El sistema de pensiones necesita reformarse para poder seguir garantizando las prestaciones con el mismo nivel de ingresos para las futuras generaciones (lo que se denomina equidad intrageneracional). Según las estimaciones de los expertos, el peso del gasto público en pensiones en España pasará del 12% actual al 18% en el medio plazo, lo que supondrá un mayor coste para poder sufragar el nivel actual de prestaciones.
España es uno de los países de la OCDE que más dinero público destina a las pensiones y en el que menos ahorro privado se mueve a dicho fin. Esta situación se presenta insostenible, por lo que los españoles deberían tomar conciencia de lo difícil que será mantener el poder adquisitivo actual durante sus años de retiro sin contar con un componente de ahorro privado adicional.
De hecho, en este sentido, España está sólo por detrás de Grecia (17% del PIB), Italia (16,5% del PIB), Portugal (14% del PIB) y Francia (15,7% del PIB), mientras el ahorro privado destinado al mismo fin es inversamente proporcional. Hoy el Estado ya transfiere a la Seguridad Social cada año en torno a un 10% de su Presupuesto y la cifra es aún superior por las aportaciones presupuestarias extraordinarias que, indebidamente, se están configurando como préstamos del Tesoro, préstamos que no generan intereses y no deben ser devueltos configurando una ficción autoengañosa con la que se debe acabar.
Ello se debe a la combinación de una serie de factores:
- el envejecimiento demográfico y la consecuente mayor longevidad;
- la menor tasa de natalidad, que reduce la masa de trabajadores que deberán soportar con sus cotizaciones las prestaciones para la jubilación.
- el menor crecimiento económico que se refleja en el empleo (cotizantes) y en los bajos salarios y cotizaciones
- los bajos tipos de interés que propician el mayor endeudamiento público
Además, en el plazo de cinco años, el número de trabajadores que alcanzarán la edad de jubilación y se incorporarán al sistema de prestaciones pasará de los 300.000 actuales a los 600.000.
Según un informe del Banco Mundial, entre 1995 y 2005 18 países aumentaron la edad oficial de jubilación y en base a la información recopilada por FIAP (Federación Internacional de administradores de fondos de pensiones), se ha detectado que entre 2009 y junio de 2019, 39 aumentaron la edad de jubilación. En términos globales, entre 1995 y junio 2019, 57 países han aumentado la edad de jubilación.
España, además, se enfrenta a otro reto casi más importante que es la credibilidad y el apoyo social. Pues debido a la deficiente educación financiera, información y transparencia de la sociedad española, existe una visión muy negativa sobre sus pensiones. Se demanda un mayor refuerzo de la contributividad del sistema y de su transparencia para que la gente pueda tomar sus decisiones con la información y antelación adecuada: “España es un país de viudas o viudos con casas muy grandes y rentas muy pequeñas”
La pensión pública representa alrededor del 96% de las rentas que perciben los jubilados en nuestro país. Probablemente ha llegado el momento en el que el sistema de pensiones se apoye en varios pilares, las empresas y los trabajadores van a tener que plantearse que papel van a jugar en los sistemas colectivos de ahorro.
La pensión de jubilación puede venir por la vía de reparto, por la vía de capitalización promovida por la empresa, el ahorro individual, el ahorro vía consumo,…,cuantos más pilares tengamos mejor. Hay muchos modelos en el mundo y hay que ver que partes son aplicables a nuestra economía e implementarlos.
Entre las diversas soluciones que se contemplan las tres más comunes son:
- la mayor transparencia e información exigidas sobre esta cuestión, vinculadas a un mayor nivel de educación financiera entre la población
- el fomento del ahorro (economía conductual),
- y la innovación financiera para generar productos y servicios financieros que complementen las necesidades que no cubrirán las pensiones a futuro,
El consenso político es otra cuestión clave para materializar esta reforma del sistema de pensiones, porque las diferencias ideológicas entre los partidos, más evidentes en periodos electorales como el actual, retrasan la toma de decisiones. Una situación que, de no solventarse a tiempo, tendrá que abordarse de una manera obligatoria, una vez que los niveles de deuda pública se disparen y organismos como la Unión Europea impongan medidas para corregir el problema (¡acordémonos de Grecia!).
