Sánchez aprobará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el día 20
Las negociaciones sobre la reforma de las pensiones con los agentes sociales y dentro del propio Gobierno parecen bloqueadas. Según explican fuentes implicadas en la redacción del documento, la ficha que es responsabilidad directa del ministro José Luis Escrivá es la que más problemas está generando en el diálogo social, superando incluso a la complicada reforma laboral. Las conversaciones siguen “empantanadas y eso retrasa aún más los planes de la vicepresidenta Nadia Calviño, la interlocutora con la Comisión Europea.
Moncloa lo tiene claro: las reformas tienen que cerrarse en el diálogo social. Es una máxima que transmitido Pedro Sánchez. El Plan de Inversiones y Reformas que se valida hoy nace, por tanto, con la ausencia del documento que establecerá el “perímetro” de la reforma de pensiones, y se pondrá una hoja de ruta, pero no la reforma cerrada al cien por cien. Para conocer cómo quedará el documento final aún hay que esperar tiempo y eso parece que Bruselas lo acepta.
El Gobierno lleva meses negociando con la Comisión el plan de reformas. Serán 110 inversiones y 102 reformas que el Ejecutivo de coalición se compromete a poner en marcha en los próximos tres años para poder recibir los fondos europeos (82.000 millones en esta legislatura). La UE quiere que estas reformas salgan del diálogo social ya que implicaría aprobar medidas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno.
La reforma de pensiones es, en palabras del propio Sánchez, la “clave de bóveda del estado del bienestar” y está, de momento, empantanada pues, en esta primera fase hay tres medidas que están provocando un intenso tira y afloja entre los agentes implicados:
1.- La llamada “jubilación forzosa” al cumplir la edad legal que Escrivá pretende fulminar por recomendación (o exigencia) de Bruselas. Patronal y sindicatos no lo aceptan pues es un asunto que fue pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que se encuentra incluido en los convenios. Los sindicatos consideran que se generaría un tapón que impediría a los jóvenes a acceder a determinados puestos de trabajo y la CEOE argumenta que le impide “renovar la plantilla” sin necesidad de despedir precisamente a los “más caros”.
2.- La revalorización anual de las pensiones tampoco gusta a los negociadores. El ministro acepta indexarlas al IPC pero pretende introducir un mecanismo que absorba las subidas el año que el IPC sea negativo: en ese caso las prestaciones no se incrementarán y la diferencia se calculará con una media en los tres siguientes años que sí suban las pensiones. El acuerdo en este punto tampoco está cercano.
3.- Acercar la edad real de jubilación a la legal. El ministro propone para ello varias fórmulas, como endurecer la jubilación anticipada con coeficientes reductores y ampliar los incentivos económicos a quien se mantenga trabajando. Tampoco los agentes sociales están conformes con las propuestas del Gobierno en este punto.
El ministro puede que sepa lo que hay que reformar, pero no se decide a actuar, a pasar de las musas al teatro
LOS FONDOS EUROPEOS
Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo en tiempo y forma con las reformas comprometidas por escrito. Avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas pues, en definitiva, son las que van a gestionar la mayoría de los fondos europeos y por eso se van a firmar 17 convenios-marco (uno por cada comunidad autónoma) para poder controlar el cumplimiento de los compromisos “escritos” con cada una de ellas.
El artículo 19 del Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge que “en caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera“, pero “cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá” y, además, de forma inmediata: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro recurrirá.
Y concluye el mismo reglamento: “Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera”.
La Recomendación del Consejo sobre el programa de reformas de 2020 para España, de julio de 2020, recomienda que se tomen medidas “en 2020 y 2021 con el fin de:
- Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.
- Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las capacidades. Reforzar la protección por desempleo, en particular para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital”
El Reglamento no impone una condicionalidad consistente en modificar en un sentido o en otro el mecanismo de cálculo de la pensión de jubilación ni una preferencia por un determinado sistema de revalorización, pero se puede advertir la preocupación por la pobreza, el aumento de la desigualdad y la erosión de la cohesión social que se producirían si se endurecen los requisitos de acceso a aquella y la revalorización se aleja del coste real de la vida
Es en el semestre europeo donde estos asuntos están planteados porque la burocracia de Bruselas, con cierta y criticable inercia, puede interpretar que la revalorización de acuerdo con el índice de precios al consumo y no alargar el número de años para el cálculo de la base reguladora podría producir un déficit contrario a la Gobernanza económica. Pero eso no tiene mucha consistencia, no serían más que interpretaciones de los difusos términos con las que se expresan las recomendaciones no regladas.
Hay medios para evitar ese supuesto déficit como ya el propio ministro de Seguridad Social señaló en una comparecencia en el Congreso en la Comisión del Pacto de Toledo y, además, nada de ello está en dicho Pacto que se ocupó por el contrario de señalar que: “el compromiso de la Comisión con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional nos lleva a alertar, en línea con recomendaciones anteriores, sobre la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas del siglo XX. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales. Se reforzaría así la estructura financiera del sistema a través de la diversificación de las fuentes de ingresos del sistema, como un aspecto clave para garantizar su sostenibilidad económica y social”. Hay que tener en cuenta, además, que las reglas del déficit están suspendidas en 2021.
¡QUIEN AVISA NO ES TRAIDOR!
