dar fe la Ley de Industria o la norma que pretende cambiar el modelo de instituciones reguladoras y restablecer la Comisión Nacional de la Energía. Por último, ni siquiera la amenaza de cuantiosas multas por parte de la Comisión Europea consigue, en el caso de la Ley de Aguas. desbloquear su aprobación.
Presupuestos Generales del Estado 2025
Por segundo año consecutivo, el Gobierno no ha podido aprobar la ley principal de todo Ejecutivo, los Presupestos Generales del Estado. Al darse la misma situación que en 2024, se han tenido que prorrogar los últimos aprobados, los de 2023. El motivo es el que no se obtuvieron los apoyos suficientes para dar el visto bueno a los objetivos de estabilidad (que fijan el límite de gasto no financiero y la deuda pública), paso imprescindible para presentar y sacar adelante las cuentas. En septiembre, fue el propio Ejecutivo el que retiró el proyecto de ley para no resultar perdedor. La realidad es que el país vive una prórroga desde hace dos años, con lo el hecho representa de paralización casi total de la actividad económica del Gobierno y el uso y abuso de soluciones «imaginativas».
Financiación autonómica y quita de la deuda
Las constantes negociaciones con los socios parlamentarios, especialmente las formaciones separatistas, han aparcado la renovación del sistema de financiación autonómica, obsoleto ya que la ley vigente es de 2009. La situación actual es que se toman decisiones según las peticiones de los socios, como por ejemplo la quita de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero llevar adelante dicha quita también conllevará dificultades y atrasos. Requiere una ley orgánica, porque afecta a administraciones públicas, lo que significa que debe ser aprobada por mayoría absoluta. Como muy pronto, y si sale, no estará en vigor hasta 2026.
Ley del Suelo
Esta es una reforma de las consideradas estructurales que está recorriendo un camino penoso. En mayo de 2024 fue retirada porque no la apoyaron los socios, ni siquiera el PP. Gracias a una proposición de ley del PNV, volvió al Congreso en febrero, fue rechazada y corre el riesgo de encallarse en la Comisión correspondiente, como suele ser habitual en esta legislatura. Ayer, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pidió que se tramite con normalidad y recordó que «está consensuada por todos los agentes implicados».
Reducción de jornada
Hace más de un año que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó lo que considera la «joya» de su departamento, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Después de meses y meses de negociaciones con los agentes sociales, pasará, por segunda vez, por el Consejo de Ministros el próximo martes 29 de abril. Solo los sindicatos le han dado su placet porque las organizaciones empresariales se oponen frontalmente. Hasta el mismo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se enfrentó con Díaz por esta causa y ésta le llamó «mala persona» por no estar de acuerdo con ella. Su tramitación no se prevé fácil.
Indemnización por despido
En 2021, se «reformó» la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012. Sin embargo, se optó por no tocar la indemnización por despido de 33 días para buscar un acuerdo con CEOE. Los sindicatos presentaron batalla y denunciaron a España por no cumplir la Carta Social Europea, que establece «compensar los daños causados al trabajador por el despido». Se interpretó que no debía haber indemnizaciones generales, sino de acuerdo a las condiciones de cada trabajador, el llamado «despido a la carta». La ministra de Trabajo afirma que hay que adaptar la normativa y hacerlo de esa manera y el PSOE está en contra.
Reforma fiscal
En febrero de 2022, un comité de siete expertos, reunido a petición del Gobierno para estudiar una profunda reforma del IRPF, Sociedades y Especiales, entregó sus conclusiones. Ha habido modificaciones tributarias, pero no la reforma profunda que el Ejecutivo pretendió entonces. Impuestos a las empresas energéticas y a la banca, retoques en el de la Renta, impuesto a las grandes fortunas o un tipo del 15% a las multinacionales han sido aprobados en estos años, pero por necesidades coyunturales. Y aún queda pendiente el impuesto al diésel. La equiparación de este gravamen con el de la gasolina no cuenta tampoco con los apoyos necesarios y el Gobierno ha incumplido por ello el plazo de la Comisión Europea, que lo considera un hito para los fondos Next Generation.
Ley de Industria
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica es otra de las reformas de calado que avanza lentamente Destinada, en primer lugar, a incrementar el peso del sector industrial en la economía española, fue aprobada en diciembre de 2024 por el Consejo de Ministros. En estos momentos, cuatro meses después, sigue tramitándose en el Congreso y se encuentra varada en la Comisión de Industria y Turismo.
Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios
Esta norma tiene por objeto, entre otras cosas, reestructurar el sistema de precios de los medicamentos por lo que, además de su importancia sanitaria y social, la tiene también económica. Uno de sus artículos más polémicos es el que pretende impulsar la competencia entre los medicamentos genéricos y los biosimilares. Aprobada por el Gobierno hace pocos días y en trámite de alegaciones públicas, ya ha suscitado las protestas de sectores implicados como farmacéuticos y veterinarios. Estos últimos están siendo muy activos en sus manifestaciones contrarias a la ley, puesto que, por ejemplo, no les deja recetar libremente antibióticos. Ya han convocado manifestaciones ante el Congreso en mayo. En el capítulo sanitario hay que mencionar, asimismo, la paralización de la Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada como un instrumento muy necesario para hacer frente a futuras pandemias. El proyecto fracasó en el Congreso el pasado mayo por el veto del PP y Junts. Este mes, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar un nuevo anteproyecto de ley.
Comisión Nacional de la Energía
Se trata de un organismo clave para el sector energético, cuyo anteproyecto de ley ha cumplido ya un año. Pero se ha atascado en la Cámara Baja. El motivo es que los socios del Gobierno alargan el plazo de enmiendas, porque tanto PNB como Juntas quieren imponer a sus candidatos en los puestos directivos de la institución. No hay que olvidar que ésta tendrá competencias muy importantes en el campo de la energía que, hoy por hoy, es vital para las formaciones políticas.
Ley de Aguas
La revisión del Texto refundido de la Ley de Aguas es necesaria para cumplir en materia de los fondos Nexo Generación. Data de 2022 y a estas alturas todavía está pendiente. La revisión incluye un reglamento y demás normativa para garantizar inversiones y una modificación del canon de control de vertidos de aguas residuales y del sistema de recuperación de los costes de las infraestructuras hídricas en consonancia con el principio de «quien contamina paga». La convocatoria de elecciones en julio de 2023 paralizó la norma, que ahí continúa.
Fuente: El bloqueo institucional paraliza una decena de grandes reformas económicas
