«El voto antisanchista no es simplemente uno de castigo que se conforma con la alternancia,
sino que tiene un componente ético, que trasciende a lo ideológico»
Pedro Sánchez nunca fue ni es un político preparado para gobernar, Pedro Sánchez no contiene en su espíritu más que necedad. Estamos ante una especie de enjuto personaje cuya dualidad o multiplicidad de carácter pareciera que le autoriza a decir una cosa y su contrario sin inmutarse. Pruebas sobran para advertir que es consciente de ello, y no le importa, al contrario, goza con serlo. Jamás un presidente del gobierno había reunido tanto poder en sus manos (incluido el cuarto poder: el de la prensa, que ha usado como una alfombra), y tantos medios para comprar la voluntad de los españoles, pero lo tremendamente espantoso de su presencia como político español es que ha arrastrado a todo un partido en su demencial egolatría, también a sus votantes.
Accedió al poder con trampa basándose en una afirmación no pertinente del juez Ricardo de Prada en la sentencia de Gurtel cuya frase finalmente tuvo que ser retirada de la sentencia, ha deteriorado instituciones públicas por su propio interés, ha ocultado el número de fallecidos en la pandemia, miente sobre las cifras de desempleados sacando a los fijos discontinuos en paro, ha sido irresponsable con respecto a Marruecos, insulta a sus oponentes, redacta un código penal a la medida de los golpistas catalanes, nos quiere imponer una forma de vida no elegida, impide la crítica en su partido, al que tiene secuestrado,…
Pero “el sanchismo” no empieza y se agota en la persona de Pedro Sánchez, es una forma autoritaria y utilitarista de concebir el poder que únicamente considera morales y democráticas las ideas y políticas identificables con el líder. Así, a la hora de valorar la idoneidad de las medidas adoptadas, se desdeña su encaje legal y se pone el foco en su suficiencia para la consecución del fin pretendido, que no es otro que el de construir un Estado a la medida de los intereses de su mandatario.
En la Moncloa y en Ferraz han asumido que Sánchez tiene un problema muy serio de imagen y de credibilidad a ojos de una parte importante del electorado. En el pasado, el equipo del presidente ya lo intentó todo para dulcificar su imagen y resintonizar con la opinión pública. Pero nada ha funcionado. Por ejemplo, en enero fue la famosa partida de petanca del presidente con un grupo de pensionistas, todos cargos del PSOE en Coslada. En febrero visitó la casa de una joven pareja de Parla, receptores ambos del salario mínimo aunque no contó que uno de ellos era el hermano del líder de las Juventudes Socialistas en el municipio.
Derogar el sanchismo implica:
- renegar de cualquier pacto de legislatura que haga recaer la gobernabilidad del país en partidos de corte independentista enemigos del Estado-nación al que “cogobiernan”.
- un respeto absoluto por la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Abordar la resolución de los problemas con escrupulosa observancia de los procedimientos legales establecidos.
- la despolitización de contrapoderes del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas.
- enterrar de una vez por todas el guerracivilismo que pretende mantener vivos los bandos de aquella contienda suicida y reivindicar el pasado de la transición y la democracia.
- la eficiencia en el gasto público, incentivar el ahorro y atraer la inversión.
- establecer una Administración al servicio de sus ciudadanos y no sólo de los funcionarios que en ella sirven.
- instaurar un Estado facilitador y no proveedor, que eluda el derroche, asista a los débiles y sólo llegue allí donde el sector privado no alcanza o se muestra insuficiente.
- normalización de la crítica al poder, el político no sólo ha de soportar un grado mayor de crítica, sino que también ve condicionada su libertad de expresión cuando la dirige a sus administrados.
Los escogidos para tan ardua tarea de reconstrucción han de ser conscientes de que no sólo se les vota para que demuestren su capacidad de gestión cuadrando las cuentas, sino también para reconciliar a España con el Estado de derecho y la convivencia.
