EL ACUERDO PSOE-PNV: LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CAJA COMÚN

El PNV arranca a Sánchez el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social

El Estado debe asegurarse la competencia exclusiva de la regulación, gestión y ejecución, según el Constitucional

 

El PNV exige un compromiso y garantía real del cumplimiento íntegro e inminente del Estatuto de Gernika, que lleva varias décadas de retraso. Y esta exigencia parece inamovible, teniendo en cuenta que el Gobierno de España ya adoptó en 2020 un compromiso público para completar y cumplir con el autogobierno vasco, que finalmente no se realizó.

 

El régimen económico de la Seguridad Social debe ser una competencia del País Vasco, según el Estatuto, pero esa cuestión todavía no se ha resuelto y el PNV siempre ha defendido que disponer del conjunto de políticas del ámbito social, pensiones, ayudas sociales, etc. permitiría hacerlo de una manera más global, estratégica y racional.

 

El principal obstáculo para realizar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi es la polémica suscitada sobre la ruptura de la ‘caja única’. Tal y como se ha explicado desde las instituciones vascas en repetidas ocasiones, “el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (SS) a Euskadi, no es la transferencia de la Seguridad Social”.

En definitiva, según el PNV, no se trata de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente. Solo consiste en lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema, -como recoge el Estatuto vasco-, “pero sin cuestionarse la unidad del mismo”. Junto a ello, el Gobierno autonómico tendría control sobre asuntos como las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, junto a la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.

 

Cuando se produjo el traspaso del IMV (Ingreso Mínimo Vital) a Euskadi en marzo de 2022, el PNV aseguró, que “ha quedado demostrado que es posible profundizar en la descentralización de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sin romper nada”. Precisamente, desde el acuerdo sobre el Ingreso Mínimo, no ha habido avances pese a que el Gobierno de España ha recibido propuestas detalladas de traspasos en materias como meteorología, gestión del litoral, fondo de apoyo a la cinematografía e inmigración, así como la del transporte ferroviario.

 

El PSOE se compromete a entregar la Seguridad Social al País Vasco en dos años

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el acuerdo alcanzado con el PSOE garantiza la negociación y el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes, incluyendo la postergada cesión del régimen económico de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años.

 

El PNV consigue dos grandes compromisos del PSOE para garantizar la investidura de Pedro Sánchez: el compromiso de que se negociará el «reconocimiento nacional» del País Vasco y una ampliación del Concierto Económico con más tributos y competencias en todas las áreas, además de Seguridad Social, en infraestructuras. También tendrán prevalencia sobre los convenios sectoriales de los trabajadores, los firmados en el País Vasco. Para ello, se crea una comisión bilateral permanente entre el Gobierno Español y el Gobierno Vasco, además de las reuniones de trabajo que se establezcan, cada seis meses deberá reunirse de forma presencial con la asistencia del presidente del Gobierno y el del Gobierno vasco.

 

Así, todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la CAV contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV y se acuerda modificar en el plazo de seis meses el art. 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios firmados en el País Vasco estén por encima de los acuerdos estatales y sectoriales.

 

En el caso del ámbito económico y fiscal, el PSOE se compromete a avanzar en el modelo actual de concertación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de manera que sea posible la aplicación de normativa autónoma en el caso de contribuyentes no residentes que obtienen rentas en la Comunidad Autónoma del País Vasco sin disponer de un establecimiento permanente, con el compromiso de no incurrir en competencia fiscal.

 

«Abordaremos la situación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y en concreto el aumento de la fracción de cuota por contingencias comunes máxima en la segunda financiación adicional» indican casi al final del acuerdo.

 

La trampa de la gestión de la Seguridad Social

La gestión del régimen económico de la Seguridad Social es una vieja aspiración de los nacionalistas vascos y está plasmada en el artículo 18 del Estatuto de Guernica. Lo cierto es que este detalle tan destacado del acuerdo del PSOE y PNV ya figura como competencia autonómica en nueve Estatutos de Autonomía más, aparte del de Guernica: Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias.

 

El problema es que esta petición, por muy «histórica» que sea, choca de frente con la Constitución, que establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social. De hecho, el Tribunal Constitucional ha advertido en varias ocasiones que el Estado no solo tiene potestad en la regulación jurídica de la Seguridad Social, sino en todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de los criterios unificados.

 

En cualquier caso, el objetivo del PNV es gestionar la Seguridad Social en el País Vasco de un modo similar al del IMV: tramitando y aprobando los expedientes sin cuestionar la caja única. En la práctica, el Gobierno vasco reconocería a los beneficiarios sin seguir necesariamente los criterios unitarios del INSS y todo a cuenta del Estado, que sería el que abonaría las prestaciones.

 

Desde los servicios jurídicos de la Seguridad Social como Inspección de Trabajo se ha advertido que este acuerdo constituye un ataque al Estado de derecho, al principio de igualdad, a la separación de poderes y a la independencia judicial «al asumirse que los procesos judiciales respondieron a motivaciones políticas cuando los mismos estuvieron sometidos a las máximas garantías jurídicas salvaguardando el derecho a la defensa de todos los procesados». Así, se remiten a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que sugiere el desarrollo «de un mecanismo unitario de gestión» desde el que se garantice «los principios de solidaridad, igualdad y equidad» que conforman el sistema de la Seguridad Social.

 

El PSOE, por su parte, ha echado balones fuera. Tras conocerse un acuerdo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que en el documento «no se ha singularizado nada» y que una eventual cesión de las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco será «difícil». Es decir, que es posible cumplir el acuerdo que acaba de firmar. Eso sí, Sánchez ha ganado dos años más para incumplir sus promesas.

 

Tampoco está definido, ni mucho menos, cómo se llevaría a cabo el traspaso, si se rompería o no la caja única o si el Gobierno vasco asumiría simplemente la gestión las pensiones vascas. Esto supondría que la carta que reciben los jubilados vascos, por ejemplo, tendría el membrete del Gobierno vasco pero que, en realidad, sus prestaciones siguiesen formando parte del conjunto de la Seguridad Social. Sería algo casi más publicitario.

 

Será asimismo relevante saber qué ocurrirá con el déficit de las pensiones vascas, que acumula un desequilibrio anual de más de 4.000 millones de euros. Precisamente por este punto parece difícil que el Gobierno vasco quiera romper la caja única, ya que en ese caso tendría que asumir en solitario el déficit.

 

El Estado pagará el grueso de las pensiones vascas pero el PNV se reserva ‘paguitas’ discrecionales

El pacto entre PSOE y PNV creará distorsiones entre los pensionistas vascos y el resto, mientras el Estado sufraga el grueso de las pensiones de la comunidad autónoma. Las pensiones vascas son las más altas de España -1.351,1 euros la media en 2022 por 908,7 en Extremadura, por sus salarios más altos- y son deficitarias en cerca de 4.300 millones, cantidad que se ha duplicado en la última década. El País Vasco es una de las regiones más envejecidas y con menos trabajadores por pensionista. El pacto que ha alcanzado el PNV con el PSOE para que se le transfiera la gestión de la Seguridad Social -a cambio de investir a Pedro Sánchez- creará distorsiones y diferencias entre los pensionistas vascos y el resto, mientras el Estado sufraga el grueso de las pensiones vascas. Y ahondará en una tendencia que ya se viene produciendo: el Gobierno vasco mejora a sus pensionistas. Ahora además pondrá su sello en el servicio.

 

A todo esto se añade que al traspasarle la gestión de la Seguridad Social, el Estado deberá realizar una nueva transferencia compensatoria al País Vasco, lo que supondrá más recursos, más funcionarios y más poder para Ajuria Enea. Una transferencia que se negociará bilateralmente y que necesita de ajustes técnicos complejos. Todo ello, cuando las pensiones vascas ya se financian con los impuestos de todos los españoles sin que los vascos aporten los suyos.

 

En lo que no hay consenso entre expertos es si esta medida supone la ruptura de la caja única o no. La mayoría considera que por lo menos es el inicio, pero en un escenario en el que ya se ataca la igualdad entre los pensionistas españoles. No se busca una Seguridad Social vasca independiente porque sería difícilmente asumible y desde luego no la quiere el PNV.

 

Lo que empieza a ocurrir y se sientan ahora las bases para que vaya asentándose es que las pensiones vascas tengan diferentes criterios y compensaciones, lo que acabará creando diferencias en la unidad de las contributivas en todas las comunidades, frente a la parte asistencial, no contributiva, que sí está transferida a las autonomías.

 

A la complejidad de la transferencia se ha referido este viernes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que ha llegado a poner en duda que esté en el acuerdo con el PNV. Esto significa, según Montero, que al igual que en acuerdos de pasadas legislaturas suscritos, incluso con el PP, lo que se ha firmado es el desarrollo y el avance del Estatuto. Eso sí, ha advertido de que esa transferencia total de la Seguridad Social será “difícil”.

 

Sin embargo, nunca se había alcanzado un compromiso concreto y éste lo ha sido. Lo que dice el pacto con el PNV es que se va a “culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años” y ésta es la más señalada.

 

La diferencia es clara con la anterior negociación del PSOE con el PNV en febrero de 2020. La entonces ministra de Política Territorial Carolina Darias y el portavoz y consejero de Autogobierno del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, acordaron que en lo relativo a estos traspasos “es importante esperar al diálogo, siempre en el marco del Pacto de Toledo. En todo caso, los trabajos para el inicio de los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social se trasladan a junio de 2021″.

 

Los Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social han advertido en un comunicado de que “la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social rompe la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles”. Recuerdan que el artículo 149.1.17 de la Constitución otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias sentencias (12471989 y 195/1996), afirmando que el Estado mantiene las competencias ejecutivas para garantizar “la unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme”.

  

El PNV sostiene que el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi no es la transferencia de la Seguridad Social. Aseguran que no se trata de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente, sino en lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema sin cuestionar la unidad del mismo. Pero el Gobierno autonómico se ocupará ya de toda la gestión y tendrá control sobre las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.

 

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, explica, que, por ejemplo: “No será accidente de trabajo en Málaga lo que sí lo será en Bilbao; habrá un falso autónomo en Salamanca que no lo será en Vitoria“, y recuerda que ya se abrió una grieta en 2010 y 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero transfirió al País Vasco y Cataluña la Inspección de riesgos laborales, lo que cree que ha llevado a que se disgregue la unidad de acción y la Inspección esté perdiendo eficacia.

 

Por su parte, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, destaca que el grueso de las pensiones vascas lo seguirá sufragando el Estado. Zubiri, uno de los mayores expertos en el Cupo Vasco y cuyas aportaciones sobre pensiones son tenidas en cuenta por la Comisión del Pacto de Toledo, advierte de que la renta mínima del País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ya recoge una mejora para los pensionistas vascos, que son mejorados en esta prestación por su condición. Tienen una condición previa, diferente y superior. Este experto ve posible que asumir la gestión de la Seguridad Social estimule nuevas mejoras.

 

Hay un interés creciente en el PNV por ofrecer compensaciones, paguitas, a sus pensionistas. A pesar de ser los que disfrutan de las mejores prestaciones, los pensionistas vascos tienen grupos beligerantes que presionan y se manifiestan y llevaron al PNV a arrancar mejoras a Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2018. De hecho, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, reconoció en enero de 2020 en un desayuno informativo en Madrid que el Gobierno vasco lleva “40 años esperando para gestionar las pensiones”. “Lo haríamos bien, seguro. Y además nos serviría para completar otras políticas sociales”.

 

Lo cierto es que las pensiones vascas se financian con los impuestos del resto de los españoles sin que los vascos, cuyos impuestos van a las Haciendas Forales, contribuyan. Los expertos advierten de que con la opacidad del cálculo del Cupo es imposible conocer el detalle de lo que por encima de todo es un acuerdo político. Que se mantengan tanto la cifra como el porcentaje de imputación les parece buena muestra de ello, mientras los gastos del Estado crecen. El peso del País Vasco en el PIB, fijado en el 6,24% en 1981, ha disminuido porque lo ha hecho su población. Pero pesan más los conceptos a los que se aplica el porcentaje, la base, que el porcentaje.

 

Los Convenios Colectivos territoriales

El rechazo de unos y la polémica sobre lo negociado en la transferencia de la Seguridad Social que se desataron el viernes han oscurecido otras cesiones importantes del PSOE al PNV, entre las que destaca una reforma bilateral del Estatuto de los Trabajadores para dotar de prevalencia a los convenios colectivos vascos. Se trata de un asunto de escasa incidencia práctica, pero que se convirtió en un fetiche de nacionalistas vascos y catalanes en la negociación de la reforma laboral. “Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral. Lo que entonces fue posible, ahora lo hemos conseguido” ha celebrado Ortuzar.

 

A esta vieja reivindicación de los nacionalistas se opone CEOE, que cree que atenta contra la unidad de mercado. A la espera de ver qué se dirime este lunes en el Comité Ejecutivo Extraordinario de la patronal que convocó el jueves Antonio Garamendi “ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial” por los acuerdos entre el PSOE y Junts, CCOO y UGT han publicado un comunicado sobre las medidas laborales y de Seguridad Social en el pacto entre el PSOE y el PNV.

 

Las centrales sindicales, que solían ser muy críticas con las transferencias de la Seguridad Social, avalaron el jueves el pacto entre el PSOE y Junts. Respecto al pacto con el PNV, se limitan a decir que las medidas deberían tratarse en la negociación colectiva y en el Pacto de Toledo.

 

Nada comparable con el aluvión de comunicados muy críticos con los acuerdos del Gobierno que se vienen publicando desde el jueves. Este sábado, a los Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social se han unido la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional de Médicos evaluadores de la Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.

 

“La articulación de nuestro sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas, por lo que apelamos a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso“, plantean las cinco asociaciones de la Seguridad Social.

 

A esta cesión sobre los convenios se suma que el País Vasco podrá subir la masa salarial de sus funcionarios. “Se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios, y los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos“, recoge el pacto.

 

La opinión de algunos expertos

El profesor de la Universidad de Valencia y miembro de diversos servicios de estudios económicos, Enrique Devesa, apunta que “romper la caja única debe de implicar modificaciones legislativas importantes, no sé si incluso inconstitucionales”.

 

El investigador de Fedea, Miguel Ángel García, señala la falta de concreción del acuerdo, que deja en el aire si puede ir o no más allá. “Es difícil interpretar el contenido de traspaso de la gestión, puede ir desde solo poner la chapa del gobierno Vasco al pago de la pensión a tener ellos solos los datos de cotizaciones y pagos, y pendiente quien reconoce el derecho”, apunta a este medio. “La gestión no debería incluir el reconocimiento de la prestación, pero quién sabe en lo que termina”, destaca.

El economista José Carlos Díez  advierte de que, pese a que el PSOE ha tenido que salir a desmentir que se vaya a romper la caja única, “todas las asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social han publicado un comunicado conjunto advirtiendo de que un sistema confederal sería el fin de la capacidad redistributiva de la columna vertebral de nuestro Estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones”. El sistema de pensiones en el País Vasco tuvo un déficit en 2022 de 4.000 millones de euros. “Son una de las poblaciones más envejecidas y tiene una ratio de número de cotizantes por jubilado de 1,7, muy inferior a la de Madrid, que con 2,8 de nuevo vuelve a ser el principal contribuidor al sistema, como sucede en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”.

 

Lo cierto es que 2″1 de cada 3 euros de pensiones vascas se pagan con deuda y parece que el PNV únicamente quiere la gestión para poner el logo del Gobierno vasco y que los pensionistas crean que son ellos los que pagan su pensión.  El escenario es ya de por sí muy preocupante y todavía empeorará más, ahora que comienza a jubilarse la generación del baby boom. “Para pagar una pensión media hacen falta tres cotizantes y ahora solamente hay dos.

 

Letrados de la Seguridad Social

El presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, José Luis Lopez-Tarazona, indica que esta entidad muestra por  acuerdo mayoritario de la Junta Directiva, «nuestro más firme  compromiso con los pilares esenciales de nuestro Estado social y  democrático de Derecho, especialmente el de la división de poderes del Estado y el de igualdad, en derechos y deberes, de todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad autónoma  en la que residan».

 

En su condición de operadores jurídicos, consideran que la transferencia de este Régimen Económico es uno de los elementos más sensibles de este acuerdo PSOE y PNV. El propio PNV siempre ha argumentado que lo que persigue es la gestión, no la capacidad normativa y sancionadora que quedará en manos de la Administración autonómica.

 

Habrá que ver realmente el detalle de este acuerdo en los próximos días para conocer el alcance real del mismo. «Del mismo modo, y a la vista de la actual deriva de los  acontecimiento, en nuestra condición de Letrados de la Administración  de la Seguridad Social y de las cada vez más reiteradas noticias sobre la posible transferencia de la gestión de la Seguridad Social queremos advertir que su mantenimiento en los términos constitucionalmente previstos constituye un elemento esencial para la convivencia».

 

Para este colectivo, “cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de  nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad  Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la  igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”. Desde su punto de vista, “esa unidad e igualdad se garantizan mediante los principios de caja única y solidaridad financiera que implican, no solo la titularidad  y competencia estatal exclusiva sobre la gestión de recursos  económicos y financieros del sistema sino también sobre el  reconocimiento y pago de las prestaciones, cuyos criterios de gestión deben ser únicos y uniformes en todo el territorio, precisamente para  evitar la existencia de diversas políticas territoriales en materia de Seguridad Social en las distintas comunidades autónomas”.

 

Para este colectivo, “como ha subrayado el Tribunal Constitucional, el  Estado debe reservarse como competencia exclusiva no solo la  regulación jurídica en materia de Seguridad social sino, todas las  competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva  aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio  nacional (Sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) 129/89 y  195/1996), tanto para los actos de encuadramiento, liquidación y  recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones”.

 

A juicio de esa asociación de letrados de la Seguridad Social, “también debe señalarse que una transferencia de la  gestión de la Seguridad Social contravendría lo dispuesto en el Pacto de Toledo, cuya Recomendación octava contempla expresamente una Agencia de Seguridad Social, de titularidad estatal, precisamente para  garantizar la aplicación de los principios de solidaridad, igualdad de  trato y equidad entre generaciones”.

 

El acuerdo también contempla otros temas de calado a nivel económico, laboral y fiscal. Entre ellas una reforma del marco de relaciones laborales en el que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los estatales, una reivindicación histórica del PNV. Esta cuestión que no se incluyó en la reforma laboral de Díaz, hizo que el PNV votara en contra de dicha reforma.

 

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social advierten del potencial riesgo que escondería la operación para el funcionamiento del sistema público de protección social a nivel estatal. Además, recuerdan que esta medida -recordemos, recogida en otros acuerdos políticos con formaciones vascas en referencia al Estatuto de Guernica mencionado- abre la puerta a la quiebra del actual modelo de solidaridad entre regiones.

 

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo que preside Ana Ercoreca se recuerda que  el artículo 149.1.17 de la CE otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional  en varias sentencias, (SSTC 124/1989 y 195/1996), afirmando que el Estado mantiene las  competencias ejecutivas para garantizar la “unidad del sistema y su funcionamiento económico  uniforme”.

 

La finalidad de incluir al régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado ha sido el de preservar la unidad del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y unitario de Seguridad Social para todos los españoles, que garantice al tiempo la igualdad de todos los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, (artículos 41 y  149.1. 1ª de la Constitución), indican.

 

Para esa entidad, “los anteriores artículos exigen que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social queden sometidos a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera”. Afirman que esta cesión al PNV es negativa. “Lo contrario, que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios…) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional-, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social”.

 

“Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus  objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del  Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional  de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos, la  representación y defensa ante los tribunales garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial  bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora, pues su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su  respectivo sustrato empresarial.” Desde esta entidad recuerda el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como Servicio Público contribuye a la preservación  de los derechos de los trabajadores y al sostenimiento del sistema de protección social, vigilando  para ello, el cumplimiento de las normas de orden social, para ello “es fundamental para nuestro trabajo, que la gestión de la Seguridad Social, siga dentro de las  competencias del Estado».

 

De esta forma se podrá “garantizar así, los principios de calidad y eficiencia de la  prestación del Servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora y la  concepción única e integral del Sistema y para garantizar, en definitiva, la construcción y  mantenimiento del Estado de Bienestar, que tanto nos ha costado edificar entre todos y cuyo  sostenimiento y protección, siempre han guiado y guían la actuación de la Inspección de Trabajo  y Seguridad Social”. A juicio de ese sindicato, “la igualdad de todos los españoles y la propia “caja única” pueden verse afectada como  consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos  políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, la cual, creada en 1995, vela y debe  seguir velando por la defensa de un sistema de Seguridad Social Solidario, que garantice la  sostenibilidad del sistema”.

 

Los sindicatos advierten de que los cambios en la Seguridad Social deben ser abordados en el Pacto de Toledo

CCOO y UGT recuerdan a PSOE y PNV que cualquier cambio en la Seguridad Social tiene “singular importancia” y cualquier actuación en esta materia debe ser abordada en el marco del Pacto de Toledo y la concertación social, en lugar de en espacios bilaterales entre el Estado y una o más de una comunidad autónoma.

 

PSOE y PNV para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han pactado el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, y además, han pactado la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el plazo de seis meses para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales. “La estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras, y por tanto las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores, debieran abordarse en el marco del diálogo social“, han dicho los sindicatos a través de un comunicado.

 

No obstante, UGT y CCOO defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial. En este sentido, los sindicatos han señalado que “los marcos autonómicos son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo”. Los sindicatos emplazarán al próximo Gobierno a definir esta modificación legal en las mesas de negociación, puesto que es una materia que no se abordó en el perímetro de la reforma laboral.