España está sumida en una acalorada negociación sobre la implantación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en enero de 2025 sin afectación salarial para los trabajadores.
Al otro lado del Mediterráneo la discusión es muy diferente. En Grecia ha entrado en vigor una nueva ley que permite a las empresas organizar la jornada laboral de sus empleados en seis días laborables en lugar de los anteriores cinco, y extender su jornada a 48 horas semanales.
GRECIA
Un poco de historia: “los polvos”.
En las elecciones de enero de 2015, Syriza, la coalición de Izquierda Radical, se convirtió en la principal fuerza política del país heleno y su líder, Alexis Tsipras fue nombrado primer hasta julio de 2019.
Tras la no aceptación de las exigencias de los mandatos de la Comisión Europea, el BCE y el FMI para hacer frente al deterioro económico del país, en junio Tsipras ordenó el cierre temporal de las cuentas privadas en los bancos griegos, una medida llamada popularmente «corralito».
También en junio de 2015 Tsipras propuso un referéndum para que los griegos acepten o no las medidas exigidas y más del 60% de los votantes votaron en contra (promovido por Tsipras). Sin embargo en julio 2015, Tsipras y el Consejo de los Helenos aceptaron las nuevas medidas por obligación y Varoufakis, ministro de Finanzas, dimitió por ver inviable para él, después de sonoros encontronazos con sus “ocurrencias” disparatadas, seguir negociando con la Troika.
En agosto 2015, el Parlamento griego respaldó finalmente un nuevo rescate para el país, con medidas de austeridad aún más severas que las rechazadas en julio en el plebiscito. Tsipras reconoció su fracaso al frente de la crisis y anunció su dimisión el 20 de agosto de 2015 para celebrar unas elecciones anticipadas, el 20 de septiembre tras solo 8 meses de gobierno, el más breve en la historia de la Grecia moderna.
Se celebraron elecciones anticipadas y los resultados significaron una nueva victoria para Syriza, lo cual permitió a Tsipras asumir nuevamente el cargo y en este segundo mandato, se aprobó una fuerte reforma de las pensiones que supuso una rebaja de hasta un 30% de las nuevas jubilaciones y de las pagas suplementarias; además se implementó una subida de impuestos para intentar recaudar unos 3.600 millones, con un aumento del IVA al 24% y un gravamen sobre la gasolina, el tabaco, las bebidas alcohólicas y el café, así como un nuevo y polémico impuesto inmobiliario. Todas estas medidas provocaron una huelga general de más de 48 horas en el país heleno. Syriza fue derrotada en las elecciones parlamentarias de 2019, tras lo cual Tsipras pasó a ser líder de la oposición de un país que había destrozado económicamente.
Ahora: “los lodos”
“Volver a las condiciones laborales del siglo XIX es una vergüenza para el país”, han declarado con desfachatez desde Syriza, hoy el principal partido en la oposición en el país.
La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo conservador griego el pasado mes de septiembre 2023 se ha puesto en marcha y desde el pasado 1 de julio, ya hay trabajadores a quien se les ha impuesto una sexta jornada laboral con un recargo de un 40% sobre la base salarial diaria o del 115% si es domingo o festivo. Las personas trabajadoras no se pueden negar a hacer esta sexta jornada de trabajo. La medida busca mejorar la competitividad y suplir la falta de trabajadores cualificados.
De momento la ley se está empezando a introducir en el sector industrial en aquellas empresas de producción continuada, es decir que produzcan las 24 horas del día y en base a las necesidades de producción. La ley, que también está pensada para que en un futuro se pueda aplicar al ámbito de la restauración
La medida tiene por objeto reducir la economía sumergida y para reducir el número de horas extra no declaradas (ni cotizadas) de las empresas y así proteger a los empleados. La medida no va a contar con una fiscalización incrementando las inspecciones laborales, por lo que dependerá de la buena voluntad de los empresarios su cumplimiento.
Sin embargo, la ley no solo se aplicará al sector privado, sino que también afectará al sector público en corporaciones municipales y regionales, así como a empleados de empresas públicas. Eso hace que se desmonte el argumento reducir las horas extra.
Desde 1932 y hasta la aprobación de la ley, no estaba permitido tener un contrato a tiempo completo y uno a tiempo parcial, esta era una práctica habitual no regularizada, pero el nuevo marco de la normativa laboral abre la puerta a que, si un empleado tiene un contrato de ocho horas, pueda tener un segundo contrato de hasta cinco horas, aunque este no podrá superar los cinco días por semana. Es decir, un empleado puede trabajar hasta 13 horas al día de forma legal. De este modo, la norma busca dar salida legal a aquellos empleados que quieren complementar su salario con un segundo empleo, evitando la economía sumergida. Grecia tiene un salario mínimo de 830 euros y un coste de la vida similar al de España.
La semana laboral de seis días viene acompañada de otras leyes que aún no se han puesto en marcha pero que empezarán a implementarse próximamente. En el paquete de leyes también se flexibilizan los despidos –el trabajador puede ser despedido durante el primer año de contrato sin aviso previo y sin derecho a percibir una indemnización y se regulan los «empleos a demanda», lo que provocará que proliferen este tipo de contratos, también conocidos como «contratos de hora cero» y que chocan de lleno con la normativa europea.
ESPAÑA
Las continuas ocurrencias sin medida de Yolanda Díaz.
Entre las medidas laborales voraces adoptadas por Yolanda Días en sus más de 4 años como Ministra de Trabajo cabe destacar, si ser exhaustivos: subidas anuales estratosféricas del SMI, “prohibición” práctica de los contratos temporales, subidas de los impuestos al trabajo mediante nuevas cotizaciones (cotización de solidaridad y MEI), intento de imposición mediante Ley de la reducción de la jornada laboral, promover la participación de los sindicatos en la dirección de las empresas, incrementar la indemnización por despido,…, ¡hasta los sindicatos, sus principales aliados, se empiezan a hartar de sus ocurrencias electoralistas!
A ello se suma la vergonzante manipulación de los datos de desempleo con la figura de fijo discontinuo cuando en realidad, el número de horas trabajadas (y los sueldos asociados) no aumentan, simplemente el trabajo (y el salario) se “reparte” y aunque hay menos parados estadísticos, y es una buena noticia, el trabajo temporal –discontinuo o no, todo es terminología–, se impone y, además, cada vez peor pagado, son de hecho «subasalariados», algo así como una nueva clase social dependiente de todo tipo de ayudas.
Las pymes se manifiestan hartas del Gobierno
Cepyme representa a 56 organizaciones territoriales de ámbito provincial y autonómico, 3.000 organizaciones de base y 85 organizaciones de ámbito sectorial. Su presidente, Gerardo Cuerva, ha denunciado «la situación de ataque que están sufriendo los empresarios, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y porque es objetivamente mala para nuestro país». Ha reseñado que «no hay prácticamente ningún aspecto de la actividad empresarial que no esté intervenido o amenazado por el Gobierno de España» y que «quien gobierna contras las pequeñas y medianas empresas, quien gobierna contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso de España».
El líder de la patronal no ha ocultado que a tenor de los movimientos de estos años, el equipo gubernamental parece estar en la labor de «dinamitar el diálogo social, eludiéndolo, por un lado, y colonizándolo con interlocutores dóciles». El objetivo de todas estas actuaciones «es incrementar los costes salariales sin acuerdos,…, aplicar normativas cada vez más exigentes,…, o mantener la voracidad recaudatoria».
También ha añadido que la intención del Gobierno es intentar generar en la sociedad la imagen, volviendo décadas atrás, de un empresario contrapuesto a las políticas sociales y reclama el papel protagonista de las empresas en el crecimiento y el progreso de España, en la generación de innovación y por supuesto en la creación de empleo y en el sostenimiento del estado del bienestar.
Cepyme ha hecho hincapié en “que defendemos la dignidad y la libertad empresarial; que denunciamos la situación a la que se nos aboca desde el Gobierno a las pymes españolas; que señalamos aquellos ámbitos en los que se nos ataca reiteradamente: desde el diálogo social y la negociación colectiva, hasta la sobrerregulación o los intentos de control de la empresa, pasando por la intervención salarial, los costes sociales o la fiscalidad. Pedimos que esa actitud sea corregida».
Es de esperar que nuestros polvos no se conviertan en un futuro en nuestros lodos
